Los jardines, colegios, liceos, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica y las comunidades que lo componen no son entidades separadas de la sociedad. Ni siquiera son tan fáciles de distinguir: son muy pocas las personas que no tienen un vinculo directo con alguien que se está educando, si es que no se están educando ellos mismos. Es por esto que los problemas de la sociedad son los problemas del sistema educativo, y viceversa.
Como lo hacen notar las encuestas de opinión, los medios de comunicación, las redes sociales, la discusión pública y las campañas políticas, el problema que ocupa la mayor parte de nuestra preocupación es la seguridad. Y, por consiguiente, esto golpea al sistema escolar. Este problema tiene muchas aristas, y confundirlas no ayuda.
Hay problemas de convivencia escolar dentro de los colegios que uno podría clasificar como de seguridad. Cuando fenómenos como el bullying (digital o no) no tienen un seguimiento y control apropiado por parte de directivos y profesionales de la educación formados para ello, pueden derivar en problemas de violencia y salud mental muy graves. Cuando se observan situaciones de violencia física virulenta involucrando estudiantes, profesores u apoderados, se trata de un fenómeno distinto, en que el colegio, en sí mismo, tiene menos herramientas.
También tenemos casos en que instituciones del sistema educacional son usadas como plataformas para la violencia política, con distintos grados de organización, lo que termina casi siempre afectando a los estudiantes. Hemos visto su forma más anárquica y descarnada en la tragedia del INBA, pero no olvidemos las protestas de 2011, de las cuales nuestras autoridades fueron protagonistas, usando la coerción y la violencia para tomarse instituciones, evitar clases y así aumentar su visibilidad pública y empujar su carrera política.
Luego tenemos problemas de seguridad relacionados a la delincuencia. La semana pasada se reportaron en la prensa al menos cuatro robos graves a colegios, muchos reiterados, en varias regiones del país. Algunas veces hemos visto la ocurrencia de delitos dentro de los establecimientos. En esta materia se han visto noticias de porte de armas (y uso), uso y tráfico de drogas, agresiones armadas a docentes y estudiantes, y ahora último, amenazas de tiroteos. El extremo de esta situación se observó el año ante pasado, cuando fue necesario suspender clases en colegios por la ocurrencia de funerales relacionados al narcotráfico.
¿En qué se distinguen estos fenómenos? En el primer caso, se trata de problemas propios de la convivencia escolar. Son las escuelas las llamadas a responder a ellos, y el rol del Estado, en su tarea de asegurar el derecho a la educación, debe establecer los criterios mínimos de convivencia que aseguren el resguardo de los derechos de todos, y proveer los recursos necesarios para su implementación dentro de la escuela. Lo primero ya existe, lo segundo, no. De hecho, el Ministerio de Educación tramita un proyecto de ley sobre convivencia, que no incorpora ningún recurso adicional.
En el segundo caso, se trata de un problema social profundo. Nos guste recordarlo o no, existen sectores que validan la violencia como forma de acción política. El llamado estallido social lo expuso con claridad. Mientras quienes defienden la democracia no consigan contrapesar a quienes piensan que la violencia y los jóvenes pueden ser usados para impulsar agendas políticas (aunque compartan su agenda y objetivos), esto continuará.
El tercer caso, se trata de un problema policial y de Estado de Derecho. Colegios y universidades debe tomar resguardos, sin duda, pero similares a cualquier institución. No pueden convertirse en tribunales o en fiscalías, y estar a cargo de investigar y sancionar. Si el Estado es incapaz de asegurar una estructura seguridad mínima, lo que ocurre es que los colegios pasan a desviar sus recursos desde la calidad hacia la seguridad. Que entren a robar a los colegios no es inocuo para la calidad de la educación. Lo que se gasta en guardias o detectores de metales no se gasta en libros. La ineficiencia del Estado le está costando caro a la educación de los niños.
