¿Gobernar es sólo aprobar leyes?

Llevamos poco tiempo con nuevo gobierno y el proyecto de ley llamado de Reconstrucción Nacional con cambios tributarias que se discutirá en el Congreso acapara la mayor parte de la atención de las autoridades y la opinión pública. Una liturgia conocida cada cuatro años. ¿Tendrá que ser así siempre?

Sabemos que en el Estado las leyes son fundamentales y no pueden las autoridades hacer lo que no está expresamente autorizado por ellas. No es como la actividad privada en que ellas pueden hacer lo que estimen adecuado, siempre que no esté prohibido por una ley. Sin embargo, propongo la interpretación que en nuestro país los políticos -tanto autoridades del Ejecutivo como parlamentarios- sobreestiman lo que puede lograrse en muchos ámbitos con el sólo dictado de una ley, por adecuada que parezca. El ejemplo más claro es en educación escolar, tanto para mejorar el aprendizaje como la convivencia, que ha estado también en los titulares las últimas semanas.

Postulo, en cambio, que se subestiman los mejoramientos que podrían lograrse en la vida concreta y cotidiana de los ciudadanos con mayor atención y acción de los gobiernos en hacer cumplir bien las leyes existentes y mejorar las formas de operar, el desempeño, de las instituciones que proveen servicios públicos.

Los dos caminos anteriores ciertamente no son en sí incompatibles, pero en la práctica sí tienden a serlo porque llevan la atención de las máximas autoridades a dos juegos distintos, que requieren discursos, estados de ánimo o emociones y mentalidades diferentes. Y también determinan relaciones y cierto enfrentamiento con actores o grupos sociales distintos. Antes de entrar más en esto, conviene dar ejemplos que aclaren mejor los dos estilos de Gobierno a que me refiero: el de “Gobernar es pasar nuevas leyes”, y el de “Gobernar es aplicar mejor las leyes existentes y mejorar servicios estatales”.

Para reducir la violencia en las calles, los asaltos y portonazos no creo que se necesite sobre todo más leyes y ministerios. Se necesitan fiscales que actúen más rápido, policías que investiguen con prontitud y más carabineros en las calles, que detengan infractores y se sancionen. Menos impunidad. Eso se consigue en buena medida, con autoridades gubernamentales centradas en eso. Un nuevo gobierno que ha sido elegido por su promesa de seguridad, debiera declarar y demostrar que viene a trabajar para hacer cumplir las leyes. Así se sentirán más seguros los ciudadanos. Desde la velocidad máxima en las carreteras, hasta el despeje de las veredas de comerciantes ambulantes. Aquí debería concentrarse el “relato” del gobierno y no principalmente en asuntos políticos como si un nuevo proyecto de ley entrará por el Senado o la Cámara. En esto debiera concentrar sus declaraciones el Presidente de la República, muchos ministros y todo el aparato gubernamental de comunicación. Gobernar es también educar en el cumplimiento de la ley y en las responsabilidades de todos.

Un gobierno centrado en hacer cumplir la ley es de verdad uno centrado en el servicio de los ciudadanos. Lo que tiene a éstos con miedo y saturados, es el número excesivo de gente que no cumple la ley y que nadie los sancione por eso. El gobierno tradicional en cambio, enfocado en sacar nuevas leyes, en la práctica está mucho más centrado en la ilusión de que los mejoramientos surgirán con la aplicación de sus ideas políticas o económicas abstractas y globales: con más Estado o más mercado, por ejemplo. Extremos de esto son el neoliberalismo de Pinochet y el comunismo. La casi desaparición de este último como gobierno en el mundo demostró que era no sólo una ilusión sino un engaño.

La principal forma de mejorar los servicios públicos para los ciudadanos es mejorando los reglamentos de las leyes ya dictadas, y no tanto con otras nuevas. El hecho que las licencias de conducir no se puedan renovar no es por falta de una ley. Lo mismo las demoras con carnets y pasaportes, especialmente de extranjeros. Que se falsifiquen licencias médicas, deteriorando los servicios por ausencias de personal injustificadas, tampoco. Para qué hablar de las deficiencias y listas de espera en atenciones de salud.

La mayoría de estos verdaderos “atentados” a la dignidad de los ciudadanos que generan tanto fastidio, contrariedad y deterioro de la convivencia social podrían corregirse con un programa sistemático de actualizaciones y reformas de los reglamentos de leyes existentes. Es natural que los reglamentos de leyes dictadas hace 20 o 40 años atrás se queden obsoletos, por cambios en las tecnologías, surgimiento de otros organismos o necesidades que se sobreponen o duplican. Urge actualizar muchos.

El Presidente Obama creó, con gran éxito, una agencia con ese objetivo dentro del gobierno de los Estados Unidos. La “Oficina para asuntos regulatorios y de información” (www.oira.gov) tiene como mandato “catalogar los efectos de regulaciones existentes para actualizarlas, simplificarlas y eliminar las que ya no se justifican”. Incluye la eliminación de barreras al comercio internacional y tiene un staff de sólo 35 profesionales, pero ha cuantificado un ahorro de gastos por miles de millones de dólares.

Para que medidas como la anterior funcionen, puede tenerse que enfrentar y superar fuertes intereses creados en las burocracias. Por eso el involucramiento convencido y decidido del Presidente de la República y el Ministro de Hacienda es clave. Pero probablemente sería más eficiente y efectivo esto que enfrentar permanentemente a los partidos propios y opositores para sacar una nueva ley con dudosos beneficios concretos para los ciudadanos en el corto plazo de cuatros años de un gobierno en Chile.

Planteo todo esto no como una crítica al proyecto de ley recién anunciado. Al contrario, lo considero una buena iniciativa que se debiera aprobar. Fue además bien presentado por el Presidente Kast en cadena nacional, con tono tranquilo y un espíritu no confrontacional que espero continue. Por el contrario, quiero recordar con tiempo esta alternativa para que el gobierno no se deje atrapar por el Congreso en una excesivamente larga tramitación de este proyecto, como le pasó a Piñera. Su plazo de septiembre es suficiente. Se pueden promulgar sólo algunas medidas, y soltar el maximalismo. Insisto, se puede hacer mucho por el país modificando reglamentos e instituciones y haciendo cumplir la ley. Y el Ministro de Hacienda lo sabe por partida doble. Uno, porque él mismo anunció en entrevistas públicas de hace tiempo que llevaba meses estudiando reformas y mejoras que no requerían ley. Y dos, porque él ha visto en la caja del Estado el efecto de que sólo declarara que las cuotas del CAE se van a cobrar: nueve millones de dólares en pocas semanas. Nunca olvidemos que gobernar es educar.