Mientras la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, estaba preocupada de sacar adelante el proyecto de las 40 horas y después de eso el de reforma previsional, en los primeros siete meses de este año se perdieron 500 puestos de trabajo a raíz de la violencia en la Macrozona Sur.
El sector forestal genera 121.000 empleos directos y más de 180.000 indirectos, representando un ámbito laboral para muchas personas que viven La Araucanía. Sin embargo, desde hace década, pero con más fuerza durante los últimos cinco años, esos empleos se han visto amenazados por la violencia proveniente de grupos organizados que se encuentran en conflicto con el Estado y de aquellos que se dedican al negocio ilegal de la madera. La usurpación violenta, ya sea para ejercer control territorial o para robar la madera del predio, ha tenido consecuencias importantes en el desarrollo de esta industria nacional. Seguros cada vez más inalcanzables y miedo en la realización de las labores diarias los ha llevado a cambiar las rutinas, a tener que prepararse para un ataque e incluso a dejar los trabajos.
En ese contexto, no hay 40 horas ni reforma previsional que valga. El problema de fondo es la seguridad de los trabajadores que desempeñan labores en la Macrozona Sur, un tema que la ministra del Trabajo debería tener como prioritario.
Desde Santiago es difícil comprender la dimensión real de la violencia, pues el hecho debe ser de considerable gravedad para que tenga cobertura nacional. Si bien es de importancia conocer esos acontecimientos, para poder acercarse un poco a lo que viven esos trabajadores es necesario considerar que los ataques son permanentes, es decir, cada día que salen a trabajar están expuestos a ser atacados.
Entre enero y mayo de este año la Macrozona Sur acumulaba el 81% de los hechos de mayor connotación contabilizados el 2022. En ese contexto, los atentados contra maquinaria y equipos aumentaron casi el 60% con respecto al año pasado. Por ello, cuando el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales afirma que el gobierno está incumpliendo el convenio 187 de la OIT, tiene toda la razón, pues a través de éste el Estado debe promover la seguridad en el trabajo mediante políticas, programas y sistemas que busquen prevenir accidentes y muertes.
La Ley de Robo de Madera fue un avance, pero por sí sola no soluciona el problema, ni siquiera el de la economía ilegal entorno al sector forestal. La Ley de Usurpaciones sería otro paso. Sin embargo, para avanzar se requiere de una voluntad política que hasta el momento no se aprecia. El éxito de las herramientas legales dependerá de la rapidez para diseñar los reglamentos y de la ejecución de éstos. Es ahí donde se esperaría que la ministra del Trabajo muestre el mismo entusiasmo con el que promovió la Ley de 40 Horas para impulsar medidas de seguridad laboral para los trabajadores del sur.
Es hora de que la coalición que dice preocuparse por los trabajadores haga realidad esa preocupación e impulse medidas para todos ellos, en especial para quienes sufren a diario los embates de la violencia.
