El 17 de febrero recién pasado, el Ministerio de Salud dictó la Circular Nº3, habilitando intervenciones hormonales transafirmativas en menores de 18 años. En términos simples: desde los 10 años puede bloquearse la pubertad de un niño que se percibe como niña —o viceversa—. Se detiene su desarrollo, se interrumpe su maduración biológica, se congela un proceso natural decisivo. Luego, desde los 16 años, se autoriza la administración de hormonas del sexo opuesto para modificar su apariencia. El Estado de Chile no solo permite esto: lo institucionaliza. El gobierno de Gabriel Boric culmina su mandato dejando abierta la puerta a la experimentación farmacológica en niños. Puede ser su “logro” número 1.001.
El Minsal intenta diluir su responsabilidad: la ejecución quedará en manos de equipos especialistas, bajo estándares de lex artis. Pero omite un dato central: no existe hoy consenso científico robusto que respalde estas intervenciones en menores. La calidad de la evidencia disponible es baja o muy baja. Los propios estándares internacionales invocados han sido cuestionados por la precariedad metodológica de los estudios que los sustentan y por la existencia de circuitos cerrados de validación entre un reducido grupo de organizaciones. Incluso se ha denunciado la falta de transparencia en la publicación de resultados desfavorables en investigaciones relevantes. Presentar esto como ciencia consolidada es, cuando menos, una temeridad.
Los efectos de estas intervenciones pueden ser graves e irreversibles. La pérdida de fertilidad es uno de ellos, derivada de la ausencia de gametos viables tras bloqueos prolongados y hormonación cruzada. No es casual que se ofrezca criopreservación de óvulos y espermios antes de iniciar el tratamiento. En términos funcionales, si los bloqueos no se revierten, sus efectos se asemejan a los de una castración química. A diferencia del tratamiento de la pubertad precoz —que sí cuenta con aprobación específica y evidencia consolidada—, aquí se trata de usos controvertidos, de impacto permanente y con sustento incierto.
El nivel de incerteza y riesgo es de tal nivel que recientemente el Reino Unido, decidió suspender un ensayo de bloqueadores de pubertad en menores de edad, luego de una solicitud de la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Productos Sanitarios por considerar que representan “un riesgo de seguridad inaceptable” y que su uso temprano, seguido de hormonas cruzadas “muy probablemente dejaría a los participantes infértiles”, pudiendo causar “cambios estructurales óseos persistentes y potencialmente permanentes”.
La Circular representa un riesgo sanitario evidente. El Minsal conoce las revisiones sistemáticas que desaconsejan iniciar estas intervenciones por la extrema baja certeza de la evidencia. Persistir pese a ello no es un simple error técnico. Es una decisión consciente cuyos costos podrían recaer, más temprano que tarde, en el propio Estado mediante demandas indemnizatorias, como ya ocurre en otras jurisdicciones. La eventual falta de servicio será difícil de eludir.
Los gobiernos suelen dejar “amarres” al finalizar su mandato: nombramientos, reglamentos, orientaciones. Todo eso es discutible. Pero habilitar que hospitales públicos operen como laboratorios de intervención hormonal en menores traspasa un umbral distinto. Ofrecer a niños y padres angustiados soluciones ideológicas revestidas de medicina, bajo la presión emocional del “hijo trans o hijo muerto”, es una forma de coerción moral inaceptable. Comprometer la fertilidad, la salud y el desarrollo de niños en nombre de certezas científicas que no existen es una irresponsabilidad histórica.
Ese puede ser, en definitiva, el legado más duro de este gobierno: haber convertido la incertidumbre en política pública y la fragilidad infantil en campo de prueba para darse un último gustito ideológico.
Son numerosos los factores que contribuyen al decaimiento moral de nuestra sociedad, entre ellas las normas legales contrarias a la naturaleza humana, a la racionalidad y al sentido común, tales como la de “matrimonio” entre homosexuales; la de aborto directo —para quienes abogan a favor del “aborto libre, legal, seguro, gratuito y sin restricciones” la vida de un nasciturus vale menos que la de un perro—; la “paridad de género” —que menosprecia a las mujeres—; o la aberrante ley de identidad de género que permite el cambio de nombre y sexo registral que da origen al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y a terapias hormonales para un supuesto cambio de sexo; en circunstancias que el cambio de sexo no existe: un varón no se convierte en mujer porque “se siente mujer” o por muchos tratamientos hormonales, químicos, mutilaciones sexuales o intervenciones quirúrgicas que se haga. Peor cuando el Estado las realiza en niños sin la autorización o consentimiento de sus padres.
Muchas de estas ideas nefastas provienen de la agenda de la ONU 2030, un plan de acción global “para lograr un mundo más inclusivo y próspero” y sus objetivos de desarrollo sostenible; objetivos muy loables, aparentemente inocuos, pero que dan cuenta de objetivos políticos que se quieren imponer a los diversos Estados que atentan contra sus soberanías y que entrañan ideas intervencionistas, “progresistas” y deconstructivistas. Dicha Agenda, por otra parte, promueve el aborto y la ideología de género. Según Agustín Laje, el ser humano “universal” de la Agenda 2030 “no tiene familia, patria ni Dios”.
REFERENCIAS:
Ley 21.120 promulgada por el presidente Sebastián Piñera. Publicada el 10 de diciembre de 2018 (curiosamente, en el Día de los Derechos Humanos).
Ley 21.400 promulgada por el presidente Sebastián Piñera. Publicada el 10 de diciembre de 2021 (curiosamente, en el Día de los Derechos Humanos).
“¿Es correcto el fallo de la Corte Suprema que permite el cambio de nombre y sexo registral?”. Álvaro PAÚL. Diario La Tercera, Santiago, 9 de junio de 2018.
A partir de lo que llaman “perspectiva de género”, ser varón o ser mujer ya no puede definirse con arreglo al sexo, es decir, por medio de la realidad biológica de la persona. El sexo, que es un concepto objetivamente verificable, se deshace en la subjetividad del género. Ser varón o mujer correspondería, pues, a una serie de determinaciones culturales de las que se puede escapar construyendo la propia identidad mediante la “autopercepción”, auxiliada por disfraces, hormonas, cirugías y modificaciones en los registros y documentos públicos. Agustín LAJE, GLOBALISMO. Ingeniería social y control total en el Siglo XXI, HarperEnfoque, Nashville EE.UU.A., impreso en España.
Adolfo Paúl Latorre
Magíster en ciencia política