Los convencionales comenzarán esta semana a discutir las 78 iniciativas populares que finalmente cumplieron las condiciones para ser analizadas en miras a ser incluidas en la nueva carta magna. De estas, con casi 29 mil patrocinios, la iniciativa relativa a la libertad de enseñanza y al derecho y deber preferente de los padres en la educación de sus hijos se posicionó en el séptimo lugar entre las que más apoyo concitó. Le sigue, en el octavo lugar, una propuesta dirigida al reconocimiento e integración en la constitución de la libertad religiosa y de conciencia.
Conviene tener presente que ambas iniciativas están intrínsecamente vinculadas. De hecho, es usual en la legislación internacional amparar la libertad de enseñanza bajo el ámbito de la libertad religiosa y de conciencia. Sumadas ambas iniciativas, alcanzan la muy significativa cifra de casi 58.000 patrocinios. ¿Qué nos dice este decidido, notorio y contundente apoyo?
Lo más evidente es que para la ciudadanía es muy importante la libertad de conciencia, de culto, y el derecho preferente que los padres tienen para educar a sus hijos. Luego, los datos permiten poner en perspectiva que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos supone la existencia de un sistema de provisión plural que permita a las familias poder elegir entre la diversidad de proyectos educativos aquel que les resulte coherente con su visión antropológica, ética y religiosa de la vida, tal como históricamente ha sido en nuestro país. Desde luego, esta pluralidad puede llevarse a cabo en la medida que sean muchos y diversos los responsables en el diseño, gestión y propiedad de los proyectos educativos.
Ahora bien, la alta preferencia por apoyar la libertad de enseñanza y la responsabilidad de las familias en la educación de los niños y jóvenes permite comprender también algo menos evidente, pero no por ello menos valioso. Y es que, en mi opinión, de esta forma se busca mantener un principio constitucional fundamental coherente con el devenir democrático del país.
En efecto, no se puede dejar de tener a la vista que el futuro de la nación se verá fortalecido si se mantiene el reconocimiento de un amplio pluralismo en la gestión del sistema escolar, garantizando una provisión pública y privada de primer nivel. Impedir o dificultar la provisión mixta de los servicios educativos, estableciendo un rol monopólico del Estado, cimentaría una peligrosa tentación no democrática en este ámbito tan central para el desarrollo de la nación y el florecimiento de las personas. Por lo pronto, cabe consignar que nuestra historia ha sabido armonizar bastante bien el pluralismo en la propiedad y la gestión de los servicios educativos: hoy, la sociedad reconoce en la iniciativa de corporaciones privadas un gran aporte en ello, pues solo una cifra inferior al 40% de los escolares asiste a colegios públicos.
Ojalá prime la sensatez, el conocimiento histórico y el respeto a la democracia en la discusión convencional.