Institucionalidad en jaque

Chile ha sido reconocido internacionalmente por la calidad de sus instituciones. La institucionalidad de Chile incluye un amplio conjunto de entes autónomos en diversos grados que han contribuido y deben contribuir de manera decisiva a la formulación de políticas públicas coherentes, asegurar el Estado de Derecho, fiscalizar o vigilar la conducta del sector público o privado en materias que les competen:

El Banco Central se ha ganado un espacio de autonomía institucional reconocido;

La Contraloría General de la República ha sido y es un pilar en la defensa permanente de la honestidad y legalidad de la Administración Pública. La contralora Dorothy Pérez y todo el equipo de 2000 personas que trabajan en la Contraloría son un orgullo y una garantía para Chile; 

El Tribunal Constitucional es el árbitro de última instancia que requiere la discusión constitucional;

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) es un organismo técnico e independiente que ayuda a cuidar la salud de las finanzas públicas de Chile. Su tarea es revisar si el Gobierno está cumpliendo la regla fiscal, analizar las proyecciones económicas y advertir riesgos como un exceso de deuda o gastos que no sean sostenibles en el tiempo. No decide cómo se gasta el dinero, pero sí entrega evaluaciones y recomendaciones para que el manejo de los recursos del Estado sea responsable, transparente y creíble. Estas instituciones funcionan muy bien, y eso es importante.

La justicia

La reciente caída de la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco envuelta en la “trama bielorrusa” es de una tremenda gravedad, siendo lo más grave que ha ocurrido en la Corte Suprema. Se venden fallos. Hay alguien que compra los mismos. Esto contamina a una sociedad. Quedará ella en la historia, por ser la primera ministra de la Corte Suprema en prisión.

Han caído además muchos jueces. El tráfico de influencias y las tramas ocultas abundan. El Poder Judicial esta dañado y esto destruye una sociedad. Una gran cantidad de anomalías, operadores y lobistas judiciales reflejan el grave deterioro de la justicia

La corrupción

Hace pocos días, un tribunal formalizó a Alberto Larraín y otros cuatro imputados por fraude al fisco consumado, tras órdenes de detención y medidas cautelares dictadas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La formalización se produjo en el marco de una extensa investigación judicial que busca esclarecer el destino de fondos públicos gestionados por la Fundación ProCultura, incluidos proyectos financiados por ministerios y gobiernos regionales. La causa ha implicado también el análisis de múltiples convenios por irregularidades administrativas y contables, llevando a la Fiscalía a solicitar diligencias de mayor complejidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Las finanzas públicas

El Gobierno reconoció  el jueves pasado que el déficit fiscal de 2025 llegó a 2,8% del PIB, cuando la Dirección de Presupuestos (DIPRES) había proyectado cerca de 1%. No estamos hablando de una desviación menor. Estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares de gasto adicional. Dinero público. Dinero de los chilenos. Estos no son simples errores técnicos. Son decisiones, proyecciones mal hechas y compromisos de gasto asumidos sin respaldo permanente. Y eso, en finanzas públicas, siempre termina pasando la cuenta.

El desprestigio de la DIPRES es total. Ha cometido una gran cantidad de errores estos últimos tres años. Con los dineros fiscales.

El próximo gobierno asume el 11 de marzo con esta situación. El designado ministro de Hacienda Jorge Quiroz manifestó con claridad, junto a todas las fuerzas opositoras al gobierno, que su objetivo es recuperar el prestigio institucional que tuvo la Dirección de Presupuestos (DIPRES) durante tantos años. Ejemplo a nivel mundial.

Además, el gobierno actual intentó presentar como buena noticia la disminución de la deuda pública. El ministro de Economía Nicolás Grau destacó la baja como si se tratara de una mejora estructural. Pero no lo es. Parte importante de esa reducción responde a un efecto tipo de cambio. No debemos menos: el peso se movió. Es contabilidad, no solvencia.

Mientras tanto, el déficit real sí creció. Y el déficit es gasto que se financia con deuda futura.

La tendencia es lo más preocupante. Más grave que la cifra puntual, es la tendencia de las cuentas fiscales, y esa tendencia no es buena.

La regla fiscal chilena se basa en el balance estructural, un mecanismo que busca aislar las cuentas públicas de los vaivenes del ciclo económico y del precio del cobre. En lugar de gastar según los ingresos efectivos de cada año, el Estado calcula cuánto puede financiar de manera sostenible en el tiempo, usando estimaciones de largo plazo para el crecimiento de la economía y el valor del cobre. Esa lógica permitió durante años ahorrar en períodos de bonanza, endeudarse con respaldo en tiempos difíciles y construir una reputación internacional de responsabilidad fiscal. El problema es que, en los últimos años, el gasto permanente ha crecido más rápido que los ingresos estructurales y se han utilizado holguras transitorias como si fueran permanentes, lo que tensiona la trayectoria de la deuda y debilita la credibilidad de la regla.

Que se hayan excedido en el gasto aumentando el déficit, considerando el alto precio del cobre durante este año, quiere decir que gastaron más y que se debe investigar.

En ese engranaje, la Dirección de Presupuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda, cumple un rol decisivo como cerebro técnico de las finanzas públicas. No solo elabora el Presupuesto, sino que coordina los parámetros clave que determinan el espacio de gasto, monitorea la ejecución fiscal y actúa como contrapeso técnico frente a presiones políticas de corto plazo. Su fortaleza institucional, junto con la vigilancia del Consejo Fiscal Autónomo, es lo que permite que la regla fiscal sea algo más que una declaración de buenas intenciones. Sin una DIPRES sólida y escuchada, la disciplina se erosiona gradualmente, y en un país pequeño y abierto como Chile, esa pérdida de ancla puede traducirse en menor confianza, mayor costo de financiamiento y ajustes más dolorosos a futuro.

Por otra parte, el crecimiento ha sido magro, y eso debilita los ingresos permanentes del Estado. Al mismo tiempo, el gasto permanente ha crecido más rápido que los ingresos estructurales. Eso obliga a financiar gasto permanente con deuda, manteniendo presión constante sobre las finanzas públicas.

El endeudamiento aún es manejable, pero la trayectoria preocupa. No se puede seguir financiando políticas permanentes con ingresos transitorios, como ocurrió cuando subió el precio del cobre. Esa holgura se gastó como si fuera permanente, y hoy vemos las consecuencias.

El ministro de Hacienda designado, Jorge Quiroz, fue claro al señalar que esta desviación fiscal agrava la emergencia que deberá enfrentar el próximo gobierno. Junto a la oposición, transmitió una señal de responsabilidad: el ajuste será necesario, pero no se verán afectados ni la reconstrucción de las viviendas destruidas por los incendios del sur, ni los programas sociales.

Ese es el punto central: ordenar las finanzas públicas no es un gesto ideológico, es una condición para proteger los bienes sociales. Cuando el Estado se desordena, termina recortando donde más duele o endeudándose a costos crecientes.

El próximo gobierno no recibe un país en crisis explosiva, pero sí uno más frágil y con menos margen de error:

• Crecimiento promedio bajo en los últimos años

• Inversión privada debilitada

• Productividad estancada hace más de una década

• Espacio fiscal estrecho

• Alta presión por gasto social en pensiones, salud, educación y vivienda

• Mayor demanda de recursos en seguridad

Estamos a pocas semanas de que estos problemas dejen de ser “del gobierno saliente” y pasen a ser responsabilidad directa de la nueva administración. Habrá que hacerse cargo. Y esto requiere a la actual oposición unida, para recuperar el prestigio institucional de Chile.

La pieza que falta: crecimiento

Pero ningún ajuste será suficiente si Chile no vuelve a crecer. Y aquí la mirada de Jorge Quiroz es consistente: el problema económico de Chile no es solo fiscal, es de bajo crecimiento estructural.

Chile dejó de crecer a tasas altas no por falta de gasto público, sino por menor inversión, exceso de trabas regulatorias e incertidumbre política y jurídica.

Hoy invertir en Chile es cada vez más difícil, incluso para proyectos que cumplen la ley. Hay exceso de judicialización, permisos ambientales interminables, superposición de agencias e incertidumbre regulatoria. Sin destrabar la inversión en minería, energía e infraestructura, no habrá salto de crecimiento.

Todo lo que se describe más arriba, finalmente tiene que ver con la desazón y expectativa de los ciudadanos, y esto es lo grave de quienes se han llevado dineros mal habidos, de quienes trafican influencias y de quienes gobiernan sin un conocimiento cabal de su responsabilidad. La institucionalidad del país y por ende la calidad de la democracia para construir un Chile mejor para todos requiere restaurar confianzas.                                                                                                                                      

El desafío de fondo es más profundo que cualquier coyuntura o polémica pasajera. Se ha ido perdiendo la confianza en las instituciones llamadas a sostener nuestro pacto social, en los espacios de intermediación entre las personas y el Estado, en quienes nos rodean y, de manera silenciosa pero peligrosa, también en nosotros mismos como comunidad.

Y sin confianza, la democracia se debilita. Confiar no es ingenuidad, es reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra interdependencia, sabernos necesitados de otros para que la vida en común sea posible. Cuando esa base se erosiona, la política deja de ser un espacio de encuentro y se transforma solo en sospecha, confrontación y cálculo. Entonces la incertidumbre y el miedo ocupan el lugar de la necesaria cooperación de la que nos habla Yuval Noah Harari en su Homo Sapiens, y las sociedades se vuelven frágiles.

En un mundo ya cargado de tensiones e incertidumbres globales, Chile no puede seguir profundizando esa fractura interna. Más que la crítica automática, esa que convierte cualquier decisión en motivo de reproche, lo que hoy se necesita es responsabilidad, mesura y una voluntad genuina de re-construcción. Porque sin confianza, sin instituciones sólidas, no hay seguridad que alcance, no hay crecimiento que se sostenga y no hay proyecto común que resista. Como escribió Albert Camus, la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo todo al presente.