Se acaba de publicar el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026, correspondiente al primer informe del estado de las cuentas públicas del nuevo gobierno, y los hallazgos entregados en el mismo son –por decir lo mínimo– preocupantes.
El informe evidencia lo complejo del escenario de las finanzas públicas heredado por la actual administración:
- Al hecho que la caja fiscal –que para cualquier empresa grande o pequeña corresponde al capital de trabajo necesario para que ésta opere– se encontrara al 1 de enero de 2026 en un 1% del promedio que se necesita para operar (sólo se dejó US$46 millones de los US$4.000 millones con que opera el gobierno), y que para operar haya sido necesario endeudarse, es decir, pedir un préstamo que alcanzó al menos un 33% del total de capacidad de endeudamiento total autorizada por el Congreso para el año completo, se sumó el hallazgo de US$2.900 millones en gastos no reconocidos, y por tanto, no incluidos en los cálculos de déficit fiscal y deuda para el año 2026. Gastos que por ley se debieron haber reconocido en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, publicado en el mes de febrero de este año.
- Pese a que desde hace más de dos años no sólo reconocidos economistas, el Congreso y el Consejo Fiscal Autónomo, sino también el Fondo Monetario Internacional solicitaron al gobierno anterior corregir las estimaciones de ingresos fiscales por estar sobreestimadas (sobreestimación que alcanzó –en promedio– un 5,6% del total de ingresos estimados por el anterior gobierno), sólo en el IFP recientemente publicado se ajustan los ingresos esperados entre 2026 y 2030, lo que significó reconocer que los ingresos fiscales estaban inflados en US$8.000 millones, y que por lo tanto, en la realidad se cuenta con US$8.000 millones menos para realizar gasto.
- No bastando con esto, en el último IFP presentado por el gobierno anterior, correspondiente al del cuarto trimestre de 2025, se presentó un fuerte deterioro en la situación fiscal que se reflejó en que el déficit fiscal promedio estimado para el período 2026-2030 pasó desde un 0,9% del PIB a un 1,6% del PIB, lo que implicaba que –de acuerdo con las estimaciones del gobierno anterior– entre los años 2026 y 2030 se acumularían US$15.000 millones adicionales de déficit fiscal. Sin embargo, a la hora de presentar la evolución de la deuda pública, ésta no reflejaba los US$15.000 millones de financiamiento adicional necesario, sino que sólo US$4.400 millones, y por lo tanto la deuda pública pasaba de 41,8% del PIB a 42,7% del PIB, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal.
Ante la ferocidad de lo informado por el ministro Quiroz, los exministros Grau y Marcel salieron a desmentir posibles errores indicando “la deuda en pesos/pib depende del déficit efectivo, pero también del tipo de cambio, de la inflación, del pib nominal y de movimientos bajo la línea”. El problema de las excusas de los exministros es que los números no mienten. Para que un incremento del déficit de $13,5 billones se transforme en un incremento de sólo US$4.400 de la deuda pública, el tipo de cambio utilizado debió haber sido de $345 en vez de $900 por dólar, habría que vender las joyas de la abuela, pero esos ya los vendió Marcel en 2025, cuando utilizó los fondos de emergencia, cuando la única emergencia era la incapacidad de parar el frenesí de gasto del gobierno de Boric, o cuando Corfo debió traspasarle parte de sus activos para cubrir las deudas del gobierno central.
Pero claro, queda una última alternativa, los movimientos bajo la línea –el cenit de la contabilidad creativa y falta de transparencia– que sólo significa meter la deuda bajo la alfombra, no porque no exista, sino para que nadie la vea.
Las excusas entregadas tanto por el exministro Grau como por el exministro Marcel sólo agravan su falta. Justificar los errores aduciendo a que la deuda no refleja los déficits, porque los metieron bajo la alfombra sólo nos indica el tipo de administración o des-administración bajo la que estuvimos sumidos cuatro años.