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Mucho más que la realización del plebiscito -seguramente el último en mucho tiempo-, y de su imprevisible resultado, el próximo domingo se producirá la clausura de un largo ciclo de poco más de cuatro años, desde que en octubre de 2019 el país se remeció hasta sus cimientos, iniciándose un verdadero big bang de incertidumbre que, todo indica, culminará definitivamente con el acto electoral.
Lo que partió como una de las más violentas revueltas de que se tenga memoria -de lejos la más violenta para las generaciones que vivieron una paz ininterrumpida desde 1990- devino en un itinerario cargado de profunda incertidumbre política, mientras una emergencia sanitaria, quién lo iba a decir, tomaba por sorpresa al mundo entero y a los chilenos, trayendo todavía más desasosiego a una sociedad que entonces se encontraba en estado de shock. Fue cuando las más tradicionales instituciones republicanas, la Presidencia primero, luego el Senado y Carabineros, entre otras, se volvieron vulnerables y parecieron que cederían al embate refundacional de la revuelta o de la tristemente célebre Convención Constitucional.
También fue un tiempo en que, inusitadamente, la violencia encontró apoyo entre nosotros. Algunos llegaron a considerarla una explicable, cuando no legítima, reacción al abuso y la desigualdad. Cuando amenazaba con desbordarse sin control, fue encausada en un impecable proceso institucional ejecutado escrupulosamente -más allá de los dislates de la Convención. La indiferencia y el hartazgo que ha producido el segundo intento por darnos una nueva Carta Magna -el último en por lo menos una década- es un precio más que razonable que hemos debido pagar para sofocar el incendio del octubrismo que ahora llega a su fin.
Notablemente, el octubrismo ha sido finalmente derrotado por una institucionalidad y un sistema político -funcionando bajo el imperio de la “Constitución de los cuatro generales”- mucho más poderosos de lo que la primera línea concibió en esos aciagos días de octubre de 2019 y de lo que imaginó la Lista del Pueblo cuando se aprontaba a refundar el país en la Convención Constitucional.
Si se mira en perspectiva, los esfuerzos consecutivos de la Convención, primero, y del Consejo, después, han sido de un valor incalculable si acaso han servido para alejar el fantasma del colapso institucional que rondó en los peores momentos del estallido social. No es un logro menor ni mucho menos, sobre todo si lo que se aproxima, una vez removida la amenaza destituyente y refundacional, es un ciclo que estará marcado por la certidumbre política.
Ello porque independientemente del resultado del plebiscito, hace ya tiempo que vivimos bajo el imperio de las 12 bases (o bordes constitucionales), consensuadas por la gran mayoría de los partidos políticos en el «Acuerdo por Chile» de diciembre de 2022, al amparo del cual las grandes reglas del juego político han quedado nítidamente definidas entre nosotros.
El nuevo ciclo que se inicia estará fundado en dos carencias inéditas en el Chile de las últimas décadas: seguridad ciudadana y crecimiento económico. La incertidumbre política ha sido desinstalada -será muy difícil volverla a instalar en un plazo previsible-, mientras que la inseguridad ciudadana originada por la delincuencia rampante y el estancamiento económico son ahora fuente de las mayores y más graves incertidumbres a las que el sistema político se deberá abocar con urgencia.
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