Los días más grises de octubre de 2019 causaron incertidumbre en muchos de nosotros: la violencia irracional organizada que vimos en el “estallido social” se escondía cobardemente en las faldas de demandas legítimas y justas de la mayoría de los ciudadanos.
Sin embargo, si elevamos la mirada y vemos el barrio, lo sucedido no fue algo novedoso. Latinoamérica sabe, y mucho, de revueltas sociales, cismas institucionales y graves quiebres democráticos. Y no es necesario retroceder tanto en la línea de tiempo para encontrar ejemplos: en 1989 se produce en Venezuela el “Caracazo”. Grandes protestas y tumultos en contra del gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez y sus medidas económicas terminaron con dos intentos de Golpe de Estado. El movimiento gatilló que Venezuela haya pasado de ser uno de los países más ricos del continente producto de las reservas de petróleo, a que hoy, 30 años después, sea uno de los más pobres e inestables.
Otro ejemplo ocurrió en 2001, en Argentina. El expresidente Fernando de la Rúa no tuvo otra opción que huir de la Casa Rosada en helicóptero en medio de violentos hechos en las calles, profundizando una crisis económica y social que hasta hoy no tiene solución. Y más recientemente, en 2019, Evo Morales dimitió de su cargo arrancando desde Bolivia tras graves acusaciones de fraude electoral.
Con esos antecedentes regionales, Chile optó por encausar la crisis de manera diferente y antes que la catástrofe no tuviera vuelta atrás, se impuso la razón y esa decisión tiene un responsable. En noviembre de 2019, el entonces presidente Sebastián Piñera, tensionado entre distintas alternativas ante el peso de los acontecimientos, adoptó la decisión que hoy sabemos con certeza fue la mejor. La disyuntiva no era fácil: algunos sectores pedían reprimir con mayor fuerza toda manifestación, mientras que el otro extremo pedía abiertamente su renuncia.
El 12 de noviembre pasó a la historia como el día en que Sebastián Piñera propuso e impulsó grandes acuerdos institucionales, dando voz a millones de chilenos y chilenas que anhelaban cambios de distinta naturaleza, pero de una manera razonable y sin violencia. El Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución que presentó fueron una gran válvula que descomprimió y salvó la democracia, el país y seguramente muchas vidas.
La propuesta contó con la firma de todos los partidos de Gobierno de aquel entonces y el Presidente lo destacó como el mecanismo institucional que necesitaba Chile para salir de la crisis. Pocos meses después, la reforma constitucional que habilitaba el proceso a través de una Convención Constitucional llevaba su firma y era oficializada.
Casi tres años después de aquel “octubre” esa carrera de largo aliento llegó a su fin. El proceso promovido por el expresidente no fue sensatamente ejecutado y la ciudadanía, antes que cualquier cosa, ratificó de manera contundente que no está disponible para refundar Chile, sino al contrario, quiere enfrentar los cambios institucionales que todo sistema normativo exige tras 50 años de vigencia, pero de manera seria, sensata y con amistad cívica.
Triste fue ver a los sectores más extremos de la izquierda creyendo estar corriendo un sprint de 100 metros, y para peor, declarándose ganadores antes de llegar a la meta. Mientras que los moderados apostaron por una vía institucional mesurada, con sentido común y entendiendo que esto es una maratón, pero con la convicción de que Chile merece lo mejor.
Ahora, como país tenemos otra oportunidad de hacer las cosas bien y alcanzar una buena y nueva Constitución que nos una, más moderna, que aborde los desafíos del siglo XXI y nos guíe hacia la cohesión social, al bienestar y el progreso.
*Sebastián Torrealba es ex diputado.
