Un justificado escándalo ha generado en la opinión pública el denominado caso Democracia Viva, consistente en que agrupaciones asociadas al Frente Amplio -en particular a Revolución Democrática- recibieron fondos públicos por medio de asignaciones directas de manera, al menos, irregular. En simple, recursos de todos los chilenos ingresados al Estado a través del pago de nuestros impuestos fueron dirigidos a fundaciones de izquierda, en buena medida gracias a la cultura del pituto, el amiguismo, las influencias de la diputada Catalina Pérez y otras prácticas lamentables que dan cuenta de la concepción que tiene el Frente Amplio del Estado al considerarlo un verdadero botín para pagar favores políticos.
Con todo, es claro que el tema de fondo va más allá de estos graves casos de corrupción cuyas últimas consecuencias aún estamos lejos de conocer. Como bien sostuvo un grupo de vecinos de Lo Hermida en Peñalolén, “no hay plata para viviendas, pero sí para fundaciones”. Porque, al margen de las correcciones técnicas y eventualmente legales que se pueden hacer para efectos de regular mejor las asignaciones del Estado a organizaciones de la sociedad civil (en la medida que ellas hagan un trabajo real y evaluado, y no sean máscaras de proselitismo político como las de RD), me parece que existen preguntas que van al centro del problema y que debemos abordar: ¿Por qué el Estado de Chile tiene disponibles tantos recursos que pueden ser asignados sin mayor regulación por parte de las autoridades? ¿Por qué dichos recursos no se utilizan, por ejemplo, para combatir el crecimiento de campamentos en Chile, que debiera ser prioridad del Minvu?
Creo que la respuesta pasa, entre otras cosas, por un Estado que ha crecido de manera exorbitante en las últimas décadas. El Estado chileno cuenta con 24 ministerios, casi 40 subsecretarías y múltiples organismos, reparticiones y agencias estatales. En los últimos meses, hemos conocido -con escaso detalle y justificación- que se habrían contratado entre 60 mil y 90 mil nuevos funcionarios públicos, cuyas funciones, criterios de contratación y remuneraciones conocemos sólo parcialmente. Esta masiva contratación de funcionarios sigue una tendencia que lleva varios años: de acuerdo con las cifras de Unholster, los funcionarios públicos pasaron de 187 mil en 2009 a 378 mil en 2021, duplicación absolutamente inexplicable racionalmente, aunque comprensible desde una perspectiva política y partidista. Esto significa que antes había 9 funcionarios por cada 1.000 habitantes, en tanto hoy existen 19 por cada mil personas.
En este contexto, parece evidente que la posibilidad de subir los impuestos, como pretende el Gobierno del Presidente Boric, es un sinsentido y una injusticia. ¿Qué necesidad existe de extraer más recursos de los chilenos si el Estado se da el lujo de despilfarrar recursos? ¿Usted le confiaría una proporción mayor de sus ingresos ganados legítimamente y fruto de su trabajo a una coalición política que se lleva la plata para la casa por medio de fundaciones truchas?
Por el contrario, un verdadero “pacto fiscal” -que es el concepto acuñado por el tan alabado Ministro Marcel- no es insistir obsesivamente con aumentar la carga tributaria, como siempre pregona la izquierda (a veces con el lamentable apoyo de la derecha), sino por el contrario, emprender una profunda reforma al Estado que apunte definitivamente a reducir el gasto político inútil e ineficiente, termine con los programas sociales deficientes y mal evaluados, fusiones ministerios, elimine subsecretarías y signifique una verdadera cirugía a la estructura del aparato estatal, y a estas alturas, del aparato paraestatal surgido por medio del financiamiento fiscal.
Esto permitirá la liberación de importantes recursos públicos que podrán ser destinados, ya no a satisfacer la repartija de los partidos políticos, sino a un verdadero gasto social, para sacar a las decenas de miles de familias que viven en campamentos y contribuir a darles una vida digna; a mejorar la calidad de la educación (especialmente urgente tras la pandemia y los últimos resultados de la prueba Simce); y a generar mejores políticas para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo mejorando las condiciones laborales de nuestras fuerzas de orden y seguridad. En definitiva, Chile necesita un mejor Estado: austero, eficiente y al servicio de las personas; y no más impuestos, cuya única consecuencia segura es el crecimiento del aparato estatal. Lo primero sería un verdadero pacto fiscal, lo segundo, una nueva injusticia.
