La calle volvió y son los mismos de siempre. Lumpen, vándalos y jóvenes manipulados que marchan y desordenan la realidad país en lo que llaman “protestas sociales”. La verdad es que sabíamos que las movilizaciones iban a volver y que buscarían cualquier justificación para convertirla en causa. Las movilizaciones de marzo dicen estar en contra de las medidas económicas y ambientales del presidente Kast. Ciertamente, la guerra en el medio Oriente que elevó el precio del petróleo les vino “como anillo al dedo”.
Claramente, subir abruptamente el precio de los combustibles para sincerar el valor real, no es una medida popular, pero frente a la realidad financiera de Chile hoy, era una medida necesaria. No había opción, no les dejaron cintura alguna. La fiesta y la farra había sido total. Sin duda, la situación internacional no ayuda a mejorar la economía ya que esta alza, que implicará muchas más, aumentará la inflación y hará el escenario más complejo.
“La calle” dice protestar también por el retiro de más de 40 decretos de protección ambiental para su revisión. Ahí los eco-religiosos, que usan las causas medioambientales para frenar el avance del “pervertido capitalismo”, no se dejaron esperar. Ni siguiera repararon qué se buscaba revisar, el relato tampoco habló de que algunos decretos como la protección de la ranita de Darwin fueron repuestos. Para ellos, esto es sólo una excusa para presionar y no dejar gobernar a su contendor político. La calle que presiona es de izquierda y la usan para no respetar la democracia en nombre de la democracia. Los jóvenes una vez más, como siempre, son manipulados e utilizados por fuerzas interesadas. Son fáciles de engañar y extremadamente románticos, creen que “van a cambiar el mundo”. La ACES y la Confech hoy protestan contra recortes en programas educativos y el alza del transporte. Como siempre, el centro de Santiago, la Plaza Baquedano y el eje Alameda se han convertido en epicentros de disturbios. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales nos hacen sentir un verdadero “déjà vu”. Nuevamente el Metro ha sido el foco, por lo que se ha tenido que implementar un fuerte despliegue de seguridad. El gobierno ha ordenado un despliegue policial, mientras los manifestantes como siempre, critican la mano dura. Son los mismos de siempre.
Durante los cuatro años de la administración Boric estuvieron tranquilos. Claramente la realidad de Chile no estuvo mejor y, en muchos aspectos, estuvo mucho peor. Pero no marchaban, ya que estaban en el gobierno. Las feministas no marcharon ni con «Monsalve», lo que develó lo oportunistas de las causas. Son los mismos de siempre. Sabemos que hay un sector de la izquierda que valida la violencia como forma de hacer política y que, por ende, no son democráticos. La democracia supone reemplazar la violencia física como modo de hacer política por el voto (método sin violencia) que implica aceptar que la ciudadanía es la que elige. Para la ultraizquierda la derecha, por principio, no tiene derecho a gobernar, lo que es una muestra más de la pulsión antidemocrática que los mueve. Una de las características de una democracia sana es precisamente, la alternancia en el poder. Hoy llega un gobierno de derecha y estaban “calentando motores”, y lo venían haciendo desde antes. Estaban esperando la excusa para “marchar” por sus derechos, siempre olvidando sus deberes.
Mientras esto sucede Chile está cansado. Chile votó a este nuevo gobierno con la esperanza del orden y de superar el “octubrismo”, que está tan “demodé”. Reaparecen los violentistas. No son manifestaciones reales, sino intentonas de sabotaje como las que vimos antes. Quieren hacer con Kast lo que hicieron con Piñera y que no envejeció bien. Hoy Chile económicamente está estrecho, no hay ahorros y somos vulnerables a los vaivenes internacionales. No reconocerlo es “tapar el sol con un dedo” y no tener sentido de realidad. Intentarán forzar cambios, ya que lo perdieron todo y la calle es lo único que les queda. Por lo mismo, hay que evitarlo por el bien de la democracia. Claramente el ir en contra de la democracia y el Estado de Derecho debe tener un costo. La Constitución y las leyes deben ser respetadas por todos. El derecho a manifestación jamás puede estar por sobre el derecho de las personas a vivir en paz. Es necesario establecer un “registro de vándalos”, donde queden anotados todos quienes al manifestarse deciden voluntariamente delinquir. Atentar contra la propiedad pública o privada y contra la paz y tranquilidad ciudadana. Aquellas personas debiesen perder todo beneficio social. La gratuidad universitaria es un beneficio que se les da a los jóvenes y que lo pagan todos los chilenos con el trabajo y el sudor de su frente. No corresponde pagarle esa prebenda a quien destruye la sociedad como un todo. Lo mismo con vivienda, si estás en el registro de vándalos debieras perder tu puesto en “la cola” para los subsidios así suma y sigue.
Son los mismos y van por lo mismo. Es por eso que hay que evitar a toda costa que logren lo mismo. Debe haber un castigo legal, pecuniario y social para quien se sienta por sobre la ley.
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Excelente.
Es un precepto fundamental de la política saber prever lo peor y tener la capacidad para impedir que ocurra.
Es preciso que la ciudadanía tome conciencia de la amenaza que se cierne sobre nuestra patria de una nueva asonada revolucionaria —extremadamente violenta, como la iniciada el 18 de octubre de 2019— y que las autoridades de gobierno y legislativas adopten las medidas conducentes para evitarla. Y, si tal asonada se produjere, debería ser controlada o neutralizada por las autoridades de gobierno mediante la aplicación de la violencia física legítima del Estado, sin verse inhibidas por el “discurso de los derechos humanos”, a fin de garantizar el orden institucional de la República y, en definitiva, el bien común (el referido “discurso de los derechos humanos” es un arma estratégica del comunismo —el mayor violador de los derechos humanos en el mundo— para quitar legitimidad al uso de la fuerza; y que considera violatoria de esos derechos cualquier uso de la violencia física legítima del Estado destinada a reprimir la delincuencia, el vandalismo, la guerrilla, el terrorismo o la insurrección revolucionaria).
La probabilidad de que tal amenaza se concrete si no se adoptaren las medidas adecuadas para evitarla es alta, porque se avizoran negros nubarrones en el horizonte: si el presidente que asuma el 11 de marzo de 2026 fuese de derecha o de “centroderecha”, las izquierdas radicales difícilmente lo dejarían gobernar; ellas no cejarán en su empeño por conquistar el poder mediante la violencia —especialmente el Partido Comunista, que no ha renunciado a su proyecto totalitario: “el proyecto popular que encabezó Salvador Allende es un proyecto inconcluso, pero no derrotado” y, como lo señala su Manifiesto del año 1848: “Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente”—; los miles de empleados públicos de la administración central del Estado y de las municipalidades que gozan de inamovilidad, muchos de los cuales se desempeñan, en la práctica, como activistas políticos y que “atornillarán al revés”; las escuálidas arcas fiscales, el excesivo endeudamiento externo y el pago de intereses exorbitantes, hará muy difícil financiar nuevos proyectos u obras públicas o financiar programas sociales; los gravísimos problemas de seguridad, económicos, de vivienda, educacionales, de salud, previsión, etc. heredados por el nuevo gobierno exigirá para su solución adoptar medidas impopulares; las protestas, los paros y movilizaciones ilegales serán pan de cada día, así como el recrudecimiento de la violencia; todo lo cual contribuiría al éxito del proceso insurreccional en curso. A ello se suma la existencia de sectores políticos de izquierda antidemocrática que consideran inaceptable que la derecha acceda al poder y que postulan «meterle inestabilidad al país” para hacer grandes transformaciones y utilizar retroexcavadoras a fin de destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal lo que, evidentemente, ahoga la libertad económica, desalienta la inversión y afecta gravemente al crecimiento, al empleo y al bienestar de la población. El nuevo gobierno deberá pagar los platos rotos de la crisis provocada por la mala gestión de gobiernos anteriores.
Adolfo Paúl Latorre
Magíster en ciencia política