En 1983, el régimen del apartheid en Sudáfrica remozó su poder legislativo y se abrió a que los dos grupos raciales segregados hasta ese momento fueran incorporados a la labor parlamentaria. Creó entonces un parlamento tricameral, la House of Assembly para la población blanca, la House of Representatives para la población negra y la House of Delegates para la población de origen indio. Pese a ser ideada como chaleco salvavidas ante las críticas occidentales, la reforma legislativa sólo se transformó en un acicate más contra el oprobio. 10 años más tarde llegó lo inevitable y, bajo la conducción serena de Frederik de Klerk y de Nelson Mandela, se logró el desmantelamiento del apartheid.
Interesante resulta examinar por qué esa reforma intentada por los boers resulta clave tanto para reflexionar sobre las sinuosidades de la representatividad en el contexto de las modernas democracias occidentales, como sobre las tribulaciones institucionales del Chile de 2022.
Ocurre que los boers, sometidos a fuerte presión externa, decidieron reformar el régimen teniendo en consideración parámetros propios de la idea occidental de democracia y, por lo tanto, descartaron cualquier forma de representatividad autóctona. No fue por simple capricho. Al sentirse depositarios de tradiciones occidentales, consideraron inapropiado cualquier ejemplo extraído fuera de su marco cultural, como eran los zulúes, xhosa u otros pueblos ancestrales.
En su elección colisionó, por un lado, su bagaje cultural (los boers descienden de una nación inserta a plenitud en la modernidad occidental) y, por otro, su tentación a mantener un régimen segregado racialmente. Por eso, la House of Assembly siguió legislando sobre las materias claves para la marcha del Estado, en detrimento de las otras dos, cuya participación se limitó a cuestiones irrelevantes.
En un inútil esfuerzo por conjugar ambos elementos, intentaron aplicar de forma separada para cada una de las cámaras el principio “una persona, un voto”. Votaron todos; blancos, negros e indios. Sin embargo, esto no satisfizo a las democracias occidentales por no responder al esquema de régimen multipartidista integral. Fue un experimento sin competencia real entre todos los candidatos.
La lección suprema que emana entonces de esta reforma se condensa en la cuestión de cómo Occidente entiende una democracia, lo cual, como se sabe, ancla en la idea de igualdad de todas las personas. Esto significa que un candidato es igual a los demás y que el voto de cada quien tiene el mismo valor que el de sus congéneres. Por eso, tras el colapso del apartheid en 1993, se asumió que eran intolerables las diferencias por proveniencia étnica y/o territorial, por apariencia racial, por credo religioso, por orientación sexual o cualquier otra. “Ser igual” es inherente a la condición humana. Punto.
Curiosamente, ya de lleno en el siglo 21, asistimos en este alejado rincón del mundo al renacimiento de inicuas diferenciaciones étnico-raciales. Todo ello en nombre de un presunto ensanchamiento de la democracia. No podemos negar que, según se desprende de los mecanismos ideados, estamos en presencia de una insólita muestra de creatividad, la cual debe estar desatando la envidia de quienes intentaron la fallida reforma del apartheid.
Esta maravilla ladina, llamada por estos parajes plurinacionalidad, es uno de los instrumentos políticos más ocurrentes y perversos desarrollados en las últimas décadas. Ocurrente, pues consigue entusiasmar a un cierto número de incautos; curiosamente de manera mayoritaria entre los autoconsiderados no-indígenas. Perverso, por muchas otras razones, pero principalmente por su impacto político, al elevar de manera arbitraria la ponderación del llamado voto ancestral. De un plumazo la plurinacionalidad borró la igualdad y persuadió a parte de la opinión pública que el país tomaba rumbo hacia una nueva utopía. Hacia una indofanía.
Probablemente la tergiversación más fuerte ocurrió en la elección de constituyentes. En ella, una candidata no ancestral alcanzó su escaño en la Constituyente con 85 mil votos, mientras que 17 candidatos -autodenominados ancestrales– consiguieron sus respectivos escaños sumando módicos 89 mil votos. La tergiversación radica en una arbitraria adjudicación de escaños reservados para etnias ancestrales, con el ingrediente adicional que bastaba que cualquier candidato se autoconsiderase ancestral. Qué ingenioso mecanismo para medir la representatividad debe estar pensando Pieter Willem Botha en su tumba.
Pero no debiera extrañar. Las tergiversaciones son cuestiones más bien bizantinas y algo estériles para el objetivo político de instaurar un régimen plurinacional. En esa línea, son completamente accesorios los avances de la arqueología que hacen incontrovertible la movilidad de las personas por todo el planeta, lo cual impide, objetivamente, adjudicarle a uno u otro grupo humano el carácter de originario de alguna parte específica del mundo. Tampoco interesa mucho la profusa documentación respecto a la llegada de las tribus mapuches al Chile central sólo muy pocos siglos antes que los españoles. Que la cualidad de ancestral sea algo más que imprecisa, es secundario.
Enseguida, el círculo de la plurinacionalidad se cierra haciendo caso omiso del fuerte carácter mestizo de los habitantes de este país, pese a ser algo obvio para quien observe durante unos breves minutos a transeúntes de cualquier ciudad o villorrio. Descarta la evidencia respecto a una natural combinación de genes de muchos lugares, siendo predominantes el indígena y el europeo. Por eso dejó de lado lo que la ciencia hubiese recomendado: un catastro de ADN de la población chilena. Dicha base científica habría facilitado un acuerdo político mínimo para establecer con objetividad un determinado porcentaje de cada individuo, a partir del cual fuese aceptable la condición de first nation. Superar las subjetividades no esté entre sus prioridades.
Esto sugiere que, en el fondo, la idea de plurinacionalidad no va más allá de un simple recauchaje del viejo precepto leninista de recurrir a métodos diversos para “conquistar el poder”, como escribió el camarada Lenin en su Estado y Revolución. La plurinacionalidad aconseja utilizar la expresión pueblo ancestral en reemplazo de clase obrera. Por eso, sus promotores, igual que antaño, se ven como un ejército catequista propagando la nueva fe -esta vez la del indigenismo ideologizado- y siguiendo el camino de su apostolado, en pos de la demolición del orden existente. Burgués en los años 60 y 70; neoliberal hoy en día.
Las nuevas indofanías, como las describió Enrique Krauze, no son más que aventuras de dimensiones incalculables para la ya debilitada salud democrática de América Latina. No sólo por reverenciar sociedades arcaicas, que en el caso nuestro rozaban el nomadismo y carecieron de la más mínima experiencia de organización política. También, por su sesgo demagógico, el cual inocula ese virus llamado apartheid, letal para las prácticas democráticas acostumbradas entre los chilenos, las cuales emanan de la tradición europea liberal occidental y no de ritos totémicos ni adoraciones tribales.