Dorothy Pérez, la ex subcontralora general, perdió la confianza de su jefe directo, el contralor Bermúdez, por el hecho de tener que declarar como testigo en el caso Fraude en Carabineros, aduciendo éste que no era conveniente que las autoridades estuvieran vinculadas a investigaciones penales. A continuación le solicitó la renuncia, dictando la resolución N° 21 del 22 de agosto de este año, en que declara la vacancia del cargo a partir del día 23, nombrando a continuación a María Soledad Frint en su reemplazo. La ex subcontralora resistió la resolución y presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, acusando un trato hostil y humillante de parte del contralor, el que fue acogido unánimemente por dicha instancia, ordenando su reincorporación al cargo que sustentaba, de subcontralora general, lo que ha provocado un conflicto grave e inédito en el país, y particularmente en la Contraloría General de la República.
La labor del órgano contralor es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, y tiene el objetivo de cautelar el principio de legalidad; es decir, verificar que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos. Dada su misión, es muy sorprendente comprobar que la Corte de Apelaciones haya considerado que “se configura en el despido de la subcontralora la infracción a la garantía constitucional según la cual nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, actuando en consecuencia el contralor en contravención a la Carta Fundamental (art. 6 y 7 de la Constitución)”.
Pero el problema no termina aquí para el Contralor, dado que la causal de pérdida de confianza y solicitud de renuncia a la subcontralora lo afecta igualmente a él, considerando que sería también citado a declarar en la misma condición que Dorothy Pérez, como lo informó el diario La Tercera el 1 de septiembre. Si el contralor considera inconveniente que autoridades vinculadas a investigaciones penales puedan mantenerse en el ejercicio de sus cargos, ¿qué justificaría que él continuara al mando de la CGR si fuera efectivamente citado en igual condición que Dorothy Pérez?
Bermúdez va a recurrir de apelación a la Corte Suprema. La pregunta es: ¿qué pasaría si dicha Corte ratifica el fallo unánime de primera instancia, que obliga a restituir en el cargo a la exsubcontralora? ¿Cómo podría continuar si se reitera que su decisión de despido contravino la Constitución y la misión de la CGR es justamente cautelar el principio de legalidad?
Este conflicto es de extrema gravedad y no puede ni debe continuar indefinidamente, pero creo que el fallo de la Suprema no lo resuelve, porque si ratifica la sentencia anterior, Bermúdez queda en una posición imposible. Si la Suprema lo favorece, pero al mismo tiempo es citado a declarar como testigo en el caso Fraude de Carabineros, siendo consecuente con su propio criterio, tendría que renunciar. Así las cosas, el Contralor está en jaque y pronto sabremos si decide o no botar el rey.
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