Este lunes 1 de junio, a mediodía, el Presidente José Antonio Kast rendirá ante el Congreso su primera Cuenta Pública. Es la ocasión natural para preguntarse cuáles son los verdaderos desafíos de Chile en la década que comienza. Pero esa pregunta, por legítima que sea, exige una condición previa que algunos prefieren saltarse. Quienes formaron parte del gobierno anterior insisten en que es momento de hablar del futuro, y en su recta final desplegaron una férrea defensa de su propio legado, el cuento de una gestión de mil puntos, como si el porvenir pudiera proyectarse sin mirar la fotografía inicial con la que parte esta administración. No se puede. Conviene no confundir la cuenta con el cuento: una cosa es el relato complaciente que un gobierno se cuenta sobre sí mismo, y otra muy distinta la cuenta real que hereda quien llega. No hay porvenir honesto sin un diagnóstico honesto del punto de partida, y ese diagnóstico, hoy, es severo.

Este mismo viernes el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la desocupación trepó al 9,1% en el trimestre febrero-abril, su nivel más alto en casi cinco años, con 38 meses consecutivos por sobre el 8%. Son casi 950 mil personas sin trabajo. El golpe es más duro para las mujeres, cuya tasa llegó al 10,5%, y para los jóvenes, donde la desocupación supera el 22%, más del doble del promedio nacional. A ello se suma una informalidad creciente, que en las mujeres bordea el 28,6%. No es un dato de coyuntura, sino el rostro de una década de crecimiento mediocre: la propia proyección oficial para este año se recortó al 2,1%, con un producto no minero que no crece nada.

La niebla fiscal completa el cuadro. El Informe de Finanzas Públicas conocido la semana pasada elevó el déficit proyectado para 2026 e instaló una acusación grave: una diferencia cercana a los diez mil quinientos millones de dólares en la trayectoria de deuda dejada por la administración anterior, hoy en disputa entre el actual ministro de Hacienda y sus antecesores, y bajo investigación. Si se confirma, sería una omisión mayúscula. Pero el problema es anterior y más profundo: en 16 de los últimos 18 años Chile ha cerrado con déficit estructural, la deuda bruta saltó del 5% al 42% del producto en dos décadas y los fondos soberanos que fueron nuestro orgullo están en mínimos históricos. Y ese deterioro, lejos de corregirse, se intensificó durante el gobierno de Boric: el déficit estructural de 2025 cerró en 3,6% del producto, más del triple del 1,1% comprometido, con metas incumplidas un año tras otro. Un país que gasta de modo crónico más de lo que tiene termina, tarde o temprano, sin margen para lo esencial.

Y lo esencial apremia por todos lados. La inseguridad dejó de ser excepción para volverse paisaje. Aun cuando el gobierno reporta una baja respecto del año pasado, el país sigue registrando alrededor de quince homicidios cada semana, una cifra impensable hace una década y que nos hemos acostumbrado a escuchar como quien escucha el pronóstico del tiempo. Esa normalización del horror, que muchos rastrean en la violencia desatada en octubre de 2019, es quizás el daño más silencioso de todos. A ello se añade la reconstrucción de las más de 4.400 viviendas que los incendios de Ñuble y Biobío redujeron a cenizas, sobre más de 42 mil hectáreas quemadas y 21 vidas perdidas. Y eso sin contar la deuda pendiente de Valparaíso, donde el megaincendio de febrero de 2024 dejó 135 muertos y miles de familias damnificadas que el gobierno anterior no alcanzó a reubicar: a un año y medio del desastre apenas un centenar de casas estaban terminadas y miles seguían rezagadas, y de las pocas que sí se levantaron, algunas presentan defectos estructurales tan graves que hoy deben ser demolidas. La salud, el acceso a la vivienda y un sistema de pensiones que sigue debiéndole demasiado a demasiados completan una lista de urgencias que reclama recursos que hoy, simplemente, escasean.

¿Cómo llegamos aquí? Chile supo tener acuerdos que daban continuidad a las reformas esenciales, y luego los quebró. Primero, con la reforma tributaria de 2014, que no recaudó lo que prometía mientras el gasto seguía creciendo, sumada a la incorporación del Partido Comunista al corazón del gobierno, un giro que algunos de sus propios protagonistas han reconocido después como un error. Después, con el octubrismo, que detuvo el país con violencia y que, tras el naufragio de la primera propuesta constitucional, terminó por disolver el consenso que existía sobre crecimiento, educación, empleo y convivencia. La incertidumbre llegó entonces para quedarse, y no se ha ido.

Frente a esta situación, el Presidente tiene la obligación de mostrarle a las personas el punto de partida, la cruel realidad con que comienza su mandato. Pero, dado que sólo lleva casi tres meses de gobierno, esta cuenta debería, además, ojalá, dejar a las personas más tranquilas y seguras respecto del futuro que les espera, mostrando no sólo el tamaño del problema sino el camino para enfrentarlo. Y aquí va un reparo de esta columnista: la cuenta se transmite un lunes al mediodía, en el horario en que la inmensa mayoría trabaja. La tradición ha sido casi siempre diurna, pero no es inamovible: en 2019 Sebastián Piñera la realizó de noche, precisamente para que el mensaje llegara a más personas. Bien podría repetirse íntegra esa misma noche, en horario prime, porque todos deberían poder escucharla. La información no es un trámite protocolar, sino la materia prima de una democracia que se toma en serio a sus ciudadanos.

Pero informar, con ser indispensable, no basta. La pregunta de fondo es cuál será la estrategia de desarrollo de la próxima década, porque sin un rumbo compartido cada gobierno deshace lo que hizo el anterior y el país avanza a tropezones. A mi juicio, Chile debe perseverar en una economía de mercado liberal y regulada, que está muy lejos del mote de «neoliberal» con que sus detractores la han querido descalificar. Esa fórmula supone tres cosas a la vez, y ninguna sobra: el predominio privado en el crecimiento económico, una presencia fuerte del Estado en el desarrollo social y una regulación pública seria para evitar riesgos sistémicos. Es el sector privado el que genera la riqueza que luego el Estado redistribuye y protege, de modo que enfrentarlos como enemigos es no entender que se necesitan. El viejo dilema entre Estado y mercado, que todavía habita en cierta derecha libertaria y en una izquierda estatista, se plantea como disyuntiva excluyente cuando en verdad es una cuestión de equilibrio. La regulación no niega el mercado: lo hace posible.

Esa estrategia, sin embargo, no se sostiene sin algo previo, un objetivo país que ordene las prioridades y permita decir con todas sus letras qué hace el Estado y qué deja de hacer. Ortega y Gasset definía la nación como un proyecto sugestivo de vida en común, y un país sin proyecto crece por inercia, acumulando programas que nadie evalúa. Hannah Arendt observó, por su parte, que la única isla de certeza que podemos levantar en el océano de incertidumbre del futuro es la facultad de prometer y de cumplir lo prometido. Un país que rompe sus promesas se condena a partir de cero en cada ciclo. De ahí la necesidad de concordar prioridades nacionales que distintos gobiernos respeten, una conversación en la que deben participar la técnica y la política, pero también la ciencia, la filosofía, la educación y la academia, porque ninguna por sí sola alcanza para pensar un país.

De ese acuerdo debería brotar lo que con más urgencia necesitamos: un mejor Estado. Mejor no significa necesariamente más grande, sino más inteligente y más honesto. Aquí la inteligencia artificial ofrece, por primera vez, aquello que durante décadas nos faltó, que es la capacidad real de evaluar en qué se gasta y qué se malgasta, cruzando datos que antes vivían incomunicados y detectando duplicidades y fraudes que la revisión manual jamás alcanzaba. Austria la emplea en su sistema tributario desde 2014 y ha recuperado sumas que se le escapaban; Francia detecta con imágenes satelitales construcciones no declaradas; Singapur resolvió decenas de miles de consultas con un asistente automático. Pero conviene no embriagarse: en Holanda, un algoritmo acusó por error a 26 mil familias de defraudar subsidios y terminó por derribar a un gobierno. La herramienta hace, con enorme eficiencia, aquello para lo cual la programamos. Como insistía Savater, la responsabilidad no se delega jamás en una máquina, y la ciudadanía tiene derecho a conocer ese análisis, porque el dinero que se administra es suyo.

La otra cara de esa exigencia es que la corrupción debe pagarse. No es tolerable que se esfumen fondos como los de la Fundación ProCultura, cuyos traspasos públicos saltaron de unos 316 millones de pesos en 2021 a más de 3.200 millones al año siguiente, con su fundador imputado por fraude al fisco, y que al final no pase nada. Cada uno de esos episodios erosiona la confianza, que es el capital más escaso y más difícil de reconstruir, y sin el cual ninguna reforma se sostiene.

La década que viene no se jugará en un discurso, por bueno que sea, sino en nuestra capacidad de recuperar un arte que perdimos: el de mirarnos con honestidad y acordar. La amistad cívica, esa que Chile supo cultivar en sus mejores momentos, no consiste en pensar todos lo mismo, sino en reconocer en el adversario a un compatriota con quien todavía es posible construir. Este lunes el Presidente describirá una fotografía difícil. Ojalá la mire de frente, ojalá podamos verla todos, y ojalá, esta vez, el diagnóstico no se quede en el diagnóstico. Porque el futuro no se decreta desde un atril. Se edifica sobre la verdad de lo que somos y sobre la decisión compartida de lo que queremos llegar a ser. Llevamos demasiado tiempo prefiriendo el cuento a la cuenta. Quizás sea hora de invertir el orden: primero las cuentas, claras y rendidas de cara al país, y sólo después el relato que de verdad valga la pena contar.