Si recordamos que el Gobierno pretendía refundar Chile y para eso esperaba que se aprobara el mamarracho para ejecutar su programa, donde se planteaba terminar con el modelo, con el extractivismo y hacer del Estado el controlador de toda la actividad económica del país, surge la duda si los graves errores de las últimas dos semanas obedecen sólo a una absoluta incompetencia o detrás de ellos hay una intencionalidad de dejarle problemas al próximo gobierno a fin de que no sea exitoso y eso les facilite el volver al poder en cuatro años más.
Partiendo por el FES, el gobierno lo consideraba un activo financiero y la razón para ello es que con esa definición no se afectaría el balance estructural ni la deuda pública al considerarse contablemente bajo la línea. Pero, tal como lo advirtió el CFA y lo refrendó la CGR esta semana, el mecanismo propuesto por Hacienda no es realmente un activo financiero por la incertidumbre en la recuperación de los fondos -los que dependen de los ingresos futuros de los egresados- sino que se debe considerar como gasto fiscal y contabilizarse sobre la línea, con lo cual sí tiene implicancias en el balance fiscal estructural y en la deuda pública. De acuerdo con Acción Educar, el proyecto FES le saldría casi US$1.000 MM más caro al Tesoro Público, acotando además que se trataría sin duda de un impuesto.
Lo que hay detrás de todo el tema FES es que el gobierno quiere el control de las universidades privadas lo que para muchas de ellas sería el fin de su existencia porque el Estado les fijaría el costo de las carreras. Por algo les exigió que se le entregara el sueldo de todos los docentes que laboran en ellas y no sería de extrañar que quieran terminar con el sistema privado de educación universitaria, así como prohibieron la fundación de nuevos colegios subvencionados.
Pero más grave aún, es lo ocurrido con la Ley de Presupuestos 2026. El 28 y 29 de este mes, sesionó la Comisión Mixta Especial de Presupuesto, instancia que rechazó casi todas las partidas presupuestarias; entre ellas las de Transporte, Ministerio Público, Defensa, Seguridad, Deportes, Culturas, Mujer, Minería, Salud, Trabajo, Agricultura, Interior, Gobiernos Regionales, Relaciones Exteriores, Justicia, Medio Ambiente, Energía, Obras Públicas, Economía, Desarrollo Social, Vivienda, Educación, Hacienda y el Tesoro Público.
Esto se debió a la falta de información sobre los gastos comprometidos para el próximo año, particularmente en materia de remuneraciones del sector público que el Ministro Grau no estuvo dispuesto a entregar, pero además porque las proyecciones de ingresos del Gobierno descansan sobre supuestos optimistas y con alto grado de incertidumbre, lo que ha sido habitual en las estimaciones de la Dipres, que han impedido el cumplimiento de las metas fiscales cada año.
A todo esto, el sector privado se reunió el miércoles pasado para afrontar la preocupación que sectores como minería, forestal, construcción, pesca y acuicultura tienen respecto de la aplicación de la ley de Servicio de Biodiversidad y áreas Protegidas, pues consideran que podría congelar la actividad económica, ya que las restricciones podrían prohibir desde remover tierra hasta realizar acciones en 3,9 MM de hectáreas que equivalen a prácticamente el 5% del territorio nacional, pese a contar con los permisos y las resoluciones de calificación ambiental.
Junto a todos estos problemas, se añade una permisología ideológica que tiene paralizados US$100,000MM de inversión en diversos proyectos, entre otros Dominga y logró que US$110.000MM de inversión chilena se fuera del país para no volver.
Todo este cuadro más otros errores, graves errores, como el de las cuentas de luz y el Simce, permite cuestionar si el gobierno es realmente incompetente o lo que hay detrás es intencionalidad para que el próximo gobierno no tenga éxito y eso les facilite volver al poder en 2030. El tiempo nos dará la respuesta.
Exacto, así es