La discusión política chilena de estos días —reflejada en la prensa, la carrera presidencial, la deliberación constitucional y la conversación ciudadana— es, ante todo, práctico-existencial, pero apela, a la vez, a variadas tradiciones de pensamiento sobre la soberanía popular.
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En efecto, ¿qué discutimos?
En términos prácticos, quién será elegido presidente de la República, o sea, jefe de Estado y del Poder Ejecutivo. Y qué efectos tendrá a futuro la distribución del poder ya establecida en el Congreso Nacional, los gobiernos regionales y la administración de las comunas. Y cuál será el impacto de todo esto sobre la Convención Constitucional (CC) que, tras un plebiscito apabullante, está encargada de proponer la nueva carta fundamental que habrá de regir la composición del conjunto de los poderes constituidos, sus funciones, coordinación y límites.
En breve, el cuadro total de la gobernanza del país se encuentra en proceso de revisión y se halla por eso, de alguna manera, en vilo. Significa que está “sin el apoyo físico necesario o sin estabilidad” y, por ende, es percibido “con indecisión, inquietud y zozobra”, como aparece en la conversación cotidiana, la comunicación familiar, los sondeos de opinión y las redes sociales.
De verdad, es un hecho notable que, en estas circunstancias, el país continúe funcionando con relativa normalidad, sin que se haya producido un colapso, exista una rebelión permanente, o se impongan el desorden y la anarquía. Esto, sin embargo, no impide que exista un clima de temor y a veces angustia, mezclado con esperanza y expectativas, sentimientos encontrados que se han difundido ampliamente durante los últimos dos años.
Agréguense a este cuadro tres componentes adicionales: (i) reducida confianza de la ciudadanía respecto de las principales instituciones del sistema político y del Estado: servicios públicos clave; empresas, sus propietarios, directivos y gerentes; organizaciones gremiales de todo tipo; iglesias y medios de comunicación; (ii) escaso apoyo por parte de la opinión pública encuestada al presidente de la República y su gobierno, y (iii) un cambio generacional dentro de las elites, particularmente visible en la esfera política.
En juego están aquí, por tanto, ajustes prácticos de poder, como quién manda en el gobierno, el parlamento y la CC; de qué legitimidad gozan los órganos de autoridad; cuentan éstos o no con capacidad, medios y habilidades para crear orden y satisfacer las demandas de la población; estamos en tren de progreso, estancados o en caída libre; a quién creer entre los candidatos; cuáles partidos y coaliciones existirán a partir del próximo año; lograrán ponerse de acuerdo o reinará la confrontación; continuarán los desmanes rituales los días viernes en el centro de Santiago y los actos de violencia armada en La Araucanía; hay un riesgo, o no, de que se limiten las libertades y atropellen los derechos de las minorías; el próximo año se estancará la economía o iniciará una gradual recuperación.
Estas preguntas apuntan a inquietudes reales, prácticas, del orden cotidiano de la sociedad, cuyo quiebre envuelve habitualmente la mayor amenaza y el más grande riesgo para la población.
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Sin embargo, los problemas prácticos del orden cotidiano aparecen directamente vinculados con la cuestión del orden político legítimo y de la gobernanza de la sociedad que, hemos visto, se hallan en vilo. Efectivamente, en democracia es el pueblo el llamado a dirimir y resolver los fundamentos de la gobernanza, de la cual depende, a su vez, la posibilidad del orden cotidiano y la normalidad de nuestras vidas. A su turno, “nosotros, el pueblo…” constituye la fuente del poder legítimo y ocupa el centro del pensamiento político moderno desde el momento que se derrumbó la soberanía de los monarcas.
Pero, ¿quién es el pueblo al que se refiere la filosofía clásica de la política? “Para Hobbes, una multitud de hombres que pactan entre sí; para Locke, una comunidad que expresa su voluntad mayoritaria por medio del poder legislativo; y para Rousseau, una asamblea constituyente de hombres libres e iguales que participan de la construcción de la voluntad general” (Londoño Agudelo, 2015).
A partir de ese momento las definiciones del pueblo y su soberanía se multiplican sobre las praderas académicas. Una contemporánea, que a mí me interesa especialmente, es ésta: “El pueblo no es otra cosa que la masa indiferenciada de quienes no tienen ningún título positivo —ni riqueza, ni virtud— pero que, no obstante, ven que se les reconoce la misma libertad que a quienes los poseen. Las gentes del pueblo, en efecto, son simplemente libres como los otros (Rancière, 1996). A partir de esta idea, un comentarista concluye: una vez ganado el reconocimiento de su libertad, propiedad en común con todos los sujetos, “el demos proclama que ese título lo iguala a los otros grupos y que, por tanto, no puede tolerar más que se le niegue el acceso a la esfera pública”. Y a la concreción de sus derechos y su dignidad.
Aquí surge la cuestión del pueblo soberano que, precisamente ahora, en referencia al plano del pensamiento político, está siendo arduamente disputada en Chile. Todas las fuerzas políticas, en efecto, proclaman el axioma: “La soberanía reside en el pueblo”. Pero, ese pueblo soberano, ¿dónde está?
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Si nos atenemos a nuestro debate ideológico de los últimos dos años, intensificado por los recientes resultados electorales, aquel pueblo soberano aparece atrapado al interior de una antigua polémica.
Por un lado, según la tradición de Rousseau y del abate Sièyes, dos figuras icónicas del pensamiento revolucionario moderno, el pueblo es representado como poder soberano constituyente. En Chile, es el pueblo del 18-O, llamado a romper con el orden establecido, a interrumpir la normalidad histórica y a instaurar un nuevo orden. Un poder constituyente (fuente original) que luego da lugar al poder constituido; esto es, a los aparatos del Estado y a la organización política de la nación.
Este relato, inspirado por la rebelión popular del estallido, a su vez da a luz la idea de un pueblo que despierta, se levanta, moviliza, desborda el orden constituido (Estado de derecho) y, forzando luego un plebiscito, desemboca victorioso — presidido simbólicamente por la Lista del Pueblo— en la Convención Constitucional. Este hilo narrativo escamotea sin embargo el hecho de que la Convención nace, más bien, de la protesta social, la cual creó las condiciones para un Acuerdo Nacional por la Paz Social y una Nueva Constitución (15-N de 2019). Este Acuerdo echó a andar un proceso político conducente, primero, a decidir, mediante un plebiscito, la formación de una CC cuyo mandato, funciones y facultades se establecen por una reforma a la Constitución vigente; esto es, por el poder constituido.
Esta contradicción entre dos discursos sobre el origen de nuestro poder constituyente —el del estallido y del Acuerdo Nacional, del octubrismo y el noviembrismo, del pueblo de la rabia y el pueblo de la soberanía institucional— está en la base del conflicto que subyace a la instalación y primeros meses de la CC. Allí se manifestó, sobre todo al comienzo, como un choque virtual entre el poder constituyente —sin límites, originario y pleno— y el marco del poder constituido, que delegó la función constituyente, por un tiempo acotado y dentro de reglas preestablecidas, en la CC. Esta tensión se vio reflejada en una estrategia que buscaba crear una situación de doble poder, a la manera descrita por la teoría revolucionaria clásica.
En suma, esa versión rousseauniana y del abate —que postula un pueblo a la vez fuerza destituyente encarnada en la revuelta del 18-O y fuerza constituyente ab ovo (desde cero, página en blanco, tabula rasa)— representa el deseo y el relato de una soberanía que rompe con la normalidad histórica y al mismo momento refunda e impone la legitimidad de un nuevo orden.
Pariente de esa noción de pueblo (soberano) surgida de un acontecimiento que interrumpe la normalidad histórica es aquella otra noción concebida por la teoría del llamado populismo de izquierda (explicado por una de sus intelectuales en este video), teoría que también propone un pueblo concebido contra el orden constituido. Según expresa la misma intelectual en otra ocasión, “el pueblo no es algo que ya exista, no es la población de un país ni una categoría sociológica. Es una construcción política, discursiva. Y el populismo de izquierda lo construye muy distinto que el populismo de derecha. Marine Le Pen construye un pueblo francés etnonacionalista, mientras Mélenchon construye uno que incluye a los inmigrantes. Y también cambia el “ellos” contrario al pueblo: para Le Pen, son los inmigrantes y la Unión Europea; para Mélenchon, las grandes corporaciones, la oligarquía” (Mouffe, 2019).
Aquí estamos pues frente a la conformación de una soberanía popular mediante un movimiento de cinco pasos: (i) la conjugación —no planificada, contingente, propia de cada contexto y momento nacional— de una multiplicidad de dispares demandas con origen local-territorial, de clase, etnias, género, formas de vida, reivindicación de derechos y libertades, grupos excluidos, causas ético-culturales, identidades colectivas, etcétera, a la manera como ocurrió con las grandes, medianas y pequeñas movilizaciones de protesta de octubre a diciembre del año 2019; (ii) su fusión en un gran cauce que se nombra a sí mismo como pueblo (en lucha, en movimiento, en indignación, en resistencia) y se constituye como tal; (iii) frente a un enemigo —las élites (los grupos de poder, el establishment, el partido del orden, el antiguo régimen, las oligarquías)— al cual hay que enfrentar y derrotar; (iv) bajo la dirección de un liderazgo carismático, la personalidad que fusiona y se fusiona con las masas contribuyendo a nombrarlas en su proceso constitutivo (Perón ayer, Chávez hoy); (v) procesos que en su conjunto y a través de las fases propias de cada contexto/momento, aprovechando el cauce electoral abierto por la democracia representativa o rompiendo con él, ponen en movimiento y constituyen a un sujeto popular victorioso. Rousseau y el abate se encuentran aquí con el populismo pensado en América Latina.
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En las antípodas del concepto de un pueblo soberano constituyente ha existido siempre una contracorriente conservadora o tradicionalista que parte por pensar la soberanía no desde abajo hacia arriba—del pueblo al poder—sino, al contrario, desde la cima del poder descendiendo hasta el estado llano. El soberano, entonces, es aquel que tiene majestad, dominio, una persona con dos cuerpos, como el rey de Kantorowitz con su doble naturaleza; a la vez cuerpo corruptible y figura inmortal. Según escribe este autor en un hermoso artículo, “…el rey tiene dos cuerpos, de los cuales uno es un cuerpo natural…, y en éste él está sometido a las pasiones y a la muerte como lo están los hombres; y el otro es un cuerpo político y sus miembros son sus súbditos, y él y ellos juntos componen una corporación y él está incorporado a ellos y ellos a él, y él es la cabeza y ellos son los miembros; y este cuerpo no está sujeto a las pasiones y a la muerte, pues con respecto a este cuerpo, el rey nunca muere” (Kantorowiz, 1953).
Así, por ejemplo, en Joseph de Maistre, pensador conservador y crítico de la Ilustración, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, la soberanía aparece justamente del lado opuesto al del constitucionalismo fundacionalista; marca, más bien, la distancia que existe entre gobierno y súbditos; entre el poder instituido antes y más allá del pueblo, y éste integrado por los sujetos gobernados. Las comunidades políticas deben estar bajo el gobierno de una autoridad capaz de someter bajo la disciplina más rígida a los hombres, pues de lo contrario, pensaba Maistre, se destruirían los unos a los otros, pues la humanidad tiende irremediablemente a su autoaniquilación. ¿O cree usted, se pregunta, que las grandes instituciones de la humanidad son construcciones racionales? No era ésta su idea, contrario como era a todo racionalismo constructivista.
Pensaba que “el principio de la soberanía del pueblo es tan peligroso que, incluso si fuera verdadero, sería necesario esconderlo”. Él mismo consideraba que esa idea era una fantasía más de la imaginación rousseauniana; más bien, creía que el pueblo debía ser controlado, sometido, subyugado incluso contra su voluntad en función de generar un orden y sostenerlo para seguridad de todos. Isaiah Berlin, el gran filósofo liberal, lo explica así: “…él subraya la estabilidad, la permanencia y la impenetrabilidad de la autoridad que pertenece a una masa oscura de memorias semiconscientes, tradiciones y lealtades, y el poder de las instituciones para obtener obediencia, especialmente en relación a lo sobrenatural. Pone gran énfasis en el hecho de que el gobierno absoluto solo tiene éxito cuando es aterrador, y temía y detestaba la ciencia precisamente porque arroja demasiada luz y con eso disuelve el misterio, la oscuridad, que es aquello que únicamente resiste el espíritu escéptico de indagación”. Y concluye diciendo: “en cierto sentido, entonces, Maistre es una suerte de precursor y temprano predicador del fascismo, y esto es lo que lo hace tan intersante” (Berlin, Freedom and Its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty, 2014).
Efectivamente, existe una corriente profunda del pensamiento conservador de derecha, emparentada dialécticamente con el pensamiento revolucionario, donde al pueblo-soberano-constituyente se opone el soberano-absoluto-instituido divinamente o en base a la tradición o a un esquema fáctico cualquiera de dominación. Una se mira en el espejo de la otra, y viceversa. Maistre ofrece una fuente prolífica al pensamiento conservador autoritario, cuyos ecos pueden escucharse también en pensadores y políticos chilenos como muestra Ruiz (1981). En cambio, no me parece razonable hablar —en sentido maistreano-berliniano— de que el candidato Kast exprese esa opción fascista, por extremamente conservadora y reaccionaria que ella pueda parecer a una sensibilidad liberal contemporánea.
Distinto también es el caso de otro pensador anti revolucionario, Edmund Burke, similarmente conservador pero con incorporación de principios liberales y sin el extremismo de Maistre y su lado más pesimista y oscuramente autoritario. Más bien, Burke se inclinaba hacia una suerte de monarquismo aristocrático, pues, escribe, “lo único que capacita a una persona para gobernar es la virtud y la sabiduría, demostradas o presupuestadas”. Aquel gobierno preferido por él era el de los establishments, identificados, según un comentarista, con las diferentes instituciones y estamentos que, como la Iglesia, los intereses monetarios, la nobleza terrateniente, los militares o la monarquía, existen desde hace siglos, dirigen el Estado y mantienen estable y equilibrada la constitución británica. Estamos pues aquí, de nuevo, en las antípodas del pensamiento racionalista (y romántico a la vez) que convierte al pueblo-soberano-constituyente en el último fundamento del poder.
En las condiciones actuales de una democracia liberal social, reflejadas en el ethos constitucional chileno —pronto veremos cuán cierto es esto— la derecha más conservadora e iliberal en la esfera moral-cultural enfrenta un serio reto. En efecto, le resulta difícil aceptar los elementos definitorios de la soberanía del pueblo constituyente, los que busca neutralizar mediante una concepción de ‘democracia gobernada’, no-gobernante, anacronismo que justifica como una reacción frente al extremismo octubrista y los amagos de un populismos de izquierda. Esta visión, sin embargo, la ha aislado dentro de la CC, incluso del resto de los grupos de derecha.
¿Dónde encuentran estos últimos la argamasa conceptual para construir una visión de sociedad que pueda dar lugar a un estatuto constitucional donde la soberanía popular pueda mantenerse, pero dentro de los límites de las ideas y los conceptos constitucionales de nuestros propios establishments como los llamaba Burke?
Los ejes centrales de dicha visión parecen ser tres. Primero, el reclamo de una prioridad absoluta para la sociedad civil, entendida como el espacio de lo privado y las familias, de la propiedad y los mercados, de la empresa y las corporaciones, de las tradiciones granulares devenidas costumbre, hábitos, ‘jerarquías naturales’, distinción de las maneras, dominación soft. Segundo, un papel del Estado limitado a las cuestiones de orden y seguridad, atención focalizada en los pobres—en la vieja tradición de la beneficiencia de origen religioso—y el apoyo subsidiario a la sociedad para reforzar sus estructuras históricas propias como la familia, la autoridad paterna, la religión y el culto, la educación de base doméstica, el patriarcado invisible y la unidad nacional. Tercero, una economía fundada combinadamente en el libre intercambio, el ahorro familiar, la acumulación virtuosa del capital, el derecho de herencia como continuidad patrimonial, y la protección del crecimiento, todo esto asentado (contradictoriamente) en las realidades de la globalización del capitalismo. Será difícil hacer prevalecer una visión tal en nuestro ordenamiento constitucional.
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Frente a la polaridad entre los conceptos revolucionario y contrarrevolucionario de soberanía y pueblo, se levanta la “paradoja de la democracia” que señaló Lefort: el poder es del pueblo y no es de nadie al mismo tiempo, porque el pueblo empírico, concreto, es diverso, no es uno sino múltiple. Otro politólogo francés contemporáneo, Rosanvallon, sostiene que la historia de la democracia está marcada por la tensión entre un pueblo-principio y un pueblo-sociedad; es decir, entre el principio político democrático de la soberanía del pueblo y el hecho sociológico del pueblo empírico. El pueblo no tiene consistencia sociológica, no es ni el pueblo de los establishments y las jerarquías del antiguo régimen, ni el pueblo construido por las demandas o que se erige a sí mismo en la revuelta. Así, el gobierno representativo vendría a ser una forma de resolver históricamente esta tensión; las elecciones sustituyen la sustancia (pueblo soberano) y la “voluntad general” se reduce a una expresión numérica, según el principio mayoritario.
Según la tradición del constitucionalismo democrático, ambos pueblos —el soberano y el electoral— están limitados, según expresa uno de los padres de esta teoría, Benjamín Constant:
“La soberanía sólo existe de un modo limitado y relativo. Donde comienza la independencia y la existencia individual se detiene la jurisdicción de esta soberanía. Si la sociedad sobrepasa esta línea, se hace tan culpable como el déspota cuyo único título es la espada exterminadora; la sociedad no puede rebasar su competencia sin ser usurpadora, ni la mayoría sin ser facciosa. El asentamiento de la mayoría no basta en todos los casos para legitimar sus actos; hay actos que es imposible sancionar; cuando una autoridad comete actos semejantes, nada importa la fuente de la que pretende emanar, nada importa que se llame individuo o nación. Le faltaría la legitimidad aunque se tratara de toda la nación y hubiere un solo ciudadano oprimido” (Constant, 1815).
En la actual situación chilena, podría decirse que este tipo de constitucionalismo democrático se inspira en el espíritu del noviembrismo, de la deliberación y los acuerdos. O sea, aquel que en noviembre de 2019 se expresó como un pacto político para detener la escalada de una revuelta en las calles y poner a rodar la maquinaria de transformación de los poderes constituidos. Así, éstos adoptaron la reforma constitucional que abrió paso a un plebiscito, el cual, una vez realizado, aprobó la institución de un poder constituyente, la CC, que, dentro de las facultades y procedimientos definidos por aquella reforma, le otorgan un poder derivado y acotado de expresar la soberanía popular.
De esta forma, la soberanía del pueblo, usando las mediaciones de la democracia representativa, creó un puente entre poder constituido y poder constituyente que deberá devolvernos la normalidad de un poder constituido, asegurando una continuidad de las instituciones que, junto con cambiar ellas mismas, dan paso a un nuevo marco constitucional. Si este complejo proceso resulta bien, en el camino habrán quedado—al menos por ahora—la reivindicación de una soberanía popular absoluta, pura y original, sin límites, que decide por sí un nuevo orden, y la propuesta populista de un pueblo tras un líder que se levanta contra las elites (establecidas) y define en su favor la situación estableciendo un nuevo círculo de poder (la elite legitimada por ese proceso). Asimismo, habrá sido sepultada la tesis de que el poder soberano debería expresarse de arriba hacia abajo, imponiendo la disciplina de los establishments sobre una democracia gobernada, domesticada.
La institucionalidad que emerge de un proceso constituyente democráticamente organizado debe cuidar adicionalmente que el juego de mayorías y minorías—siempre fluido como hemos podido observar durante los últimos años—funcione de forma tal de impedir que minorías activas puedan torcer la voluntad del pueblo soberano, ya sea en alianza con los poderes fácticos o bien a través de la seducción populista. Dicho en el lenguaje de check and balances de Madison:
“Los hechos y la experiencia enseñan que, apelando a la fuerza, una minoría puede erigirse en un factor de poder superior a la mayoría. Si la minoría acierta a incluir en ella a todos aquellos que poseen las destrezas y los hábitos de la vida militar y a todos aquellos que poseen los grandes recursos pecuniarios, un tercio podría bastar para hacerse con los dos tercios restantes. Un tercio de los que participan en la elección de los gobernantes pueden convertirse en una mayoría si consiguen sumar a aquellos cuya pobreza los excluye del derecho del sufragio. Que por obvias razones se mostrarán más proclives a seguir la bandera de la sedición que la del régimen establecido” (Madison, 1787).
Puesto en el lenguaje de hoy, el pueblo-elector, expresado en el marco de una división de poderes constituidos, debe prevalecer frente a cualquiera tentación de imponer una forma de soberanía revolucionaria, populista o autoritaria que signifique romper los complejos (y por cierto imperfectos) balances institucionales democráticos.
En suma, Chile se encuentra en una encrucijada histórica: el famoso momento constitucional. En él se entrecruzan diversas y contrastantes versiones del pueblo y la soberanía, los poderes constituidos y el poder constituyente, y se libra la inagotable lucha por dotar de legitimidad a esas versiones en pugna, otorgándoles el respaldo de una u otras de esas tradiciones de pensamiento también divergentes entre sí.
En una encrucijada tal, vale la pena tener presente la advertencia de un reciente estudio sobre los conceptos: “El hecho de que descripciones de la sociedad sean formuladas, testeadas, discutidas y desplegadas en momentos de creación constitucional no significa que la sociedad pueda ser totalmente accesible, conocida o regulada. Solo indica que la sociedad no es un hecho constitucionalmente dado, por así decirlo, sino un espacio inestable de posibilidades e imposibilidades constitucionales” (Rodrigo Cordero, 2021). Lo mismo puede decirse del pueblo y sus acepciones y de la soberanía y las suyas.
