Incertidumbre, individualismo y desconfianza están redefiniendo el ánimo chileno. La pregunta de fondo es si una democracia puede sobrevivir sin solidaridad.
Hay una fórmula silenciosa que explica buena parte del estado de ánimo chileno de estos días: incertidumbre, más individualismo, más desconfianza, igual miedo. De esa intuición emerge una pregunta incómoda: ¿puede una sociedad democrática ser, todavía, una sociedad libre? Benjamín Constant distinguió hace dos siglos entre la libertad de los antiguos —participar del gobierno de la ciudad— y la libertad de los modernos —disponer de la vida privada sin interferencia—, y dio por descontado que ambas se sostenían mutuamente. Hoy esa confianza se ha roto. Tenemos instituciones democráticas que funcionan con creciente desgaste y ciudadanos que no se sienten más libres, sino más solos, más expuestos y más temerosos del que tienen al lado.
La incertidumbre va primero, y en Chile ya no es una categoría filosófica. No es el «solo sé que nada sé» de Sócrates, que hacía de la duda un método de conocimiento, ni la invitación de Epicuro a dejar de temer a la muerte porque «mientras existimos, ella no está presente». La incertidumbre chilena de 2026 es concreta y tiene varios rostros. Uno es la guerra en Medio Oriente, que recuerda la fragilidad del orden internacional y presiona —vía precio del petróleo, vía migración, vía desorden global— la economía de un país que llega a este trance con una situación fiscal comprometida, muy poco aire para sorpresas y la obligación del nuevo gobierno de revisar los objetivos iniciales debido a factores exógenos que no controla. Otro, más íntimo y más pesado, es el temor a que los episodios recientes del pasado vuelvan: el fantasma del octubrismo, la sospecha de que basta una chispa para que ardan otra vez los barrios. Y el más brutal, el que se ha instalado estas últimas semanas con nombre y apellido: el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes en un colegio de Calama a manos de un alumno de 18 años, y la agresión, retención por más de dos horas e insultos a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral hace apenas dos días. Cada nombre propio es un argumento. Pensar en el futuro se ha vuelto, para muchos chilenos, una quimera. ¿Qué peaje pagará una sociedad que le enseña a sus hijos que el mañana es un obstáculo y no una promesa, y cuyos jóvenes han dejado de respetar la autoridad —como lo mostraron con crudeza el estallido y los últimos episodios, cuando se destrozaron bienes que pertenecían a todos los chilenos—? Chile no puede permitirse otro fracaso: la ciudadanía espera respuestas que no terminan de llegar.
El individualismo viene después, y conviene matizarlo. El individualismo bien entendido —el que reconoce la dignidad única de cada persona— es una conquista moral irrenunciable. El problema es su versión distorsionada: la que confunde la libertad con la ausencia de vínculos y, sobre todo, la que se ha apoderado del comportamiento de buena parte de nuestra clase política. Son muchos los que buscan la tribuna antes que la solución, los que prefieren el titular antes que el acuerdo, los que hablan más fuerte para ser vistos más que para resolver. Lo vimos en octubre de 2019, cuando la fractura social se leyó como rabia pura y era, también, miedo: del que saqueaba y del que se atrincheraba en su departamento; del que quería que el orden volviera y del que temía que volviera demasiado. Lo vimos después con particular nitidez en un grupo importante de los convencionales del primer proceso constitucional, embriagados por una superioridad moral que los llevó a sentirse dueños de un poder que el Rechazo, con contundencia, les demostró prestado. Y lo seguimos viendo hoy en una clase política que, transversalmente, parece incapaz de escuchar los dolores de la gente y de priorizar en tiempos difíciles.
El gobierno de José Antonio Kast llegó a La Moneda por una promesa muy precisa —devolver la seguridad a las calles— y esa promesa, en las primeras semanas, aún no se ve con la fuerza declarativa que la ciudadanía esperaba. La guerra alteró la situación. Gobernar en estas condiciones no es fácil; pero es, precisamente, la prueba para la que este gobierno fue elegido. Hace falta mostrar, y mostrar pronto, que el Plan Implacable existe más allá del eslogan. Saber comunicar, informar y cumplir con lo prometido es lo único que devuelve cualquier atisbo de capital político perdido.
La desconfianza es la consecuencia casi inevitable. ¿Por qué habría de confiar la gente, si ha sido defraudada una vez y otra vez? Recibe hace años ofertones de campaña que luego no se cumplen, escucha compromisos solemnes que se diluyen en la gestión diaria y ve a las instituciones funcionar por inercia. El segundo proceso constituyente fallido —el del Consejo Constitucional— fue otro fracaso mas. Lo más grave no fue su resultado en las urnas, sino lo que obligó a hacer a la ciudadanía: los chilenos tuvieron que volver a pronunciarse para enmendar, por segunda vez, lo que la clase política había sido incapaz de resolver entre cuatro paredes. Confirmó así una intuición devastadora: habíamos perdido la capacidad de dialogar, de escuchar al otro y de cerrar acuerdos razonables en torno a lo esencial. Un ensayo reciente, La sociedad de la desconfianza, lo ha formulado con precisión: la raíz del descontento occidental está en una concepción distorsionada de la libertad y en el abandono de la lucha por la igualdad. Falta la palabra que históricamente hizo de puente entre ambas: la solidaridad. Sin ella, las otras dos terminan canibalizándose.
Frente a este cuadro, ningún atajo sirve. Chile necesita un Estado eficaz, uno que administre con seriedad los impuestos y la riqueza que los chilenos ponen en sus manos, y que garantice un piso mínimo —salud, educación, seguridad, vivienda digna— sin el cual la libertad de elegir es una ficción. Sin ese piso, no hay democracia que se sostenga.
El desafío, en definitiva, se reduce a una palabra: confianza. Recuperarla exige dejar atrás el individualismo político —ese que prefiere el titular al acuerdo y la tribuna a la solución— y devolverles a las personas la mayor certeza posible, sabiendo que la certeza absoluta no existe ni existirá jamás. Hannah Arendt lo pensó con hondura en La condición humana: frente a la imprevisibilidad esencial del mundo, la facultad humana de prometer y cumplir crea «islas de seguridad» en un océano de incertidumbre, sin las cuales la vida política sería simplemente imposible. Esa es, precisamente, la tarea del momento chileno: construir esas islas cumpliendo promesas sobrias, con instituciones que respondan, con una clase política dispuesta a renunciar al lucimiento personal y con ciudadanos que vuelvan a mirarse como conciudadanos y no como competidores. Chile tiene deudas pendientes con las personas. Pagarlas no es populismo: es la única manera de desactivar la ecuación del miedo antes de que se convierta, definitivamente, en el sistema operativo de nuestra democracia.
