Escándalo “gestionado” lleva a abusos reiterados

En Chile se habla de probidad con una solemnidad que contrasta con la práctica. No es un déficit normativo, pues tenemos leyes robustas, instructivos, códigos de ética y comités. El problema es otro, más simple, pero más grave: la rendición de cuentas (detección, investigación, sanción y prevención) es lenta, porosa y, en ocasiones, transable. Cuando el costo esperado de infringir las reglas es bajo —porque el castigo es de menor cuantía, tarda o no llega nunca—, el incumplimiento deja de ser excepcional y se vuelve una estrategia. Esta disociación es visible tanto en el sector público como en el privado.

Hace un año, la Contraloría reveló que decenas de miles de funcionarios viajaron al extranjero mientras debían guardar reposo con licencia médica, con el consiguiente perjuicio para el sistema de salud y quienes sí cumplen. Como la mayoría de los sumarios se han dilatado o han concluido con medidas disciplinarias menores, lo peor ha sido la señal de que los escándalos se contienen, manipulan o encapsulan, por abulia administrativa. Es decir, las acciones no apuntan a disuadir el abuso, sino a manejar el escándalo.

Tres años después del caso Convenios, ocurre algo similar. Se anunciaron ajustes y mayores controles, pero sigue faltando trazabilidad real de transferencias, interoperabilidad de plataformas, datos abiertos reutilizables y fiscalización preventiva. La externalización de funciones estatales hacia entidades privadas continúa siendo un riesgo porque el aprendizaje no incluyó estándares operativos más robustos.

Recientemente, se conoció que miles de funcionarios públicos están en mora en el pago de sus créditos universitarios con aval del Estado, incluidos funcionarios judiciales. En el Poder Judicial, esta disonancia es inaceptable. Quienes ejercen potestad para restringir libertades y asignar derechos no pueden convivir con la mora como si fuera una cuestión baladí. La legitimidad de la justicia descansa en la confianza que la ciudadanía tiene en la rectitud de quienes juzgan.

En Codelco, una auditoría interna arrojó el hallazgo de que se había inflado la cifra de producción del 2025. Como las metas de producción impactan en los incentivos variables, esto permitió el pago de bonos a seis mil ejecutivos y trabajadores por US$ 14 millones. Más allá de la desfachatez de un dirigente sindical que afirmó que no devolverían ni un solo peso, este hecho advierte que cuando una organización altera metas para obtener premios, se desnaturaliza la responsabilidad en el uso de recursos públicos.

Algo análogo ocurrió en Junaeb. Una auditoría reveló que, en 2023, se modificó un contrato para adquirir 700 mil “onces” para estudiantes vulnerables —con un sobreprecio ocho veces superior al valor de mercado— que nunca se entregaron. El Estado desembolsó recursos sin recibir una contraprestación. En esta transacción hubo un ostensible conflicto de interés, pues una persona que intervino por Junaeb luego apareció como asesor de la empresa beneficiada. Es ejemplo de que controles débiles, mal diseño contractual e institucionalidad permisiva facilitan la extracción de rentas. Es la degradación del estándar de integridad en un programa gubernamental que debería ser impecable.

Un último hecho nos devuelve al sector privado y confirma que el problema es transversal. La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el TDLC por un nuevo caso de colusión, esta vez entre operadores de vales de alimentación y de vestuario para evitar competir en licitaciones. La colusión es un fraude sofisticado contra el mercado que encarece la provisión de bienes y servicios, y desgasta la confianza en las empresas y en el sistema económico. Y su reiteración muestra que el “compliance”, en muchas compañías, sigue siendo cosmético, con manuales de ética y eslóganes que conviven con alicientes a saltarse las reglas.

¿Qué une todos estos hechos? La expectativa del infractor de que las consecuencias serán escasas. Su corrección no se logra con frases altisonantes, sino con tres decisiones básicas, aunque difíciles: transparencia para detectar, coherencia institucional para exigir y celeridad para sancionar. Lo demás —comisiones, instructivos y declaraciones— puede ser útil, pero no reemplaza que se asuma la responsabilidad de manera oportuna. Sin ella, la probidad se convierte en un bien retórico que acelera la consunción de la confianza ciudadana.