Estrategia virtuosa pero frágil 

Finalmente, no conocimos el proyecto, que quedó para la próxima semana presumiblemente para ganar el tiempo necesario para incorporar algunas medidas o retirar otras, pero sí tuvimos una buena anticipación de él gracias al mensaje entregado por el presidente Kast el pasado miércoles. Esa información, más las decisiones tomadas durante las semanas recientes, permiten formarse una idea de cómo el gobierno estructura su accionar.

En lo inmediato se puede advertir un patrón de conducta política que comienza a consolidarse. Consiste en mantener con firmeza aquellas medidas que constituyen el núcleo identitario de su programa original y, simultáneamente, amortiguar sus eventuales efectos negativos mediante iniciativas paliativas complementarias. La primera versión de esta forma de proceder fue la decisión de no aplicar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (MEPCO), acompañada de medidas de mitigación para contener su impacto en los sectores más afectados y vulnerables (decisión esta última adoptada sólo luego de recibir fuego amigo y del otro).

Este procedimiento, que pudo haber parecido sólo coyuntural, se confirma como modelo por la forma de proceder con relación al proyecto anticipado por el Presidente. En éste, la reducción gradual del impuesto de primera categoría y la integración del sistema tributario -quizás las medidas más significativas del proyecto- aparecen acompañadas por un crédito tributario por pago de remuneraciones, una rebaja en la tributación de los contribuyentes del régimen PYME, la exención transitoria y opcional de IVA a la venta de viviendas nuevas y la exención de contribuciones de bienes raíces a adultos mayores.

Ahora bien, el hecho de que este proyecto -que incluye medidas relativas a la reducción de la “permisología”, a la invariabilidad tributaria y a la contención del gasto público- se concentre sólo en lo que el gobierno ha denominado eje “procrecimiento”, permite anticipar que podrían presentarse iniciativas análogas en torno a los otros dos pilares programáticos: control de la migración y seguridad pública. De confirmarse esta hipótesis, estaríamos frente a la configuración de una estrategia legislativa sistemática: dividir el programa en paquetes temáticos y buscar su aprobación durante el primer año de gobierno.

Bien visto, el enfoque parece el más racional para regímenes presidenciales de sólo cuatro años como el nuestro, pues la capacidad de un gobierno para fijar las reglas del juego al inicio de su mandato es determinante para el éxito de su agenda. Bajo esta lógica, los primeros ocho o doce meses se convierten en una ventana crítica para construir el marco normativo que orientará el resto del período. Así, el primer año no sería tanto un período de ejecución como de diseño político-institucional. Los años siguientes, en cambio, quedarían destinados a la implementación de un programa ya “ajustado” a la realidad política. Dicho de otro modo, el programa original -el que se presentó en campaña- sería necesariamente modulado por el proceso legislativo, dando lugar a una versión políticamente viable que en nuestro país el Presidente Patricio Aylwin caracterizó como “en la medida de lo posible” y que para mí es la expresión más ilustrativa de lo que debe ser la política en democracia.

Como he repetido muchas veces desde esta columna, esta práctica no debe entenderse como una renuncia, sino como un principio de estabilidad. Es la materialización práctica de la política entendida como como diálogo entre diferentes -y aún contrarios- en la búsqueda del progreso de todos y es la garantía de que las políticas públicas perduren más allá de los ciclos electorales.

Y es, también, el tipo de política que el mundo empresarial parece valorar más. Las recientes declaraciones de Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, recogidas en entrevista que publicó El Mercurio el pasado domingo, apuntan en esa dirección: “Lo que hay que hacer es permitir que la industria se desarrolle y asegurar que los habilitadores para que la industria crezca e invierta estén. Y uno de los más importantes es la estabilidad de las reglas…”. En la misma edición de ese medio y de manera concordante, Luis Felipe Gazitúa, presidente del Grupo BICE, afirmó “…de verdad, lo que más importa al mundo privado es la estabilidad. Cualquier reforma tributaria debe tener el más amplio nivel de consenso. Si logramos una reforma tributaria que baja los impuestos por dos votos, el mundo empresarial sacará cuentas de que, si cambia el Gobierno y las mayorías, los impuestos van a cambiar”.

La consecución de acuerdos amplios de ese tipo requiere, ante todo, de capacidad política. Esto implica no sólo disposición al diálogo, sino también la capacidad de comprender genuinamente las posiciones del adversario y, en muchos casos, de incorporarlas en el diseño final de las políticas. Y es precisamente aquí donde se abre la principal interrogante respecto del desempeño del gobierno. Hasta ahora, su comportamiento sugiere una mayor inclinación a procesar acuerdos dentro de su propio sector o con aliados circunstanciales más que a construir entendimientos estructurales con la oposición en su conjunto o por lo menos con todos los sectores de ésta que son proclives al diálogo y a la búsqueda de consensos.

(Y aquí un paréntesis se hace necesario: el gobierno debe entender y adecuar su accionar a una realidad que parece costarle aceptar: la oposición es diversa. Por lo mismo no debe dejarse impresionar por las estridencias de quienes rechazan todo por principio, sino buscar el diálogo con quienes miran por el bienestar del país y están dispuestos a dialogar; y estos últimos están en todos los partidos de oposición los que, como efecto de esos diálogos, quizás terminen por sincerar sus propias diferencias).

Y ahora continúo. La exploración de apoyos sólo en la Democracia Cristiana o el PPD -o incluso la insinuación de incorporar ideas de Franco Parisi- parecen responder más a una lógica de suma de votos que a la construcción de consensos duraderos por medio de la negociación. Y, ya está dicho, las mayorías circunstanciales, producto de lo que ya se conoce como “pirquineo de votos”, pueden ser suficientes para aprobar una ley, pero difícilmente garantizan su estabilidad en el tiempo.

En definitiva, el éxito de la estrategia que parece estar delineándose dependerá menos de su diseño formal que de su ejecución política. Si el gobierno acepta que gobernar implica, inevitablemente, ceder -esto es, operar dentro de la “medida de lo posible”- podrá no sólo sacar adelante su agenda, sino también contribuir a reconstruir la estabilidad política y social que el país requiere. De lo contrario, corre el riesgo de transformar una estrategia potencialmente virtuosa en una sucesión de victorias legislativas frágiles e incapaces de ofrecer el marco de certidumbre que tanto la ciudadanía como los actores económicos necesitan.