Chile vive un momento particularmente grave de su vida republicana. Desde un tiempo a esta parte el pesimismo se entroniza, existe la sensación de haber perdido importantes lugares en el camino del desarrollo, el país se ha equivocado de ruta y parece existir la convicción de que las cosas van por mal camino. Dos cosas nos pueden dar luces al respecto.
La primera es la revolución de octubre de 2019, que inició un proceso que, en su momento, contó con gran adhesión a pesar de la violencia utilizada, generó expectativas desmedidas y supuso que una nueva constitución permitiría superar numerosos males y hacer un mejor país. Tras unos tres años y un proceso constituyente inédito en la historia nacional, la revolución constituyente fue rechazada popularmente en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. El segundo proceso –curioso, difícil de explicar– tuvo otra lógica pero similar resultado. Cinco años después Chile está peor socialmente, la ilusión constituyente chocó con la realidad y ha habido un saldo económico y social tremendo, provocado en buena medida por el estallido. En otras áreas el diagnóstico se confirma. La educación no repunta, e incluso hay mayor deserción escolar y malos resultados en la enseñanza gratuita; las familias viviendo en campamentos se han multiplicado; las oportunidades laborales han disminuido y diversos datos muestran que la delincuencia está desatada, al punto que la sociedad ha ido normalizando tener más de 100 asesinatos al mes, que se suman a otros tantos índices negativos. Pero eso no es todo.
Un segundo problema importante es la descomposición institucional de Chile. Es verdad que octubre ha sido un mes especial, que estaba destinado a ser un momento de celebraciones democráticas en las elecciones múltiples de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Sin duda, se trata de una excelente oportunidad para que los chilenos se manifiesten, definan quién quiere que lidere la comuna o región, otorgar su confianza a un partido u otro (y ciertamente a muchos independientes), al gobierno o a la oposición. Pero las cosas han ido por otro lado, y octubre ha sido un mes que ha puesto nuevamente el problema institucional en primera página, mientras las elecciones transcurren en medio del hastío o indiferencia de la población.
En menos de dos semanas se han producido acusaciones constitucionales, contra la ministra del Interior (la que fue rechazada) y tres miembros de la Corte Suprema (dos aprobadas y una rechazada). Esto implicó una crítica del Presidente de la República al Congreso Nacional que ejerció sus atribuciones, pero de una forma que no gustaba al gobernante. Adicionalmente, la Corte Suprema castigó por unanimidad a una de sus ministras. Para terminar una quincena impresionante, el subsecretario del Interior ha abandonado su cargo, después de ser acusado de violación, con explicaciones incluso del Presidente de la República –en una larga y confusa conferencia de prensa– que dejan más dudas que certezas y con un tema que seguramente seguirá en la discusión pública durante algún tiempo.
Por cierto, no es lo único. En otros ámbitos la situación no es mejor. Uno de los casos emblemáticos de la descomposición institucional es el problema de la permisología. La cuestión no está sencillamente en la promoción de la inversión y su importancia para la creación de empleos, sino en la ausencia de cumplimiento de los propios plazos y normas y la incapacidad de superar la burocracia. Sabemos que la permisología está enquistada en Chile: los trámites sujetos a evaluación ambiental superan los plazos legales en ocho de cada diez permisos, en todas las regiones del país (según el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SIES). En ocasiones, como ha dicho Álvaro Merino (Director Ejecutivo del Núcleo Minero), “la opinión del nivel central difiere respecto de la región frente a un mismo tema”, lo cual lleva las cosas “a fojas cero” (ver El Mercurio, Cuerpo B, Economía y Negocios, sábado 19 de octubre de 2024).
Y si ya se han cumplido los plazos, ¿cuál es la sanción? ¿cómo se protege a las personas, la inversión y la creación de riqueza? En otras palabras, el Estado ha crecido de una manera gigantesca en las últimas décadas, ha puesto más trabas al progreso, pero no hay responsabilidades ni consecuencias. Se trata, simplemente, de una noticia, que no tiene efectos prácticos, como la autorización inmediata, la pérdida del cargo de quienes lideran las instituciones respectivas o alguna decisión que permita cambiar el curso de las cosas. Si a esto agregamos la clara ineficacia de los servicios públicos estatales en la prestación de bienes fundamentales para la población, como muestran las largas filas de espera en salud, podemos constatar un serio problema de dirección de la administración del Estado. Esto por supuesto, genera un malestar, pues el Estado parece más preocupado de los burócratas y no de todas las personas de la comunidad nacional.
No es primera vez en la historia que Chile sufre situaciones análogas. Algo de esto se pudo observar a comienzos del siglo XX, cuando Enrique Mac Iver denunció “la crisis moral de la República”, se instaló la crítica social y nacionalista del Centenario y el sistema político se arrastró como sonámbulo hacia su propia destrucción. Sin duda exagera Vicente Huidobro en su Balance Patriótico (1925) cuando afirma que “la Justicia de Chile haría reír, si no hiciera llorar”; cuando denuncia a los políticos chilenos por su inercia, poltronería o mediocridad; también por su acusación al gobierno comunal, donde “a veces poco ha faltado para que un municipal en la noche se llevara la puerta de la Municipalidad”. A juicio del poeta, el problema no era de las instituciones, sino que faltaba “el hombre”, “el alma”, que pusiera en marcha las energías del pueblo, ya suficientemente sufrido.
Por cierto, la historia es distinta, pero la rima es la misma. Es necesario tener un diagnóstico claro, aunque ya existan muchos análisis y estudios. Es preciso hacer las reformas institucionales de manera urgente, pero inteligente y con un estudio adecuado. Urge comprender que los procesos de descomposición institucional son lentos, pero llega el momento en que son visibles a la distancia, incluso desde fuera del país. Lo que podría ocurrir es entrar en una vorágine de acusaciones cruzadas, pero eso seguramente terminaría por mantener la indiferencia, indolencia y pasividad frente a la situación de Chile.
El país requiere un camino claro, liderazgos sólidos y con carácter, algunas reformas y voluntad de victoria. Se necesita también observar la realidad con los ojos muy abiertos y con la certeza de que las excusas llevan a un mal camino. Una de las complejidades frente a esta realidad es que resulta muy difícil hacer cambios relevantes con los mismos actores. Además, existen demasiados intereses comprometidos y una notoria comodidad en los cargos, privilegios y costumbres. Todo ello hace más difícil, pero no imposible, dar vuelta el partido y superar esta hora de confusiones.
Quizá exageró Huidobro, es verdad, pero vale la pena reproducir una de sus reflexiones: “Decir la verdad significa amar a su pueblo y creer que puede levantársele y yo adoro a Chile, amo a mi patria desesperadamente, como se ama a una madre que agoniza”. Así es, quizá exagera, pero es necesario tener en cuenta que sin amor no hay cambio, sin pasión no hay futuro, sin trabajo no hay grandeza. Por lo mismo, sin convicciones quizá resulte mejor bajar la cortina y esperar la triste hora de una nueva derrota. Pero eso no puede ser, en realidad no debe ser. La demora en las soluciones solo ilustra lo señalado al comienzo: Chile vive un momento particularmente grave de su vida republicana.
Muy cierto y certero analisis
Al leer la lúcida columna de Alejandro San Francisco vinieron a mi mente dos casos de descomposición institucional de Chile, que se refieren a flagrantes vulneraciones a la Constitución Política de la República que los diputados, senadores y el Presidente de la República juraron o prometieron respetar; es decir, a un quebrantamiento del Estado de Derecho.
El primero es el de la vulneración del artículo 65 de nuestra Carta Fundamental, que establece que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que establezcan o modifiquen las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.
Tal disposición constitucional fue pasada a llevar olímpicamente tanto por los congresistas como por el Presidente de la República en el caso de los retiros de fondos de ahorro previsional de capitalización individual, mediante el resquicio de promulgar leyes de reforma constitucional originadas por moción de congresistas, argumentando que no se estaba modificando una ley, sino que la Constitución Política, como si las leyes de reforma constitucional no fuesen leyes.
El otro caso se refiere al activismo judicial, que constituye una verdadera subversión jurídica, puesto que con él se desmoronan los pilares del ordenamiento jurídico penal y se afectan seriamente la credibilidad de nuestros tribunales y el prestigio de la judicatura y del sistema legal. Con ello se produce una deslegitimación del Poder judicial, una institución clave en el Estado de Derecho.
Se denomina “activismo judicial” a la potestad legisladora que se arrogan los jueces a través de un cambio en la legislación vigente (“gobierno de los jueces”) mediante la creación de una nueva disposición normativa que no existía previamente o derogando en la práctica diversas normas jurídicas; gracias a la interpretación que hacen de la Constitución o de las leyes y que dictan sentencias sobre la base de sus propias opiniones, creencias, convicciones personales o de lo que ellos creen justo.
El activismo judicial de los jueces que presumen estar por sobre la ley, que no fallan de acuerdo con la legislación vigente y que no realizan las virtudes de la imparcialidad y lealtad a las reglas lesiona el Estado de Derecho, atenta contra la seguridad jurídica y contribuye significativamente al proceso de deterioro institucional.
El exministro Sergio Muñoz era uno de los más destacados representantes de dicho activismo, lo que dejó de manifiesto en un documento suscrito por él, en el que se reconoce el atropello a leyes expresas y vigentes, dado “que al momento de sancionar a los responsables (léase militares y carabineros) no existía un sistema jurídico penal adecuado (…) pero por sobre todo, en lo procesal, las instituciones tradicionales inhiben o impiden la investigación, como lo son, por ejemplo, la prescripción, la territorialidad y la retroactividad de la ley penal, como así también las disposiciones sobre amnistía”; agregando “que sólo fue posible el procesamiento y la sanción al introducir en nuestras decisiones conceptos tales como el de delito de lesa humanidad, ius cogens y otros”; los que vulneran el sagrado principio de legalidad, que de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no puede suspenderse por motivo alguno, ni siquiera «en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado» o «en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación» (oficio con informe del Tribunal Pleno de la Corte Suprema Nº 33-2015, 27 marzo 2015, párrafo quinto, firmado por Sergio Muñoz Gajardo, presidente de ese Alto Tribunal).
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política
Otro caso de descomposición institucional de Chile que acaba de venir a mi mente es la violación a la Constitución Política de la República que tuvo lugar con la «Revolución constituyente», que comentaré a continuación:
«Chile tiene ahora en el Gobierno una nueva fuerza política, cuya función social es dar respaldo a las grandes mayorías. A este cambio en la estructura de poder corresponde, necesariamente, una profunda transformación en el orden socioeconómico que el Parlamento está llamado a institucionalizar. De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la hora presente. Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que al legalismo capitalista suceda la legalidad socialista. Para hacerlo posible, es prioritaria la propiedad social de los medios de producción fundamentales. Al mismo tiempo, es necesario adecuar las instituciones políticas a la nueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución por una Constitución de orientación socialista» (extracto del primer mensaje del presidente Allende al Congreso Pleno, el 21 de mayo de 1971).
El momento oportuno llegó con la asonada revolucionaria de octubre de 2019”.
Bien sabemos lo que ocurrió el 15 de noviembre de ese año, cuando legisladores de gobierno y oposición, junto a presidentes de partidos políticos, lograron consensuar el mecanismo mediante el cual se redactaría una nueva Carta Fundamental, el cual quedó plasmado en un “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” que sería 100% democrática.
El proceso constituyente que dio origen a la propuesta de nueva Constitución, que fue rechazada en el plebiscito ratificatorio del 4 de septiembre de 2022, era ilegítimo porque adolecía de un vicio del consentimiento —lo que es causal de nulidad— ya que fue producto del chantaje de la violencia como lo reconoció el convencional constituyente Fernando Atria: “es innegable que la revuelta de octubre fue el inicio del proceso constituyente”. Es decir, adolecía de una nulidad de origen, porque se inició “por las malas”.
Una Constitución Política originada en el marco de una gravísima convulsión social y de una violencia incontrolada, que mantenía absolutamente alterado el orden público y que fue iniciada bajo una presión violenta —bajo una verdadera extorsión— habría sido absolutamente ilegítima y carente de toda validez (habría sido “la Constitución de los saqueos”).
No obstante la claridad del inciso final del artículo 142 de la Constitución reformada, que establecía “Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución” —lo que era obvio: mientras no se deroga la Constitución y no es reemplazada, sigue vigente la actual— las cúpulas de los partidos políticos (salvo el Republicano) habilitaron un nuevo proceso constituyente tras el “Acuerdo por Chile” suscrito el 12 de diciembre de 2022; proceso que era igualmente ilegítimo, porque era “fruto del mismo árbol envenenado”.
Al respecto, cabe destacar que en el plebiscito ratificatorio, que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2022, una amplia mayoría ciudadana (62 %) se pronunció a favor del “Rechazo” al texto propuesto por la Convención; y que en el plebiscito de entrada votaron 5,8 millones de ciudadanos a favor del “Apruebo” y que en el plebiscito de salida 7,8 millones lo hicieron por el “Rechazo”, una cantidad significativamente superior.
En rigor, el texto propuesto por la Convención no era una verdadera Carta Fundamental —que limita el ejercicio del poder del Estado, que reconoce derechos fundamentales y libertades esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que asegura la igualdad ante la ley— sino que era, prácticamente, el programa de gobierno del presidente Boric.
El disparatado texto de Carta Fundamental propuesto por la Convención buscaba refundar a Chile, como lo declaró explícitamente la presidente de la Convención, Elisa Loncón, durante la aberrante ceremonia de instalación el 4 de julio de 2021. En dicho texto se establecía la destrucción de la nación chilena —y su descomposición en múltiples «naciones»— y de la esencia de un régimen democrático; varias clases de ciudadanos diferenciados según sus «pueblos originarios»; diferentes sistemas de justicia; el descuajeringamiento del orden institucional; se propugnaba un estatismo y se favorecía el establecimiento de un régimen de gobierno totalitario; todo ello con delirios refundacionales y despreciando la “Constitución histórica” determinada por la realidad política de la nación chilena y los cinco siglos de existencia de Chile.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magister en ciencia política