Bolsonaro se fue de Brasil un día antes de la asunción de Lula. Su salida intempestiva generó fuertes críticas, ya que no participaría del cambio de mando, y en ningún momento concedió la derrota antes de abandonar el cargo. Sin embargo, hay una explicación que lamentablemente se ha convertido en la realidad de toda Latinoamérica. Bolsonaro se fue porque de quedarse sería rápidamente apresado por el gobierno de Lula. Según medios locales, existía un arreglo entre Lula y el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, para que el mismo 2 de enero miembros del oficialismo pidieran la prisión preventiva contra Bolsonaro y se llevara a cabo su arresto.
La prensa latinoamericana estuvo semanas impulsando la idea de que la “extrema derecha” y Bolsonaro estaban planeando ataques terroristas y un golpe de Estado. Lula asumió sin ningún inconveniente, pero con esa narrativa construyeron un supuesto delito para que diputados del PSOL, partido socialista miembro de la coalición de gobierno de Lula, pidieran oficialmente el arresto de Bolsonaro frente a la Corte Suprema. En la petición, los socialistas solicitan también la incautación de sus bienes, además de la ruptura del secreto telefónico, telemático y bancario. Argumentan que Bolsonaro alentó actos violentos tras las elecciones, aunque extensa evidencia de que es mentira. Pero estas causas inventadas, ante la ausencia de fueros, llevan directo a la cárcel como ha ocurrido en los últimos años en Venezuela, Nicaragua, Perú y, más recientemente, Bolivia.
En Bolivia, en el último año desde que recuperaron el poder, Arce y Evo han ordenado el arresto ilegal de todos los líderes de la oposición, una práctica que se copiaron del nicaragüense Daniel Ortega, quien también convirtió una presidencia democrática en una dictadura socialista. Empezaron con Jeanine Añez, la Presidente constitucional que tomó el control del gobierno cuando Evo ordenó la retirada de todo su gabinete. Añez, como vicepresidente del Senado, asumió por sucesión constitucional pero fue imputada por liderar un supuesto golpe de Estado contra Morales y encarcelada en los primeros meses del gobierno arcista. Siguieron los ex ministros Álvaro Coimbra (Justicia); Rodrigo Guzmán (Energía); Gonzalo Terceros, ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana; Yuri Calderón, ex comandante general de la policía; Marco Pumari, líder del Comité Cívico de Potosí y ex candidato a vicepresidente; Rómulo Calvo, sucesor de Camacho en el Comité pro Santa Cruz, y Yassir Molina, uno de los líderes del grupo paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que combate la persecución política del régimen masista.
Casi otros cien líderes de la oposición han sido arrestados arbitrariamente, pero el caso de Luis Fernando Camacho es el más alarmante. No solo cuenta con fueros por ser actualmente el gobernador del departamento de Santa Cruz de la Sierra, la región más importante de Bolivia, sino que es el principal líder de la oposición en contra del MAS.
En Perú, horas antes de que se tratara su vacancia en el Congreso por múltiples causas de corrupción, el Presidente Pedro Castillo mediante cadena nacional anunció un golpe de Estado contra el sistema republicano y la instauración de una dictadura con él a la cabeza. Acorralado con un juicio político en el Congreso, Castillo pretendió convertirse en dictador, anunciando el estado de sitio y el control de la suma del poder público.
Hace un par de semanas en la Argentina, en un intento de golpe institucional al Poder Judicial sin precedentes, el Gobierno kirchnerista anunció que no acataría el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de fondos de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires ya que lo considera de “imposible cumplimiento”. El Presidente Alberto Fernández, en un comunicado que publicó junto a catorce gobernadores peronistas, anunció que se declaraba en desacato y que la Nación no cumpliría el fallo de la Corte Suprema que ordena devolverle la coparticipación a la Ciudad, adelantando además que buscaría recusar a los jueces y acusar en juicio político al presidente de la Corte.
Es en este contexto latinoamericano que debe leerse la decisión de Gabriel Boric de indultar a trece condenados por distintos delitos de violencia y terrorismo. Aunque el Presidente insista en que esas personas no son delincuentes, todos ellos han recibido condena por delitos de violencia, incluido homicidios frustrados a policías, quema de iglesias y lanzamiento de molotov. Y al igual que algunos de los indultados por Allende en su primer año de gobierno que seis meses después asesinaron a Pérez Zujovic, Luis Castillo Opazo ni bien recuperar su libertad viralizó un video en el que se denomina “preso político rodriguista” y hace un llamamiento expreso a sus compañeros de lucha a no bajar brazos, a mantener sus convicciones, a la rebelión y a la insurrección mientras exista desigualdad -es decir, hasta el fin de los tiempos- porque los insurrectos dan la vida por la causa y solo descansan hasta cambiar todo el sistema.
El juego ganador de la izquierda radical en Hispanoamérica
En los últimos tiempos en Hispanoamérica, personajes siniestros e incompetentes han triunfado a través de mecanismos democráticos. Seres inefables como Castillo, López Obrador, Boric o Lula se hicieron con las presidencias de países importantes sin que las aberrantes violaciones a los derechos humanos de las dictaduras cubana, nicaragüense o venezolana que reivindican, les hicieran mella.
La zona ha quedado infectada con una mezcla de gobiernos que contienen a los remanentes de la guerrilla setentista entrenada en Cuba, al narcosocialismo, a los políticos prebendistas fundantes del Foro de San Pablo y enriquecidos gracias a la obra pública y al indigenismo comunista. La tendencia hacia el ideario izquierdista es clara y representa un desafío para la psiquiatría: todos los países de la región han recibido venezolanos que huyen de la miseria, la tortura y la muerte.
Sucede que la izquierda radical en nuestros países es mucho más astuta y analítica que sus pares de la derecha y opera sin vergüenza en todos los planos de la arena pública. Se atiene a las reglas democráticas y se presenta a elecciones, usando los valores liberales y republicanos para atacar a sus contrincantes y poniendo a su favor una ética en la que no cree para exponer a la oposición, aunque sus propios muertos recientes no entren en su escala de valores. Saben dónde hay bochorno y lo usan sin que les rocen las contradicciones.
Se manejan fluidamente, también, con una institucionalidad paralela. Infiltran la justicia y la administración pública, y manejan los dineros públicos como si fueran propios para hacerse de los favores de medios de comunicación y de artistas: prebendas, subsidios, aportes. Además, sostienen el favor de mafias sindicales y de grupos económicos protegidos que saben que son los gobiernos antiliberales los que los benefician. Esté o no en el poder, la irregularidad y la trampa hecha desde el Estado tiene a la izquierda como artífice.
No hace falta destacar, también, que monopolizan la violencia urbana y rural relacionada con reclamos antisistema y por fuera de la legalidad. Claro ejemplo se puede ver en los estallidos violentos chileno o colombiano. Pero también en los saqueos argentinos, o en el arco de manifestaciones estudiantiles, ecologistas, feministas o indigenistas que se concatenan en los distintos países, pero que se concentran en donde los gobiernos no son de izquierda. Y no deja de ser notorio que la virulencia de estas acciones se venga incrementando en la región en paralelo con la inacción de las fuerzas de seguridad y de la justicia. La izquierda tiene una inmensa capacidad de detectar y canalizar micro conflictos, resistencias y tensiones, y usarlas de manera instrumental: pueden ser sumisos o rebeldes con la misma medida de gobierno según sus intereses. Pueden hacer estallar la calle por un caso policial si les conviene o enterrar mil casos similares si les son adversos.
¿Hay salida del infierno socialista?
La izquierda no está jugando con las mismas reglas que el resto de las fuerzas políticas de la región, y mientras no se entienda su jugada no hay manera que se acabe este infierno socialista que hace retroceder a nuestros países, con métrica, cada cuatro años. El contrapeso que debió crecer con los recambios políticos de derecha, dejó pasar la oportunidad cuando la izquierda estaba en retroceso. Las garantías que debían funcionar de manera automática cuando se produce el abuso de poder, no saltaron. Todos los mecanismos de contrapeso están rotos.
Por otra parte, la derecha política no tiene capacidad institucional de torcer la cosmogonía socialista, vive a la defensiva y con bastante miedo. Se dedica a fluir por lo políticamente correcto y maximizar las opciones de permanencia en el poder. Oponerse implica elevados costos y prima el corto plazo. A falta de narrativa propia y a razón de asumir los valores del progresismo se ha limitado a ir adaptándose. Difícilmente haya esperanza política en opciones que consideran que la lucha por la libertad puede ser supeditada al objetivo de la igualdad mediante ingeniería social. La derecha traiciona al votante al aceptar acríticamente cualquier tesis sólo por no ofender creencias socialmente aceptadas.
No se puede perder de vista este prisma cuando se analiza la realidad chilena. No es casualidad que la izquierda radical diga que la nueva Constitución será transitoria mientras no se apruebe la que ellos quieren. Entendamos lo siguiente: la izquierda no sabe perder, no se agacha, sólo toma impulso. Y aceptemos de una buena vez que la legitimidad moral no la tienen ellos. La evolución de la humanidad es prueba contundente que la moral nos asiste, y, por lo mismo, que asesinato es asesinato y no “ajusticiamiento”.
*Eleonora Urrutia es abogado, máster en Economía y Ciencias Políticas.
