Que es necesario dialogar, sin duda. Y “hasta que duela para poder sacar adelante todos los acuerdos que vayan en beneficio del pueblo”, también. Pero asegurar frente a reuniones de lobby no registradas como tales que “acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley”, ¡jamás!
Al pan, pan, señor Presidente. Seis de sus ministros participaron en reuniones privadas con empresarios en la casa de un lobista profesional y ninguno las registró en la plataforma para ello, a pesar de que existe una ley promulgada en 2014, la 20.730, que lo exige en primerísimo lugar a los ministros, cuando como autoridades conversan con grupos de interés sobre materias reguladas por la ley, al margen del lugar y que sea o no remunerada. En el último caso, se trata de “gestión de interés particular”, pero igual se registra. Y a pesar de las múltiples otras excusas de los secretarios de Estado para no anotar en Infolobby las comidas, aun cuando no exista el propósito de influir en los funcionarios, si no se trata de una actividad pública, también deben declararse.
Sin duda que la orden de dialogar a ministros y parlamentarios oficialistas (aunque asistió un par opositor) la dio el propio Gabriel Boric, como lo reconoció él (“el mandato que he dado al gobierno y sus colaboradores es reunirse con todas las actorías para lograr acuerdos”. Pero junto con eso, defendió como impecable la informalidad, a pesar de que constituye una flagrante transgresión a la transparencia que garantiza la probidad y la igualdad de trato frente a una autoridad con poder decisorio.
¿Quién puso la regla de no hacer visible esas comidas en un domicilio particular? Seguramente, también el propio Mandatario. Inentendible cuando es de los mismos que desde Bachelet 2 pusieron término al diálogo gobierno-oposición, estigmatizando como “cocina”, a espaldas de la gente, la búsqueda de acuerdos para la reforma tributaria en 2014 en la casa del senador Andrés Zaldívar.
Pero entonces la prensa dio cuenta de esas reuniones. Esta vez se trató de comidas no informadas a la ciudadanía, que no se registraron ni antes ni después, lo cual siempre es posible hacer. Lo que está claro es que la orden de no informar el lobby, convocado por un profesional inscrito en el registro de lobistas, no la dio el dueño de casa, el UDI Pablo Zalaquett, sino alguien a quien los ministros debían obediencia. ¿No se querían transparentar los encuentros a la gente o más bien se buscaba ocultarlos del «Alma 2», la propia coalición del Presidente, quien sigue en la lucha dura contra los empresarios y cualquier atisbo de negociación civilizada?
Pareciera que por ahí va la cosa, porque las críticas del oficialismo se dispararon desde el propio partido del Presidente, Convergencia Social. También de RD y el Partido Comunista. Es decir, de su coalición, quiebre que se repite en todas las actuaciones donde es Boric solamente quien se ha dado vuelta de carnero, pero no sus adeptos del 30% de respaldo.
Razón tienen ellos para sospechar cuando el propio Mandatario, al presentar el proyecto de permisología, llamó al Congreso “a no ponerse creativos”, como si existiera ya un acuerdo previo que no debe torpedearse.
Y razones hay cuando a estas reuniones ocultas asisten ministros como Jeannette Jara, que está tramitando la reforma previsional, o los ministros de Economía y de Medio Ambiente, que lideran la agenda antipermisología que presentó esta semana Boric. Incluso Nicolás Grau y Maisa Rojas se juntaron con salmonicultores antes que el gobierno ingresara la ley de pesca.
Pero la verdad es que, a pesar de la interacción de las autoridades con empresarios, poco parecen haber influido éstos. No obstante las tres reuniones a las que asistió Jeannette Jara, una de las cuales, con ejecutivos de AFP, la reforma que presentó la ministra comunista, por enésima vez, no varió en nada respecto a instalar el sistema de reparto en Chile para apropiar al Estado de las cotizaciones de los trabajadores, y eliminar a las AFP.
Sean cuáles sean las intenciones del Presidente con la posible orden al oficialismo de realizar estas reuniones sin informar a la opinión pública, está claro que este gobierno tiene un problema sistemático con la transparencia. No le gusta informar los datos sobre los cuales resuelve sus decisiones (tasas de reemplazo de los jubilados con el sistema de AFP, evasión tributaria real, resultados de la PAES, condenados beneficiados con pensiones de gracia e indultos, entre otras). Tal vez, por ello le acomoda tener paralizado el Consejo para la Transparencia que está a cargo de supervigilar esta materia en los órganos estatales. No es casual que no haya propuesto al Senado los nombres para reemplazar a los dos, de los cuatro miembros, que cumplieron su período (Francisco Leturia) o se incorporaron al gobierno (Gloria de la Fuente).
Esta es una administración especial. Una que se acomoda con el diálogo informal, sobre el cual no tiene que dar cuenta, y desprecia la transparencia y los acuerdos institucionales. Por eso no saca adelante sus reformas.
Bien