La democracia está atravesada por muchas paradojas. El Congreso acaba de revelarnos una de ellas: para vivir en libertad, es obligatorio votar. Cuando se reformó la Constitución en 2012 para introducir el voto obligatorio, el argumento era la libertad del ciudadano. Toda la responsabilidad de la participación electoral quedaba en manos de los políticos, que debían saber cautivar al elector para animarle a votar.
El voto sería desde entonces un termómetro del interés de la ciudadanía por la política: si no participan, es porque les parece una pérdida de tiempo. Desde entonces, las elecciones fueron disminuyendo progresivamente su participación. El plebiscito de octubre fue la gran excepción. Pero será con el de septiembre que la voluntad legisladora se decidió al cambio. ¿Por qué?
Los resultados del plebiscito de septiembre probaron que el marco de la discusión constitucional estaba corrido. Siempre habrá alguien que diga que ya lo sabía, pero los demás despertamos de un hechizo. Había noticias que alentaban el triunfo del Rechazo, pero el 62% con casi ocho millones de votos pocos lo vieron venir.
La reforma constitucional que reestablece la obligatoriedad del voto es una forma de minimizar los riesgos de que Chile se deje llevar otra vez por los cantos de sirena. Las sirenas y sus cantos son aquí los portavoces no autorizados del plebiscito de octubre, que monopolizaron primero y redujeron después el sentir ciudadano a unas consignas que poco y nada tenían que ver con las necesidades y anhelos del país.
La reforma constitucional ha sido forjada al calor de la experiencia reciente. Si baja la temperatura, se oscurece su razón de ser. Me parece indeseable un clima tal de conflictos políticos que la conciencia del deber de votar se mantenga despierta sin necesidad de otros argumentos.
Pensando en el momento en que la política retome su curso habitual, que para la mayoría de los chilenos es manso y ajeno, es preciso crear y fortalecer herramientas que den sentido a este deber de votar.
Por de pronto, asumo que habrá de revisarse el plan de formación ciudadana escolar, que reemplazó la asignatura de educación cívica. ¿Cómo se explica allí el voto? Temo -lo admito, son mis prejuicios- que hay en ese plan un énfasis en las virtudes sociales propias de una convivencia plural, que no conectan con el derecho/deber del sufragio.
Si de verdad queremos propiciar una participación política que, con su voto, desenmascare a los aventureros y sus “cuentos del tío”, el voto obligatorio es insuficiente. Es necesario, por cierto, y celebro la reforma. Pero tiene que apalancarse en puntos que le signifiquen perdurabilidad; de otro modo, apoyada en el temor a la sanción, no promete larga vida. La educación es, probablemente, el más obvio de todos. Pero no el único. Una batería de medidas de endurecimiento para sancionar el abuso de los políticos (corrupción, privilegios, desacatos, mentiras) es otro.
*Luis Alejandro Silva es abogado.