El enojoso caso del gas a precio justo (¿por qué no entonces “pan a precio justo”?) es como la punta de un iceberg, que muestra una pequeña porción del problema que se oculta en su mayor parte bajo la superficie. Y el problema central de la economía, que apenas ocupa espacio de la agenda política, no es el alza inflacionaria de los precios de productos de primera necesidad -la inflación vuelve poco a poco a tasas de un dígito-, sino que la creación de riqueza en el país, que se ha vuelto crónicamente insuficiente ya por demasiado tiempo, y que de seguir así no será capaz de generar los recursos y empleos necesarios en el futuro para dotar de mayores niveles de bienestar a los chilenos.
El crecimiento de la economía no tiene ahora mismo, ni se avizora que la vaya a tener en lo próximo, la velocidad suficiente como para emprender el vuelo que nos podría llevar al desarrollo más temprano que tarde.
“Metas de crecimiento no tenemos, porque todo está muy incierto, tampoco podemos llegar y crecer en cualquier cosa o a cualquier costo” afirmaba la economista Claudia Sanhueza (ahora subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales) en plena campaña presidencial, cuando lideraba el equipo económico del que pronto sería el candidato elegido por la ciudadanía para gobernar el país. A su turno, Nicolás Grau, ahora ministro de Economía, declaraba entonces, con sorprendente sinceridad, que “una parte de nuestro programa en el corto plazo no es pro crecimiento, es evidente; cuando uno redistribuye, en el corto plazo eso genera menos crecimiento”.
El candidato presidencial fue más positivo en esta materia. De cara a la segunda vuelta, consultado en una entrevista con Tomás Mosciatti respecto del crecimiento económico en el gobierno que aspiraba a conducir, no sin algún titubeo, Gabriel Boric aventuró una cifra: 3,5%. Ni tanto como para juzgarla inalcanzable, ni tan poco como para decepcionar a la audiencia que lo escuchaba. En cualquier caso, se trataba de una aspiración ambiciosa considerando que ya entonces el PIB tendencial se había encogido al nivel del 2%, uno de sus más bajos en décadas.
Pero es seguro que lo de Boric no fue más que una respuesta para salir del paso. El programa de su gobierno no contenía ni cercanamente una agenda pro crecimiento compatible con una cifra tan exigente para una economía que después del estallido social había dejado de entusiasmar a los “espíritus animales”. Peor todavía, a los meses de asumido el joven gobernante la propuesta refundacional de la Convención Constitucional, auspiciada sin reservas por el Gobierno, iba a espantar incluso a los inversionistas más valientes, provocando la salida de capitales más abultada que haya conocido el país en su historia reciente. La impensada aprobación del TPP 11, que terminó siendo ratificado el año pasado en el Parlamento, fue apenas un destello de luz en la penumbra por la que avanzaba raudamente la economía a finales del año pasado.
Por cierto, la estruendosa derrota de Apruebo volvió las cosas a su lugar -increíblemente sigue rigiendo la malhadada Constitución “de los cuatro generales”- mientras se emprende un segundo intento de darnos una nueva Carta Magna, esta vez con mejores perspectivas de triunfar en las urnas.
Entretanto en el ámbito económico se han estado aprobando sin pausa no pocas iniciativas legislativas, casi ninguna con el propósito de reactivar la inversión y el crecimiento. La aspiración de crecer un 3,5% es todavía una quimera. Incluso podría ser que no ocurra en ninguno de los cuatro años de la actual administración (aunque el último tenga las mejores posibilidades, impulsado por las expectativas que podría generar el regreso casi seguro de la derecha a La Moneda).
En la última Enade, ante una pléyade de empresarios y directores de empresas, el Presidente Boric le dedicó apenas unas breves palabras al tema, reafirmando la importancia del crecimiento económico y poco más. En la tarde de ese mismo día anunciaría la estrategia para la explotación del litio que cayó como un balde de agua fría en los mercados y en los medios que se ocupan de Chile. Era la oportunidad, como pocas de las dispone el Gobierno, para entregar una señal inequívoca de compromiso con el crecimiento de la economía en los próximos diez años. El gobierno la desaprovechó sin cuestionárselo siquiera.
Quizá la deuda más importante de la generación de la nueva izquierda que se hizo del poder en 2021 será la creación de riqueza, para la que no tuvo -ni tiene- una propuesta política. Su confusión entre la superación del neoliberalismo (nunca del todo bien entendida) y la necesaria modernización capitalista, le ha impedido elaborar un conjunto de iniciativas destinadas a sentar las bases de un impulso sostenido al crecimiento económico post pandemia. Es una deuda que resiente las posibilidades de progreso de los chilenos, sobre todo de los más desposeídos -pero también de los grupos medios-, y que de seguro le cobrará un alto precio político a una generación de políticos que apostaron irreflexivamente por la refundación del país y por una insostenible economía de “precios justos” sin crecimiento.
