En 1796, el médico alemán Samuel Hahnemann propuso que las enfermedades podrían tratarse con sustancias que, en personas sanas, provocan síntomas similares a los de la enfermedad que se busca tratar, principio conocido como similia similibus curantur, “lo semejante cura lo semejante”. Luego sostuvo que mientras más diluida estuviera la sustancia activa, mayor sería su efecto terapéutico. Esta idea, profundamente contraintuitiva, constituye el núcleo de la homeopatía. Las diluciones utilizadas pueden ser tan extremas que, en la práctica, el producto final no contiene ni una sola molécula del principio activo inicial. Para explicar su supuesto efecto, se apeló a la llamada “memoria del agua”: la idea de que el solvente conservaría una huella de las sustancias con las que estuvo en contacto. Esta hipótesis carece de respaldo empírico y de plausibilidad biológica. En términos simples, lo que se vende es agua o gránulos de lactosa sin un principio activo.
El punto decisivo, sin embargo, no es teórico sino clínico. En abril de 2026, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), uno de los organismos regulatorios más rigurosos de Europa, publicó un informe que revisó 64 revisiones sistemáticas realizadas desde 2009, abarcando miles de pacientes y decenas de patologías. La conclusión es categórica: no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía como instrumento terapéutico; a lo sumo, su efecto es comparable al de un placebo. Esto no es trivial. El placebo puede generar una percepción subjetiva de mejoría, en enfermedades leves o autolimitadas, pero cuando se trata de patologías que requieren tratamiento efectivo, reemplazar evidencia por creencia puede tener consecuencias graves.
La evaluación de la AEMPS no es nueva ni aislada. El Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento británico llegó a conclusiones similares en 2010; el Consejo Nacional de Investigación Médica de Australia, en 2015; y la Alta Autoridad de Salud de Francia, en 2019. Este último país eliminó completamente el reembolso público de productos homeopáticos en 2021. Alemania avanza hoy en la misma dirección.
En Chile es el Instituto de Salud Pública (ISP) quien regula estos productos y su fabricación en recetarios de farmacias, bajo una Guía para Preparados Farmacéuticos Homeopáticos, preocupándose de la seguridad del proceso, pero no de la eficacia del producto. Para el ciudadano común, la palabra “preparado farmacéutico” implica respaldo científico. En este caso, esa asociación resulta engañosa: no existe advertencia obligatoria que informe que la eficacia de estos productos no ha sido demostrada científicamente ni que su efecto es equiparable al de un placebo. Refuerza esta confusión el que el Ministerio de Salud incluya a la homeopatía bajo el concepto de “medicina complementaria”. En las farmacias, estos productos se presentan de forma indistinguible de un medicamento convencional: nombre, envase, dosis e indicaciones. La diferencia es que en su interior no hay un fármaco efectivo.
El problema no es que una persona decida libremente usar homeopatía. El problema surge cuando esa decisión se toma bajo una premisa falsa: creer que se está ingeriendo un medicamento eficaz. Aquí aparece una pregunta incómoda sobre el rol del Estado. En una sociedad liberal, la autonomía incluye gastar el dinero propio en lo que se estime conveniente. Pero la situación se vuelve éticamente grave cuando una regulación ambigua contribuye a que alguien abandone o retrase tratamientos con eficacia demostrada —antihipertensivos, antiepilépticos o quimioterapia— convencido de estar protegido por un preparado homeopático. El propio informe de la AEMPS advierte que el principal riesgo de la homeopatía no es su toxicidad directa, sino el abandono de terapias efectivas.
La regulación chilena requiere una actualización urgente. Clasificar la homeopatía como medicamento sin exigir advertencias claras sobre la ausencia de evidencia científica constituye, en el mejor de los casos, una omisión irresponsable. La publicidad de estos productos debería someterse a las mismas exigencias que cualquier afirmación en salud: quien declara que su producto trata o previene una enfermedad debe demostrarlo. Y si no puede hacerlo, debe decirlo explícitamente.
Dos siglos de historia no constituyen evidencia. El agua no tiene memoria. Entre un medicamento y un placebo existe una diferencia ética fundamental: la verdad que se le comunica al paciente. En ese punto, el Estado chileno mantiene hoy una deuda pendiente con los consumidores y con la salud pública.
