La impunidad en el ADN

Van sólo dos años, pero hasta ahora, nada refleja mejor la impunidad con que actúa el gobierno de Gabriel Boric que el caso de las pensiones de gracia. Califican como “desprolijidades” lo que en algunos casos llega a ser delito. O prefieren hablar de “descriterios políticos” en vez de asumir el millonario fraude de funcionarios oficialistas con las fundaciones y de “error” cuando seis ministros no registran sus reuniones en la casa de un lobista con empresarios.

Frente a las 419 pensiones de gracia hasta por 500 mil pesos que ha concedido Gabriel Boric a los que alegaron lesiones por acción policial después del 18 de octubre, la raíz es siempre la misma. La falta de transparencia y la impunidad para actuar fuera del libreto. En febrero pasado la oposición pidió publicar la lista de beneficiados. El Estado está obligado por Ley de Transparencia a publicar la nómina de personas a las que otorga beneficios y subsidios.

Salvo que se trate de “datos sensibles”, excepción a la que se acogió el Ejecutivo. Cómo no, porque ¿cómo no iban a constituir datos sensibles que le financiemos pensiones de por vida a personas que fueron condenados por su participación delictiva en hechos del 18 de octubre, los mismos que los hicieron acreedores de la gracia del Estado? Ellos, con pensiones vitalicias por tirar bombas molotov a carabineros, quemar sus casetas o patearlos en el suelo. En contraste, los carabineros fueron formalizados por apremios ilegítimos. Una señal nada buena en medio de la crisis de seguridad en que estamos sumergidos.

Para peor, algunos beneficiados no tuvieron lesiones o fueron leves (“erosión en el dorso de las manos”). O bien, no sufrieron nada que les menoscabara su capacidad laboral y además muchos (69 de los 140 que analizó Contraloría) tenían condenas anteriores, hasta 10 en varios casos, que incluían delitos tan graves como homicidio o producción de material pornográfico, además de robo con violencia.

Pero nada de esto lo conocimos porque le bajara un ataque de sinceridad al gobierno, sino que porque Ex Ante empezó a publicar a partir de septiembre los prófugos de la justicia y los condenados que los chilenos financiamos con una mesada mensual. Desde La Moneda empezó entonces el goteo habitual de información, donde las cifras de los pensionados y los condenados, los con y sin daño para trabajar, cambia según la ocasión. Y también la reacción: que no se pueden revocar los beneficios administrativamente, que sí se puede, que lo harán en el caso de los delitos graves solamente, que el Presidente ordenó antes de irse a vacaciones, según aseveró su ministra Tohá, quitarle la pensión a un agraciado “con antecedentes de pornografía infantil”.

Pero la última fue sólo una reacción poco sincera de la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando se sintió pillada por la revelación del lapidario informe de Contraloría esta semana sobre la falta de responsabilidad, control, eficacia y eficiencia con que se concedieron las pensiones de gracia. El Ejecutivo no buscó acreditar nada, salvo la calidad de víctima que la justificó el INDH, que ya conocemos cómo opera. 

La Moneda tenía en su poder el informe acusatorio de Contraloría desde el 13 de diciembre, pero sólo esta semana atinó a decir algo (que el procedimiento estuvo mal regulado y fue un error entregar pensiones a personas con prontuario y sin daño permanente), pero echándole la culpa por ello al INDH, al Congreso, que legisló el procedimiento en dos Presupuestos anuales y, para variar…. ¡al gobierno anterior! 

La ley 18.056 que establece normas generales para otorgar este derecho vitalicio señala una serie de exigencias para acreditar los “servicios distinguidos”, los “actos meritorios” en “beneficio importante del país” o las catástrofes o accidentes que justifican concederlo. Y señala que el Presidente, que es quien tiene la facultad, puede saltarse las exigencias previstas en la ley “en casos calificados y por decreto supremo fundado”.

Boric dictó los decretos, pero está claro, no fueron fundados y por eso ocultaban los beneficiados.

Pero la impunidad es total. El Instituto Nacional de Derechos Humanos eximió su responsabilidad acusando que sólo le correspondió acreditar la calidad de víctima de las personas, escudándose en que los 419 beneficios se entregaron por la glosa 12 del Presupuesto 2022 que deja la decisión exclusivamente en manos de Interior.

La ministra Tohá y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, buscaron diluir cualquier atisbo de responsabilidad: que nunca antes se habían exigido antecedentes penales ni diagnósticos médicos para otorgar las 18 mil pensiones de gracia que existen, lo cual habrá que revisar para atrás también.

Tohá aseguró que dejarán sin pensión a 17 de los 69 con antecedentes penales, de los cuales 13 (“algunos de ellos muy graves”) fueron concedidas por Piñera, donde al menos sí se reglamentó la exigencia de antecedentes médicos que esta administración no tuvo a la vista en 19 casos.

En la Comisión de Pensiones de Gracia, que recomienda sobre la pertinencia del beneficio al Mandatario, participan representantes de cuatro ministerios y uno del fenecido gabinete de la ex Primera Dama. Todos nombrados por el Presidente, pero nadie se dio cuenta de nada tampoco. Las pensiones pasaron como por un tubo y ni siquiera dejaron en actas qué agravamiento de lesiones originó que las subieran, como consignó Contraloría.  Tal parece no tenían que justificarlo porque fue Boric quien anunció en su primera cuenta pública (del 1º junio de 2022) que alzaría el monto del regalo.

Pasamos de los indultados con prontuario a los pensionados de gracia que no tienen otro mérito que ser parte del octubrismo que comprometió al actual Gobierno. Pero poco importa cualquier argumento. Una vez más se consagran actitudes incoherentes e incomprensibles de La Moneda, una opacidad censurable y el ocultamiento deliberado de información. Como siempre antes, seguirá campeando la impunidad. Parece estar en el ADN de esta administración.