Chile necesita elegir nuevos convencionales constituyentes, que redacten con seriedad y profesionalismo el texto de la nueva Constitución. Lamentablemente, parte importante de los que están en ejercicio hoy no son idóneos para sortear de manera satisfactoria este importante desafío.
Muchos de los actuales convencionales han demostrado ignorancia supina en materias de enorme relevancia institucional. El tenor de las discusiones sostenidas en las distintas comisiones, y el texto de algunos de los acuerdos generales más importantes adoptados hasta ahora han dejado en evidencia su total desconocimiento de las más básicas nociones y supuestos de una democracia representativa.
Se podrá argumentar que los Convencionales no necesitan tener un conocimiento técnico formal para el ejercicio apropiado de su cargo y, que incluso, esa distancia respecto de las gastadas y decimonónicas reflexiones de las élites intelectuales y políticas es la que los llevó a ser electos por la ciudadanía. Creemos, sin embargo, que ese argumento no se soporta a sí mismo. La ignorancia demostrada por una parte importante de los Convencionales, y que aquí denunciamos, no se relaciona con tecnicismos jurídicos o económicos. El desconocimiento se refiere más bien a conceptos básicos de educación cívica y formación ciudadana de nivel escolar, tales como el principio de separación de poderes y el de responsabilidad internacional del estado por infracción de los acuerdos internacionales.
La lectura de actas y discusiones de la Convención evidencian cómo algunos, con asombro, parecen estar descubriendo -de manera que perciben como casi prodigiosa o intuitiva- preceptos democráticos largamente desarrollados y debatidos en la historia del pensamiento político, cultural y jurídico de la humanidad. Eso no es serio y nuestro país merece más. Eso es también peligroso, porque con la misma liviandad que descubren y adhieren a ciertas ideas que les despiertan súbitamente cierta simpatía, descartan y desechan otras que constituyen pilares fundantes de una sociedad democrática.
La gravedad de la profunda ignorancia descrita aumenta, especialmente, si se tiene en cuenta la falta de humildad intelectual de los Convencionales, que no solo no admiten su poca o nula preparación, sino que no muestran interés alguno en superar sus vacíos y debilidades con esfuerzo, apertura y rigor intelectual. Se trata en consecuencia, no solo ya de un problema de idoneidad técnica de los Convencionales para el ejercicio del cargo, sino, también, del problema ético que representa la pertinacia con que asumen dicho ejercicio.
El problema ético adquiere a su vez preocupantes ribetes de deslegitimación institucional para la propia Convención, y el texto que ella redacte. La ciudadanía percibe de manera más o menos consciente una evidente manipulación ideológica de partidos y líderes extremos respecto de Convencionales poco preparados y/o que han sido instalados en sus cargos en virtud de cuotas corporativistas ajenas a la democracia representativa formal. Y así como la ignorancia de quien ejerce un cargo facilita su utilización, la sobre representación corporativista y el cuoteo no proporcional se prestan a funcionar como herramientas descaradas para torcer la voluntad de la mayoría democrática. En efecto, es posible con honestidad intelectual compartir o no los fundamentos de las cuotas de género y escaños reservados en la integración convencional. Pero lo que no parece democrático, y debiese ser al menos objeto de discusión, es la ausencia de cierta proporcionalidad entre la cuota y el porcentaje que el grupo favorecido representa en el universo total de votantes de Chile.
Las implicancias de estos fenómenos son hoy motivo de extrema preocupación para parte importante de la ciudadanía, las fuerzas democráticas del país y para la opinión pública en general, que pareciera sumida en un estado de perplejo desconcierto. Con independencia de si la propuesta de texto que la Convención redacte es aprobada o rechazada en el plebiscito de salida, la deslegitimación del órgano constituyente y un resultado estrecho en dicho plebiscito serán fuentes ineludibles de inestabilidad para la democracia chilena, el gobierno y sus instituciones.
Así las cosas, parece razonable que las fuerzas políticas democráticas, los medios de comunicación, los académicos y las universidades, las regiones y sus líderes, y todos quienes adherimos a una sociedad pluralista, libre y democrática, nos unamos en una sola voz que permita al Congreso Nacional cumplir con su mandato constitucional y efectuar los ajustes necesarios al proceso de redacción de la nueva constitución. Así como las restricciones de la pandemia exigieron en su momento postergar fechas de plebiscitos y elecciones, nuestro Congreso Nacional tiene a partir de marzo, la posibilidad jurídica de adoptar decisiones sensatas y ajustadas a derecho, que permitan reconducir el proceso de redacción de una Nueva Constitución por el camino que permita la paz y el progreso de Chile.
Las alternativas jurídicas disponibles suponen la necesidad de volver a reformar el Capítulo XV de la Constitución, mediante un acuerdo político transversal de las fuerzas democráticas presentes en el Congreso. Dicho acuerdo puede traducirse en devolver al propio Congreso Nacional el ejercicio de la potestad constituyente derivada. Si no hubiese consenso político para esos efectos, el acuerdo debiese apuntar a reformar los términos actuales que rigen el plebiscito de salida, dando a la ciudadanía la posibilidad de aprobar la propuesta de la Convención actual, o de rechazarla, pero provocando en este último caso, la necesidad de convocar a nuevas elecciones de Convencionales Constituyentes.