El miércoles 5 de agosto de 2026 el Presidente José Antonio Kast anunció en cadena nacional la presentación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), hecho que fue formalizado el lunes 10 de agosto de 2026 cuando firmó junto a algunos de sus ministros la reforma constitucional que está incorporada en la ACOT.

La ACOT no es la estrategia de seguridad pública, es un listado de acciones legislativas, todas importantes, por cierto, todas buscando potenciar las capacidades del Estado en materia de seguridad pública. Se suman a los anuncios hechos días antes por el ministro Arrau relativos al fortalecimiento de capacidades de Carabineros, tema comentado en una columna de hace un par de semanas.

Lo que hemos visto hasta ahora en materia de seguridad pública por del gobierno del Presidente Kast es:

-Una muy firme voluntad presidencial en la materia, una que ha sido muy clara en su apoyo a Carabineros de Chile, PDI y Gendarmería. Se siente y se nota al Presidente cómodo actuando y desarrollando lo que fue su principal concepto de campaña. Sin seguridad no hay libertad.

-Mucha gestión y búsqueda de eficiencia en el uso de los actuales recursos policiales. Cosa de ver como Martín Arrau le está colocando ritmo al trabajo policial, un ritmo que da el ministro con su energía y largas jornadas de trabajo. Estamos frente a un trabajo 24×7 que aún no muestra señales de decaer y que está produciendo resultados, no extraordinarios, pero resultados, al fin y al cabo.

-Un plan de fortalecimiento de Carabineros de Chile, el cual, si bien es cierto que va en la dirección correcta, se queda corto en cerrar la brecha de 18 mil carabineros que estimamos necesitamos, y que no se hace cargo de colocar a todos los policías en la calle, no tocando las guardias de palacio, Orfeón de Carabineros, Cuadro Verde, protección de autoridades, y otras de ese tipo, como que Carabineros se dedique sólo a lo preventivo, con la PDI a lo investigativo y lo que requiera el Ministerio Público.

-Una agenda legislativa, la ACOT, que viene a buscar las capacidades legales necesarias para que el trabajo anticriminal y antidelincuencia sea más efectivo y eficiente. Es decir, al igual que el plan de fortalecimiento de Carabineros, buscar generar o mejorar capacidades y recursos.

-La ausencia de una estrategia de seguridad pública, una en que se indique qué se quiere hacer y cómo hacerlo, con objetivos, metas, propósitos, y medios a usar. Hasta ahora nos hemos dedicado a generar las capacidades que creemos que necesitamos, pero ello no se ha hecho bajo la guía de una estrategia, que bien puede existir, pero de haberla, no es pública. Seguir el ejemplo de Quiroz puede ser una buena idea. Desde un comienzo planteó los objetivos a lograr.

-Relacionado con lo anterior, cuesta entender la necesidad de usar las Fuerzas Armadas para apoyar los esfuerzos de seguridad pública. Como desconocemos los objetivos y la estrategia, no quedan claras las razones para su posible uso, una cuestión que cuesta más entender aún si es que se consideran las restricciones presupuestarias existentes y la poca disponibilidad de efectivos. No hay soldados e infantes de marina disponibles como para los esfuerzos que se comentan en la prensa, más aún si consideramos que en origen no están diseñados para la seguridad pública, excepto cuando la ley lo considera en estados de excepción, es decir, bajo contextos de excepción, y en forma excepcional. Todo indica que su posible uso podría ser realizado por Carabineros de haberlos en los números necesarios y con capacidades del tipo GOPE que ya tienen.

-Mantener, perfeccionar, hacer más eficaces y eficientes los exitosos esfuerzos que se están realizando en las fronteras del norte y noreste, como en la Macrozona Sur.

-Echando a andar el Sistema de Inteligencia que crea la nueva Ley de Inteligencia, estando el desafío en que se coloquen los recursos necesarios y se pueda interconectar el corazón del sistema, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) con sus partes principales y cooperadoras. Sin inteligencia no somos nada, nada. Y sin inteligencia no tendremos éxito en la disminución de la inseguridad.

–No se apoyan iniciativas legislativas relativas a indultos relacionados a quienes están presos por su actuar en el mal llamado estallido o en el 73. La efectividad policial o del Estado de Chile podría verse reducida si es que los que están en la primera línea no ven acciones concretas en esta materia más que el apoyo que el Presidente Kast y su gobierno les manifiestan continuamente en público.

En resumen, vamos bien, potente liderazgo de Martín Arrau, buenas intenciones del gobierno, harto trabajo de Carabineros, la PDI y Gendarmería, pero es hora de tener una estrategia con metas y objetivos, claridad en los recursos necesarios y de la forma en que se usarán. Pedir apoyo militar sin tener lo anterior no es lo recomendable. Siempre debemos tener claro el propósito y lo que buscamos lograr.

Experto en Defensa y Seguridad Nacional, vicepresidente ejecutivo de AthenaLab y concejal por Las Condes

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5 Comments

  1. Estoy de acuerdo, hasta hoy es una sumatoria de varios esfuerzos en a dirección correcta, apoyos políticos públicos y explicitos, y ejemplos de esfuerzos y seriedad. Falta la estrategia global, la idea matriz, el Estado final deseado, la luz que muestre el camino….como quieran llamarlo. Puede que la tengan en la mente y no esté explicitada. Puede que no la tengan y esté en construcción, no es lo óptimo, pero ante el caos recibido puede ser una variante válida. Puede que querer emplear militares sea para ganar tiempo en seguir fortaleciendo Carabineros y darles más seguridad a ellos, PERO, ello no es coherente con no aumentar YA las dotaciones de soldados conscriptos y soldados tropa profesional y asegurar marco jurídico explícito que proteja acción de Fas.

  2. Muchas gracias Carlos. Me encantaría que la energía y buena actitud demostrada fuera acompañada por una estrategia (ways, means and ends)…

  3. En relación con el proyecto para extender la presunción legal de legítima defensa a los funcionarios de las policías y de las Fuerzas Armadas contemplada en el proyecto de reforma con el que se busca elevar a rango constitucional la seguridad pública, espero que en dicho proyecto se considere que tal presunción no solo procede contra agresiones “que puedan afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero”, sino que también cuando dichos funcionarios hagan uso de sus armas letales para repeler o impedir actos terroristas o graves atentados contra instalaciones de la infraestructura crítica o la consumación de los delitos que se determinen durante la discusión del proyecto; como podrían serlo los señalados en los artículos 141, 142, 150 A, 361, 362, 390, 390 bis, 391, 395, 396, 397, 433 y 436 del Código Penal así como el del artículo 14 D de la ley Nº 17.798 sobre control de armas; que estaban contemplados en el Informe de la Comisión de Seguridad Pública del Senado durante la tramitación de la ley Naín-Retamal (Historia de la Ley Nº 21.560 página 210).
    Si a los referidos funcionarios no se les facultare expresamente para usar sus armas contra quienes estén cometiendo o se apresten a cometer los precitados actos delictivos y no se les asegurare que por ello no serán encarcelados —salvo en casos de acciones ilegítimas dolosas— la referida reforma constitucional poco o nada serviría.
    La obligación esencial de los gobernantes de un Estado es la conservación del orden y la seguridad pública, haciendo uso de la violencia física legítima del Estado si ello fuese necesario para lograr tal cometido.
    Adolfo Paúl Latorre
    Abogado
    Magíster en ciencia política

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