El año pasado, el mundo comenzó a encender las alertas sobre las intervenciones transafirmativas de cambio de sexo a menores de edad, que incluían hormonaciones desde los nueve años y cirugías de reasignación de sexo. Con los meses, nuevos estudios revelan más peligros, organismos internacionales emiten alertas y los países continúan tomando medidas restrictivas.
Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que el proyecto de ley de Tennessee que prohibía las intervenciones hormonales y quirúrgicas de cambio de sexo a menores de edad era acorde a la Constitución. La semana pasada, Puerto Rico aprobó una ley que prohíbe las intervenciones quirúrgicas o tratamientos con medicamentos que alteren la biología del sexo de un menor de edad. La ONU, a través de un informe de Reem Alsalem, Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, advirtió sobre el daño que la transición de género pediátrica causa a las niñas. En Chile, el lanzamiento del libro Deshacer el cuerpo, del Instituto de Estudios de la Sociedad, presenta cuatro objeciones intelectuales a la agenda trans que hasta el momento siguen sin una respuesta seria.
Nuestro país no puede quedarse atrás. Los escalofriantes datos revelados por la Comisión Investigadora Nº57 de la Cámara de Diputados no pueden juntar polvo. El Congreso debe prohibir decididamente este tipo de prácticas, puesto que la hormonación y las cirugías no son inocuas, sino que causan daños en su anatomía y fisiología, en muchos casos irreversiblemente, provocando infertilidad, problemas de densidad ósea, etc.
Se trata de proteger a los niños y adolescentes de intervenciones experimentales que buscan modificar su sexo. Ellos tienen derecho a crecer y el Estado debe protegerlos para que se desarrollen en un ambiente sano. La pubertad no es una enfermedad, si no una etapa propia de la madurez que toda persona vive.
Los niños no son conejillos de Indias. La Fiscalía chilena investiga a algunos de los doctores que han participado en este experimento médico. Puerto Rico castigará a los doctores que realicen estas intervenciones con 15 años de cárcel, la revocación de su licencia profesional y 50.000 dólares de multa para las personas jurídicas.
Esto no se trata de colores políticos. Es uno de los pocos temas en los que cada existe un mayor consenso transversal y ciudadano: según la última Cadem, un 76% (12 puntos más que hace un año) rechazaba que se le aplicaran bloqueadores de pubertad para cambiar de sexo a niños.
El silencio del Minsal en esta materia sigue demostrando cómo la salud y la ciencia están secuestradas por la ideología y el activismo. No hay anuncios de investigaciones, ni sumarios, a pesar de contar con tres estudios, desde 2023, que alertan sobre los riesgos y daños que tienen las intervenciones hormonales en niños y adolescentes y que en Chile son más de mil, solo en la salud pública, y no se sabe cuántos más son en la salud privada.
Es hora, por el bien de los niños, de prohibir las intervenciones transafirmativas de cambio de sexo.
