Cuando la ministra Camila Vallejo sostiene: “entregaremos un país más estable, con una mejor situación económica y social que la recibida”, no solo formula una evaluación muy benevolente de la gestión de su gobierno, sino que intenta instalar un relato que desfigura los hechos que han marcado los últimos años. La misma coalición que hoy se atribuye el mérito de haber restablecido la estabilidad fue, hasta hace poco, uno de los principales agentes de su erosión sistemática.
No se trata de una disputa semántica ni periférica. En una democracia la estabilidad no es una consigna disponible para la retórica gubernamental, sino el resultado de una conducta persistente, coherente y responsable frente a las instituciones y al Estado de Derecho, sobre todo cuando estos imponen límites a la propia agenda política. La trayectoria reciente del oficialismo, sin embargo, da cuenta de lo contrario.
Cuando ejercían la oposición, muchos de quienes hoy gobiernan respaldaron —de manera explícita o tácita— la violencia asociada al llamado “estallido social” y promovieron una avalancha de acusaciones constitucionales contra el Presidente Piñera y sus ministros. En los hechos, contribuyeron deliberadamente a socavar el mismo entramado institucional que ahora invocan como soporte de una estabilidad que se adjudican como logro. Recordemos que, en el marco de la campaña presidencial de 2021, Sebastián Depolo, a la sazón secretario general de Revolución Democrática, tuvo el descaro de afirmar: “vamos a meterle inestabilidad al país”.
El súbito giro discursivo hacia la estabilidad que hoy enorgullece a la ministra vocera no obedece a un convencimiento profundo, sino a una derrota electoral de proporciones históricas: el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, en el que la ciudadanía rechazó de forma categórica el proyecto constitucional emanado de la Convención y promovido con entusiasmo por el gobierno. Tanto fue así que el propio Ejecutivo había condicionado la viabilidad de su programa a la aprobación de ese texto, que condensaba el ideario refundacional del oficialismo. Su fracaso forzó una moderación retórica, pero no vino acompañado de una autocrítica real. Más que una convicción genuina, la estabilidad aparece como una hija indeseada de ese choque con la realidad.
Los hechos, además, desmienten el relato de mejora. Los indultos otorgados a condenados por delitos asociados al estallido, la ambigüedad frente a la violencia política y el respaldo inicial a las tesis que relativizaban el orden público no fortalecen la estabilidad, sino que debilitan la autoridad del Estado. A ello se suman episodios de activismo desde el aparato público —como el caso “Wallmapu” o las declaraciones de la exembajadora en Nueva Zelanda— que tensionaron la cohesión interna y deterioraron la relación con otros países.
Esa misma lógica se refleja incluso en la forma en que el gobierno enumera sus supuestos logros. Resulta llamativo que el logro número 307 de los mil que se arroga, sea la aprobación de la Ley Naín Retamal —que refuerza el respaldo a las policías—, para que al día siguiente Boric, a propósito de un fallo judicial que no compartió, desconociera la paternidad de esa misma norma. Tan peculiar como que el logro 31 que reclaman consista en el único nacimiento ocurrido en Futaleufú en los últimos años.
En materia de seguridad, el avance sostenido del crimen organizado —con reconocimiento oficial de haber subestimado su magnitud— y la profunda corrupción en Gendarmería, también presente en Carabineros y la PDI, forman parte de un legado perturbador que esta administración traspasará al próximo gobierno. Resulta difícil sostener que Chile hoy es más estable cuando la principal preocupación ciudadana se ha intensificado de manera tan ostensible.
En el plano económico, la reducción de la inflación responde en lo medular al ajuste del Banco Central y no a la acción gubernamental. En paralelo, el crecimiento ha sido persistentemente anémico, la inversión continúa deprimida por la incertidumbre regulatoria y señales hostiles hacia el sector privado, y el desempleo se mantiene elevado, en particular entre mujeres y jóvenes. Hablar, en este contexto, de una “mejor situación económica y social” sin avances sustantivos en crecimiento e inversión resulta pueril.
Las listas de espera en salud superan las existentes al inicio del mandato y los casos de privilegios —como la cirugía exprés de la madre de la ministra del ramo— dañan la confianza en el sistema. La educación pública, por su parte, no exhibe mejoras estructurales ni en calidad ni en aprendizajes, y menos aún en convivencia escolar. Todo ello se ve agravado por una extendida crisis de probidad, con escándalos que atraviesan distintos poderes y niveles del Estado. Nada de esto permite sostener que la situación social haya mejorado.
Así las cosas, la categórica afirmación de la vocera resulta tramposa, pues no compara el país que entregará su gobierno con un contrafactual razonable, sino con el peor momento del estallido y de la pandemia. Omite, además, que una parte significativa de los problemas que hoy se intenta contener fueron promovidos, justificados o amplificados por los mismos sectores que hoy reclaman haber devuelto la estabilidad a Chile.
A lo sumo, podrá decirse que entregarán un país menos desbordado que en el clímax del caos, pero bastante más inseguro, más desconfiado, más estancado y con instituciones más debilitadas. Confundir la mera contención del deterioro con una mejora efectiva no es solo un error de diagnóstico, sino una forma deliberada de reescribir la historia reciente para eludir sus propias responsabilidades.
