En el ajedrez, son las blancas las encargadas de iniciar el partido y las negras de responder. Si analizamos la crisis en términos ajedrecísticos, podríamos decir que la violencia se encargó de las blancas y el gobierno de las negras.
El 18 de octubre, las blancas partieron con una jugada muy violenta, siendo la respuesta de las negras inesperadamente insuficiente y débil para bloquear posteriores ataques y creyeron que reforzando la defensa contendrían la ofensiva, bloquearían a las blancas y terminarían derrotándolas.
Pero no fue así. Las blancas continuaron al ataque y éste llegó a su clímax con la jugada del 12 de noviembre, lo que obligó a las negras a pensar muy bien su próxima movida, pues de resultar equivocada, podría terminar en jaque mate. Después de mucho meditarlo, optaron por un enroque, que les significó sortear el peligro inminente, con la esperanza que esa jugada les permitiría salvar el partido.
El enroque al que nos referimos es el que hizo el Presidente aquella noche del 12 de noviembre, cuando muchos esperaban que ordenara nuevamente estado de emergencia y salieran los militares a la calle. En lugar de aquello optó por ceder la Constitución por un compromiso por la Paz Social. Y así fue como en la madrugada del 15 de noviembre, se firmó aquel acuerdo que le pondría fin a la violencia, a cambio de una nueva Carta Magna.
La presión que tuvo muy tensionada nuestra democracia se liberó y el país amaneció al día siguiente con una gran cubierta blanca en la Plaza Baquedano que decía Paz. Ilusoriamente, se pensó que la crisis había pasado.
Lamentablemente la paz ofrecida fue solo una promesa instrumental, la que le permitió a la izquierda lograr lo que nunca imaginaron obtener en este gobierno, y a costo cero. El Presidente cedió, pero no obtuvo nada a cambio, porque la paz no llegó y los violentistas siguen en las calles riéndose de nosotros, como diciéndonos no es una nueva Constitución lo que nos motiva. Y quién los para, me pregunto, si cuando Carabineros logra detener a 62 de ellos provocando disturbios, la justicia inexplicablemente se encarga de liberarlos como inocentes palomas.
A 49 días del plebiscito del 26 de abril, y especulando que gana el Apruebo, en el Congreso se discute si el voto de los convencionales debiera ser secreto, para protegerlos de posibles funas o amenazas. Lo que olvidan es que sus nombres serían públicos, por ende, si continúa la violencia, podrían ser fácilmente blanco de los violentistas, por lo que un voto secreto no garantiza nada.
Pero lo que esa discusión nos está señalando es que existe un fundado temor entre los parlamentarios que, aún si gana el Apruebo, la violencia seguiría vigente, implicando un riesgo para los convencionales. Considerando aquello, pregunto, ¿qué legitimidad podría tener la Constitución que de allí surgiera, si las decisiones que se tendrían que tomar se adoptaran bajo coerción, por amenazas o funas a los convencionales o sus familias?
Hoy es mandatorio terminar con la violencia, lo que requiere que los tres poderes del Estado actúen pensando en el interés superior del país, dejando atrás sus propios intereses. El Gobierno, el Congreso y la Justicia tienen el deber ético, moral y constitucional de restituir el orden público, garantizar nuestra seguridad, detener y condenar a los violentistas y así poner fin a la insurrección.
Si el enroque fue paz social por una nueva constitución, es hora que la izquierda cumpla con su parte. Pero si la violencia no para, sería demasiado arriesgado para el futuro de Chile, seguir adelante con un enroque fallido.
