“Yo creo que la crisis sigue igual”, afirmó Fernando Atria en una entrevista radial esta semana, agregando que “la crisis no desapareció y que está todavía entre nosotros”. El abogado se refería a la crisis de la política institucional, una que en su opinión es de larga data y a la que los fallidos procesos constitucionales no dieron solución. Veamos.
Cabe recordar que Atria es el autor de la noción de la “Constitución tramposa” que se difundió ampliamente en la década pasada, sobre todo entre los ciudadanos más jóvenes. “La Constitución de 1980 fue hecha para que un programa como el de la Nueva Mayoría no pudiera ser realizado” decía sin ambages en octubre de 2014, cuando transcurrían seis meses del segundo mandato de Michelle Bachelet, lapso durante el cual se aprobó una de las reformas tributarias de mayor impacto para la economía chilena en décadas y que ese gobierno impulsó desde el primer día como una de sus iniciativas emblemáticas. No hubo cepo alguno que impidiera o demorara su dictación como ley de la República.
Lo cierto es que la crisis no sigue igual, si se observan los datos que proporcionan consistentemente los estudios de opinión pública de un tiempo a esta parte. Y es que la crisis institucional, impulsada por la idea de la “constitución tramposa” -que en tanto dolosa sólo cabía reemplazar sin dilación-, se ha esfumado no por arte de magia, sino que por la invalidez de ese aserto artificioso. Ninguno de los problemas principales del país -que ya comenzaban a gestarse en 2014- tienen su origen en la Carta Fundamental ni la solución de ellos ha encontrado, o encuentra, impedimentos constitucionales. Ni la inseguridad ciudadana ni el estancamiento económico, los dos que se sitúan en lo más alto de las preocupaciones ciudadanas, se han causado por una supuesta crisis institucional ni tienen la gravedad que han alcanzado entre nosotros por alguna supuesta traba constitucional. De hecho, una nutrida legislación en materia de seguridad ciudadana ha sido dictada en los últimos años al amparo de la Carta Magna que nos rige, mostrando de paso que lo que había eran, en cambio, vacíos normativos que no se habían subsanado oportunamente en el marco de la legalidad vigente.
Similarmente, una de las reformas sociales de mayor trascendencia en mucho tiempo -la reforma previsional- fue aprobada sin otras dilaciones que las asociadas al arduo trabajo de acuerdos políticos necesarios para ese fin. El supuesto “robo legalizado de las AFP” -otra consigna de amplia difusión en la década pasada- fue desmentido rotundamente gracias a los retiros de los fondos previsionales, lo que abrió por fin el camino para un acuerdo político en el que las administradoras -exculpadas del dolo que por años se les atribuyó- iban a seguir existiendo como lo han hecho hasta aquí.
La noción de la “Constitución tramposa” fue desvirtuada después de dos intentos fallidos de reemplazarla. Nos rige la misma Carta Magna que en su momento fue convertida -porque era “tramposa”- en la causa de una supuesta crisis institucional que ahora brilla por su ausencia. Han transcurrido más de tres años de intenso trabajo legislativo y en los que se han verificado una serie de elecciones populares, entre ellas las presidenciales y parlamentarias de 2025, sin que alguna disposición constitucional se haya interpuesto en el camino de los legisladores o ciudadanos para el ejercicio pleno de la democracia.
No, la crisis no sigue igual. Y es otra muy distinta a la que la mayoría de los ciudadanos creyó que existía entre nosotros en la década pasada. La aguda inseguridad ciudadana que se vive ahora en los barrios y el estancamiento de la economía son los hechos materiales, y nos las consignas, que se sienten cada día en la vida cotidiana de tantos chilenos y que no pocos experimentan, esta sí, como una verdadera crisis.
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