Durante décadas, Estados Unidos fue uno de los principales arquitectos del orden sanitario global. Desde la promoción de programas de inmunización infantil hasta el liderazgo en políticas nutricionales, investigación biomédica y cooperación internacional, su influencia -para bien o para mal- marcó el rumbo de la salud pública mundial. Hoy, sin embargo, ese liderazgo parece estar experimentando un giro inquietante.
Una señal clara es la reciente decisión de retirar ciertas vacunas pediátricas del programa de inmunización obligatoria, bajo el argumento de reforzar la “libertad de elección” de los padres. Si bien el debate sobre autonomía es legítimo, trasladarlo sin matices al ámbito de la salud pública ignora un principio básico: las vacunas no sólo protegen a quien las recibe, sino también a quienes no pueden vacunarse. Debilitar los programas obligatorios no es una medida neutra; es una decisión que pone en riesgo la inmunidad colectiva y abre la puerta al resurgimiento de enfermedades prevenibles que se consideraban controladas, como el sarampión o la tos convulsiva.
A esto se suma la propuesta de modificar el orden tradicional de la pirámide alimentaria, relativizando el rol de frutas, verduras y granos integrales, y otorgando mayor protagonismo a patrones alimentarios centrados en el consumo elevado de proteínas animales y grasas. Más allá del debate científico -que existe-, preocupa la forma en que estas propuestas se presentan: como correcciones “ideológicas” frente a una supuesta imposición previa, más que como el resultado de consensos técnicos robustos y revisiones sistemáticas de la evidencia. En un país con altas tasas de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, los mensajes nutricionales confusos o políticamente instrumentalizados pueden tener consecuencias sanitarias de gran escala.
Un tercer elemento que merece atención es el cuestionamiento recurrente a las agencias técnicas y a los organismos internacionales. La desconfianza hacia instituciones como los Centers for Disease Control and Prevention, la Food and Drug Administration o incluso la OMS no sólo debilita la autoridad científica interna, sino que tiene un efecto cascada a nivel global.
Un cuarto elemento, menos visible para la opinión pública, pero quizás más decisivo a largo plazo, es el recorte sostenido al financiamiento de la investigación biomédica, incluyendo líneas clave en enfermedades infecciosas, salud materno-infantil y cambio climático y salud, lo que no sólo limita la capacidad de innovación interna, sino que afecta a redes internacionales que dependen de ese liderazgo.
En un contexto geopolítico marcado por tensiones, repliegues nacionalistas y disputas por la verdad científica, las decisiones sanitarias se vuelven también decisiones políticas. Pero precisamente por eso, el riesgo es mayor. La salud pública requiere estabilidad, previsibilidad y confianza social; convertirla en un campo de batalla ideológico no sólo afecta a los ciudadanos estadounidenses, sino que amenaza el delicado equilibrio del orden sanitario global.
Estados Unidos puede -y debe- revisar sus políticas sanitarias, como cualquier nación soberana. La pregunta ética es otra: ¿qué ocurre cuando quien lideró durante décadas la defensa de la ciencia y la salud pública comienza a tratarlas como opciones ideológicas y no como bienes comunes globales?
No hay derecho a cansarse, a aburrirse de sentirse utilizado para poner las lucas y la música la ponen otros, con fines ideológico, más aún cuyos fines son adversos a quien financia?????????