El borrador de Nueva Constitución tiene muchos problemas, y probablemente el principal sean sus aspectos orgánicos. Sin embargo, hay otro problema muy relevante y que radica precisamente en aquello que sus promotores destacan como virtud: la promesa de derechos sociales.
Todos queremos que las personas tengan mejores viviendas, mejor salud, mejor educación, mejores empleos y que, en general, todos tengan mejores condiciones de vida, alcanzando su máximo bienestar posible. También parece haber consenso en que se requiere un rol más intenso del Estado. Incluso la consagración del Estado social es hoy una posición más transversal que hace algunos años. Pero ese no es el problema.
El problema radica en que para que el Estado pueda cumplir a cabalidad, además de mejorar su eficacia y eficiencia, necesita recursos. Entre dos tercios y tres cuartos de los ingresos del Estado, vienen de la recaudación, y para que exista recaudación debe existir inversión. No basta, por lo tanto, con declarar que el Estado entregará más. Es necesario, entre otras cosas, generar las condiciones para que el Estado obtenga más, de lo contrario se hace insostenible en el mediano y largo plazo. Y esta es otra falencia del texto ya que el borrador debilita la posición de Chile como un lugar atractivo para realizar negocios.
Por ejemplo, en materia de minería, si bien se deja buena parte de la regulación a la ley, desde el punto de vista constitucional, desmejora la posición de la actividad al no consagrar el régimen de concesiones ni los derechos de quienes desarrollan la actividad minera. En materia de derechos de agua, esencial para la actividad productiva, la situación también es compleja, esta vez no por omisión sino derechamente por degradar la naturaleza jurídica del título para usarla. En cuanto al derecho de propiedad, si bien se encuentra protegido, y bastante mejor que en muchos países desarrollados, lo cierto es que es un estatuto más débil que el de la Constitución vigente y con incertidumbres tan relevantes como el alcance del concepto que será utilizado para indemnizar en caso de expropiación. En materia medioambiental, se prohíbe actividad productiva en ciertas áreas y se crean instituciones e incentivos para aumentar la conflictividad de los proyectos de inversión. La propiedad industrial desaparece del texto constitucional (no así los derechos de autor que finalmente sí fueron incorporados al borrador luego de la alarma levantada por los músicos que hoy cantan por la aprobación del texto). En materia laboral, se establece el derecho a huelga sin limitaciones temporales o de contenido, lo que puede impactar en la estabilidad de las relaciones entre trabajadores y empleadores, y el buen funcionamiento de las empresas.
Es posible que cada una de estas disposiciones tenga un fundamento, una justificación razonable o que, como se suele repetir, no hay de qué preocuparse porque el legislador tiene la última palabra (suponiendo que el legislador futuro será más razonable y virtuoso que los convencionales). Pero no se puede negar que el marco constitucional al menos será más desfavorable.
Todo lo anterior se da en un contexto económico en el que el Gobierno de Chile además de enfrentar un escenario internacional complejo, propone subir los impuestos de manera considerable; pretende disminuir la jornada de trabajo; propone aumentar el costo del empleo incrementando la cotización para incluirla en un fondo de reparto, y, ha rechazado seis proyectos mineros relevantes, a pesar de contar muchos de ellos con las aprobaciones sectoriales necesarias.
Suponer que las personas serán inmunes a estas reglas del juego y a la mayor incertidumbre, y que, por lo tanto, no dejarán de invertir en Chile, es autoengañarse. Pretender que esto no va a tener efectos en la recaudación y, por lo tanto, en la capacidad del Estado de gastar más, es hacerse trampa. De poco servirá tener la garantía del Estado social, pues llegará el momento en que el Estado no podrá hacer magia y la promesa de derechos sociales será una promesa frustrada.
*Andrés Sotomayor es abogado.