Desde las últimas semanas y con tímidas apariciones en los medios, se han ido filtrando algunas de las recomendaciones que la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema de Pensiones ha ido trabajando por más de 16 meses. Frente a esto, las expectativas crecen respecto a cuál será el destino que tendrá esta reforma sobre todo si tenemos en consideración que las conclusiones llevan meses de retraso y que aún no tenemos una fecha definitoria para que éstas se presenten.
Que el sistema requiere una reforma es un hecho que genera consenso en el mundo político. Para nadie es ajeno que la desconfianza que se ha ido generando sobre la legitimidad y eficacia de este sistema, llevan a la necesidad de avanzar hacia un sistema de pensiones inclusivo, solidario y sustentable.
Las reformas que el sistema de AFP necesita, deben apuntar a devolver la legitimidad a un sistema que hoy, por diversas razones –muchas de ellas que ni siquiera tienen que ver con la eficacia del diseño- no la tiene. Para eso, se debería centrar en dar respuestas específicas a aquellos grupos que por diversas razones hoy necesitan un trato especial, como es el caso de jóvenes, mujeres, y personas próximas a jubilarse que no cuenten con los mínimos suficientes para mantenerse durante la vejez.
Sin dudas el modo de hacer frente a estos cambios generará más de un encontrón. En esta discusión se ven envueltas profundas visiones respecto a los criterios que deberían reinar y también sobre cuáles son los mecanismos más idóneos para lograr plasmarlos. Además del hecho de que hay mucho dinero involucrado, lo que genera más de un interés.
Así, enfrentar este desafío requiere del consenso de los expertos, por lo mismo se felicita el profesional trabajo de los miembros de la Comisión Bravo y de todos los académicos, investigadores y miembros de la sociedad civil que participaron presentando sus propuestas. Sin duda, tomar este desafío con responsabilidad es la única manera de avanzar en una reforma sustentable que, si se administra de mala forma, puede terminar tirando todo por la borda en el camino de la búsqueda de la bala de plata que solucione “todos los problemas” (provenientes del mundo laboral, de los empresarios que no pagan las cotizaciones, de discriminaciones injustas contra la mujer, de problemas de mala educación y baja productividad, entre otros).
Hoy, los desafíos más urgentes están en entregar respuestas diferenciadas para grupos diversos. Respuestas que logren combinar una red de protección social potente –hoy nuestro país tiene un amplio margen para mejorar las pensiones solidarias que se entregan por el Pilar Solidario, producto del ahorro que el sistema de capitalización individual le reporta al país- con reformas al sistema que permitan hacer frente a los desafíos que los cambios en la expectativa de vida nos plantean a todos de cara una jubilación digna.
Frente a las recomendaciones de la Comisión Bravo, el gobierno deberá presentar un proyecto de reforma y esto presenta ciertas dudas, sobre todo cuando está en conversaciones una nueva ley de presupuestos, que por condiciones de la economía, no podrá aumentar tanto como algunos defensores “del programa” querrían. Se espera que contando con el “espaldarazo experto” se pueda avanzar hacia soluciones técnicas, factibles y sustentables, que logren erradicar las desconfianzas que se han ido creando contra el sistema, dejando fuera propuestas panfletarias y de corte populista que prometen soluciones atractivas para hoy, pero que no generan los mínimos de sustentabilidad. Un verdadero sistema solidario es el que logra la corresponsabilidad para la sustentabilidad. Nada sacamos con proponer soluciones que hoy son muy atractivas pero que al mismo tiempo son poco solidarias con las generaciones futuras.
Pero no todo el trabajo debe hacerse desde el gobierno. Las actuales administradoras de fondos de pensiones, a través de su Asociación Gremial, deberían tomar un liderazgo colaborativo para hacer y disponer que las recomendaciones que deriven del trabajo de esta comisión puedan materializarse. Un sistema sin legitimización social de quienes lo administran está condenado a sucumbir, aún cuando logre resultados óptimos.
Desde el trabajo que hacemos desde IdeaPaís, nos parece que llegó la hora de que el gobierno recoja el desafío de plantear un nuevo sistema de pensiones, iluminado por los criterios de la justicia y la solidaridad. Las condiciones de contar con el apoyo de una comisión de expertos, que por más de 16 meses discutió y reflexionó sobre cómo mejorar, generan las circunstancias ideales para presentar una propuesta con sentido de realidad que logre cambiar la mala trayectoria que ha tenido este gobierno en la gestión de los proyectos de ley. Esperamos que definitivamente se tome iniciativa en este asunto, aunque esto signifique ciertas renuncias dolorosas para la Nueva Mayoría, porque por más que los ancianos no generen presiones ciudadanas, está en juego la dignidad de su vejez.
Cristóbal Ruiz-Tagle, Director de Estudios de IdeaPaís.
FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO