Entre las variadas definiciones de Estado de Derecho existe una que dice que es «el mecanismo, proceso, institución, práctica o norma que apoya la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, asegura una forma de gobierno no arbitraria y, de manera más general, previene el uso arbitrario del poder». Pero, para que funcione el Estado de Derecho, es imprescindible que exista certeza jurídica.
La certeza jurídica implica que las leyes y normas son claras y predecibles para todos los miembros de la sociedad, y cuando las personas conocen esas reglas de juego, pueden actuar acorde a las mismas y tomar decisiones informadas y con seguridad. Pero, cuando la incertidumbre se apodera del sistema jurídico, tanto las personas como las empresas se ven negativamente afectadas y tienden a no tomar decisiones importantes, por la ausencia de certeza de que la ley será igual para todos.
La certeza jurídica es también esencial para el desenvolvimiento de la actividad económica, pues para que los mercados funcionen correctamente, se requiere la confianza de los agentes en que sus acciones están conformes a la ley, que éstas no serán modificadas arbitrariamente y también que no existan dudas sobre la posibilidad de exigir el cumplimiento de los contratos.
En el caso de las Isapres, después de seis meses desde el controvertido fallo inicial de la Suprema -que podría llevarlas a la quiebra- la Ministra Ángela Vivanco opinó en una entrevista en La Tercera, que el fallo “no tenía alcances generales”, como se había considerado originalmente, sino que las Isapres debían devolver excedentes solo a quienes hubiesen demandado. Como ella en ese momento era la Presidenta (s) de la Tercera Sala, se pensó que se había reconsiderado el fallo original y que esa era la salida a la crisis del sistema.
Sin embargo, lo que realmente pasó es que esa declaración generó un verdadero terremoto al interior del máximo tribunal, pues no sólo su Presidente salió a decir que lo expresado por la vocera eran sólo opiniones personales y no de la Corte, sino que esto derivó en la renuncia de Ángela Vivanco a la vocería y hasta el momento, el pleno no ha decidido reemplazarla.
Dada la confusión creada ante los dichos de la ex vocera, cinco Isapres, el Gobierno y también privados, presentaron sendos recursos aclaratorios para saber a qué atenerse; pero el viernes, la Tercera Sala, ahora presidida por el ministro Sergio Muñoz, quien regresó raudo de sus vacaciones y en ausencia de la Ministra Vivanco, resolvió no acoger ninguno de los recursos por estimar que no hay nada que aclarar, reiterando que lo resuelto en noviembre tiene alcances generales.
Todo este embrollo jurídico ocurre por el hecho de que la Corte Suprema, excediéndose en sus funciones, dictó un fallo con características de política pública -siendo que eso es materia exclusiva del poder Legislativo- generando una gran incerteza jurídica, pues si un tribunal decide actuar como si fuera un legislador, pone en jaque todo el andamiaje jurídico de la nación, con la consecuente incertidumbre de todos los agentes económicos, políticos y sociales.
Es cosa de pensar por un momento que después de seis meses, las Isapres aún no saben cuál será su destino y los millones de cotizantes adscritos al sistema tampoco tienen claro si podrán seguir accediendo a salud privada o no, pues ahora todo queda en manos del Congreso, donde están pendientes de tramitación el proyecto del gobierno, que generaría la quiebra de las Isapres; uno del Senado y otro de algunos diputados, que intentan darle alguna viabilidad al sistema.
La situación creada por la Corte Suprema es sin duda de la máxima gravedad, pues para que funcione el Estado de Derecho debe existir certeza jurídica; de lo contrario, se pierde la confianza en las instituciones judiciales, la fe en la justicia y se puede generar polarización social y debilitamiento de la democracia. Adicionalmente, la incerteza jurídica puede poner en jaque los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y permitir el abuso de poder de gobiernos y actores no estatales.
Los tribunales no son legisladores. Para eso está el Congreso.
