El valor de la palabra

«La palabra es una gran dominadora, que con un pequeñísimo e invisible cuerpo cumple obras divinísimas: puede hacer cesar el temor, quitar los dolores, infundir la alegría e inspirar la piedad». Así lo escribió Gorgias hace veinticinco siglos, y la frase no ha perdido ni una línea de vigencia. El sofista griego también advirtió que los discursos pueden afligir y deleitar, espantar, envenenar y fascinar el alma con convicciones malvadas. Lo que Gorgias vio con tanta claridad entonces es lo que nos cuesta aceptar ahora: la palabra no es neutra. Nunca lo fue (Se agradecen las inspiradoras conversaciones con la filósofa María Eugenia Bazán.)

Vivimos en tiempos de sobreabundancia informativa y, por tanto, de hiperabundancia de palabras y discursos. Cada persona siente el derecho a opinar sobre cualquier tema, sepa o no de aquello, a veces con la sola intención de participar, de no quedar fuera del debate, de existir en el único espacio donde hoy se siente que se existe: la pantalla. Cabe preguntarse entonces qué estamos haciendo realmente con las palabras. ¿A dónde queremos llegar con lo que publicamos? ¿Qué responsabilidad social tenemos al emitir un juicio: dañamos o aportamos al bien común? Más profundamente: ¿qué obligación ética tenemos al informar sobre cualquier persona o acontecimiento? ¡Qué responsabilidad, en efecto!

La respuesta obliga a elevar los estándares de la opinión y la información. Hemos olvidado algo que está en la base misma de la convivencia: todos tenemos el derecho a opinar, pero también el deber de hacerlo con cautela, sabiendo lo que decimos. Es una cuestión de responsabilidad cívica e intelectual. Hablamos de maltrato en todos los ámbitos y olvidamos el maltrato con imágenes y con palabras groseras -las que circulan en redes, pero también las que se cruzan entre los propios políticos. Someter nuestras ideas a un examen crítico antes de exponerlas no es autocensura: es ecología. La ecología no es sólo con el entorno natural; también lo es con nuestras sensibilidades, con el otro, con el aire que respiramos cuando conversamos.

Este deber es de todos, pero le incumbe de manera especial al gobernante. El ciudadano necesita información de calidad, clara y entendible. No como gesto amable del poder hacia el gobernado, sino como el piso mínimo de cualquier democracia que se tome en serio a sí misma. Cuando un gobierno deja de explicar en lenguaje llano qué hace, por qué lo hace y qué costos tiene, el espacio que abandona no queda vacío: lo ocupa otra cosa. Consignas de cuatro palabras, memes de quince segundos, titulares de matinal. Y una vez que esa otra cosa se instala, recuperar la conversación puede ser tarde.

Es, con precisión casi clínica, lo que está ocurriendo con la Ley de Reconstrucción. La consigna «rebaja de impuestos a los más ricos» se instaló antes de que el gobierno terminara siquiera de explicar el diseño de la ley. Y una vez que una frase así se apodera del aire, pelearla puede ser tarde: la ley deja de ser lo que dice su articulado para convertirse en lo que cree de ella el tiktoker con más seguidores y el vecino que la repite en la fila del supermercado. En democracia, la ley también es lo que los ciudadanos creen que es la ley. Subestimar esa perogrullada cuesta elecciones.

Conviene recordar, además, algo que en la vorágine tiende a olvidarse: cada voto emitido es siempre la aceptación de un contrato. El ciudadano marcó una papeleta a cambio de promesas de campaña —un programa, un horizonte, un estilo de gobernar— y esa transacción genera una obligación ética concreta. El votante es el dueño de la obra: pone el dinero, la esperanza y la urgencia. Reclamar después que «la gente no entendió el esfuerzo» es depositar la culpa en quien pagó y eximir a quien debía dirigir. No se trata de lo que los analistas llaman la «luna de miel»: ese período inicial de gracia en que se tolera la ausencia de resultados. Se trata de algo más exigente y más justo: el derecho a saber cómo se avanza, qué se está haciendo y qué vendrá después. Los temas son demasiado importantes y demasiados. La economía que aprieta a las familias, la inseguridad que afecta la vida cotidiana y se lleva vidas, las listas de espera en salud que se miden en meses y en sufrimiento humano, la educación de los hijos, el acceso a la vivienda. Lo que demora en anunciarse y explicarse en estas materias no es un problema de relato: es un problema que afecta directamente a las personas y pone al gobernante en deuda con quienes lo eligieron.

Pedir paciencia a ese ciudadano es, en el Chile de hoy, pedir demasiado. Los mensajes llegan en milésimas de segundo; los pedidos, en horas; los resultados se exigen para ayer. Y a esa impaciencia universal, Chile le agregó la propia: un terremoto que volvió a recordarnos la fragilidad material del país, un octubrismo violento que quebró certezas institucionales de la noche a la mañana, una pandemia que encerró vidas y arruinó negocios, una guerra en Medio Oriente que reordena precios y ansiedades. Pedirle paciencia a una ciudadanía que atravesó todo eso no es pedir virtud: es pedir heroísmo. Y el heroísmo, por definición, no se exige: se agradece cuando aparece. De ahí que la única respuesta posible sea la explicación oportuna, sin grietas para el meme.

Comunicar, por cierto, va mucho más allá de informar. Informar es emitir un dato correcto y dar por cumplido el deber. Comunicar es asegurarse de que ese dato llegó al receptor, que lo entienden la mayoría de las personas: que sabe lo que está ocurriendo, que lo que espera y necesita llegará, y que hay un rumbo claro detrás de cada decisión. En los tiempos que vivimos no hay lugar para el conflicto entre la técnica y la política: deben ir juntas. El ministro y el parlamentario tienen el oficio de tomar un informe de ochenta páginas y traducirlo en ideas claras, honestas sobre sus supuestos y explícitas sobre sus costos. Cuando esa traducción no ocurre, el vacío lo llena otro —el opositor, el influencer, el meme— y lo llena a su favor. Los gobiernos que pierden la conversación casi nunca la pierden por malos números: la pierden por buenos traductores que trabajan para el adversario.

La conversación pública no puede degenerar en pura confrontación de egos ni en ovejas útiles para ideologías que hace tiempo perdieron su título de racionales. Estamos en democracia, y en democracia no todo vale. Gorgias, que vivió antes de que existiera internet, ya lo sabía: la palabra envenena o sana, aflige o deleita, espanta o convence. Ese peso no recae sólo sobre el gobernante: lo comparte cada ciudadano que opina, publica o comparte. Pero es del gobernante con mayor urgencia, porque habla con el peso del mandato que otros le entregaron.

El gobierno de Boric decepcionó a Chile, incluso a quienes le entregaron su confianza con el 56 por ciento de los votos: esa mayoría mereció algo mejor. Su gestión dejó condiciones difíciles como herencia, y esa historia no debe repetirse. De ahí la gravedad del momento, pero también la oportunidad real de hacer las cosas de manera distinta. El legado económico y fiscal es grave y no puede ignorarse al evaluar tiempos y decisiones. Gobernar bien exige valentía: no es un fracaso renovar a quienes no responden como se espera, sino dejar que permanezcan cuando no cumplen. Un gabinete que no rinde necesita corregirse; la capacidad de hacerlo sin miedo es parte del liderazgo. La idea del «capital político» que se pierde cuando se corrige el rumbo es una falacia: lo que verdaderamente se pierde es la credibilidad cuando no se actúa a tiempo. Quien gobierna hoy tiene en sus manos algo que la política raramente ofrece: el momento exacto para actuar. Y comunicarlo bien.

Voté por el Presidente Kast. Y estoy segura de que muchas más personas que los votantes que lo apoyaron, desean que le vaya bien. Ya que ello significa que les vaya bien a todas las personas que habitan y aman a Chile.