Desde el 18-O en adelante se han exacerbado de manera grotesca el estado ilusorio y las afiebradas fantasías en nuestro país. Desde creer que la violencia es el medio para mejorar los abusos, las rentas, la seguridad y la provisión de bienes públicos hasta pensar que una nueva Constitución arreglará los problemas causados por la inoperancia de la justicia y el propósito de un sector político de refundar el país; todas eran quimeras. La lista es larga y vale la pena ahondar en ella porque estamos en una etapa clave para que el desplome de las ilusiones pavimente un camino de retorno hacia el realismo y con él la ruta del crecimiento económico, fortalecimiento de la democracia y mejora sustantiva de la seguridad pública.
Una ilusión es, según la RAE, una “imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos”. El Caso Convenios ha generado una de las desilusiones más profundas de los últimos años en aquella parte de la ciudadanía que creyó en el discurso de la superioridad moral, la nobleza de la juventud y el amor a Chile del actual gobierno. Aún no sabemos cuál va a ser el efecto que meses de exposición a una lista interminable de fraudes, robos de computadores, celulares y declaraciones impresentables, va a tener en una ciudadanía convencida de que, hace tiempo, todos los políticos andan en malos pasos. Quizás muchos se conformen y digan, “más de lo mismo”, esperando que surja el Bukele chileno que barra con una casta deplorada en todas las encuestas, a excepción del Partido Republicano, cuya juventud le otorga el beneficio de la duda, pero no el beneficio de convertirse en la nueva esperanza para chilenos cansados de tanta decepción. ¿Cómo podríamos pavimentar un mejor futuro a partir de la desilusión descrita?
El Caso Convenios debiera servirle a la oposición para explicarle a la ciudadanía que el dinero ganado con esfuerzo por ellos, una vez en manos del Estado, tiende a despilfarrarse de forma grotesca y que eso es ¡injusto! La peor de las desigualdades puesto que implica, en los hechos, la esclavitud de quienes trabajan gratis para sostener a los corruptos. En este marco cada nueva noticia respecto a la malversación de fondos públicos debiera servir al desplome de la estatolatría, ese amor por la idea de que el Estado resolverá nuestros problemas; otra ilusión que impregna el imaginario nacional, asegurando el éxito político de la extrema izquierda.
Lamentablemente, no vemos a la oposición -salvo excepciones- hacer bien la pega. La propuesta del pacto fiscal, por lo demás inconstitucional, no prende las alarmas. Tampoco la crítica situación de Codelco, empresa cooptada por operadores políticos, cuyos excedentes son la mitad de los de la minera privada del grupo Luksic. La lista de empresas estatales fracasadas es larga y la ineficiencia de los servicios públicos estatales, desde la salud a la educación, intolerable. A pesar de esta realidad, curiosamente, la condena al lucro, la envidia provocada por una “intolerable” desigualdad y la ilusión puesta en un Estado más grande como el propuesto por la Comisión Expertas, siguen incólumes.
Es entonces cuando uno tiende a pensar que la oposición no sabe dar la batalla cultural o no entiende que el destino de Chile sólo puede ser el socialismo del siglo XXI, si la ciudadanía no termina por comprender que un Estado más grande sólo deviene en más injusticia y corrupción.
Otra gran desilusión ha sido provocada por el proceso constitucional. A estas alturas la gente ya entendió que ningún conjunto de reglas va a resolver problemas como la seguridad o la calidad de la educación. La apatía y el rechazo en torno a la continuación ilegal e ilegítima del proceso, tras el 4 de septiembre, se manifiesta en las encuestas y predicen un nuevo triunfo del rechazo en diciembre. En contraste con el ciudadano de a pie, quienes siguen afiebrados por la quimera constitucional son los miembros de la clase política, sin excepciones. Ellos no ven que el problema de la actual Constitución es la decisión de amplios sectores de su propia casta, de no respetarla y a lo que se suma el nulo castigo por su vulneración. Tampoco quieren aceptar que el noviembrismo -entendido como una política de concesiones a la extrema izquierda- fracasó frente al octubrismo y que el sector político que nos gobierna no está dispuesto a dejarse someter por ninguna regla del juego que no los beneficie directamente.
¿Cómo lidiar con personas que han decidido atentar de forma permanente en contra de la institucionalidad que consideran neoliberal, pinochetista y burguesa? Esta es la pregunta que los sectores democráticos no quieren plantearse en voz alta y que silencian en sus conciencias con los efectos narcóticos del proceso constitucional. La respuesta es simple: Estado de Derecho, pero su implementación es compleja, pues parte importante de los jueces y fiscales comparten el ideario octubrista.
Finalmente, la madre de todas las ilusiones se distribuye por igual en los diversos sectores políticos que no quieren integrar a su ecuación el significado de la serie de acciones que la izquierda octubrista, primero como bancada parlamentaria y luego en el gobierno, ha realizado favoreciendo al crimen y al narcoterrorismo. Quizás el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, les abra los ojos y empiecen a pensar, en serio, en qué van a hacer para ponerle freno a la narcopolítica. Personalmente, quisiera tener la ilusión de que la propuesta del ex Presidente Piñera, una coalición desde Republicanos hasta Amarillos, tuviese a la base la convicción de que sólo si todos los partidos democráticos y opositores a las narcodictaduras unen fuerzas, será posible frenar el avance de este flagelo y liberar al país del crimen organizado. Lamentablemente, mientras nadie diga las cosas por su nombre y le ponga el cascabel al gato, el problema real de Chile seguirá empeorando. Es hora de mirar la realidad de frente: existe un sector político totalitario que en demasiadas ocasiones termina, con o sin querer, favoreciendo al narcotráfico por lo que es razonable preguntarse si acaso son aliados de la narcopolítica que campea en otros países de la región, donde gobiernan sus compañeros ideológicos.
