Treinta y cinco años después, la democracia chilena aún mantiene una deuda pendiente con el asesinato de Jaime Guzmán. No es una cuestión de conmemoración, sino de justicia inconclusa, de una obligación del Estado que el paso del tiempo no ha logrado saldar. ¿Puede hablarse de imperio de la ley en tanto un crimen político de esta magnitud no se haya resuelto plenamente?
El 1 de abril de 1991 no se asesinó únicamente a un senador de la República, también se intentó amedrentar a una democracia que recién comenzaba a estabilizarse tras un periodo de fractura profunda. La violencia quiso alterar el curso político mediante la intimidación y el miedo. La respuesta del país fue inequívoca: rechazo transversal, compromiso con la paz y promesa de justicia. Sin embargo, esa promesa aún sigue insatisfecha.
En 2010 la Corte Suprema argentina concedió la extradición de Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del crimen. Desde entonces, el cumplimiento de ese fallo quedó atrapado en una secuencia de refugios administrativos, recursos sucesivos y vacilaciones que fueron erosionando su eficacia. A comienzos de este año sólo restaba proceder a su detención y expulsión. Pero la orden fue despachada tardíamente. Y cuando se intentó ejecutar, ya no se encontraba en el lugar donde se suponía que estaba.
No fue un mero tropiezo operativo. Fue la culminación de años de retrasos que terminaron neutralizando una resolución dictada hace dieciséis años. El sistema de cooperación judicial internacional, concebido para impedir la impunidad en crímenes graves, volvió a mostrar su fragilidad cuando lo que se requería era determinación.
El caso Apablaza no es un episodio aislado. Se suma al refugio político que Francia otorgó a Ricardo Palma en 2018 y al que Bélgica concedió a Miguel Ángel Peña en 2019. En ambos casos se invocaron dudas sobre las garantías judiciales que entregaba el régimen democrático chileno, pese a que Palma ya había sido condenado como autor material y había cumplido parte de su pena antes de fugarse desde la cárcel en 1996. Esta recurrencia es particularmente ominosa para Chile: la voluntad de asistencia internacional ha sido intermitente frente a este crimen y, en ocasiones, escéptica hacia nuestro sistema judicial, que ha demostrado su apego irrestricto al derecho.
La extradición no materializada es una señal intranquilizadora. Si las sentencias firmes pueden neutralizarse mediante dilaciones, si la colaboración depende de voluntades fluctuantes y el tiempo opera como factor de desgaste, entonces la respuesta jurisdiccional pierde densidad simbólica y eficacia práctica. En efecto, a veces basta la postergación interminable para que se consume la impunidad.
Lo que está en juego aquí es algo elemental: la capacidad de los Estados para hacer efectiva la ley frente a un crimen terrorista. La fortaleza de las democracias también se mide por el compromiso con la ejecución de sus propias decisiones judiciales, aunque hayan transcurrido décadas. Cuando la justicia no sólo tarda, sino que se frustra, se resiente la confianza pública y se compromete el imperio de la ley, clave para el Estado de Derecho.
Treinta y cinco años después, este nuevo aniversario interpela al presente institucional del país. Mientras el proceso permanezca inconcluso y todos los responsables no hayan comparecido ante nuestros tribunales, la democracia chilena seguirá cargando con una herida abierta.
No puede aceptarse que la violencia política encuentre en el paso del tiempo un aliado eficaz. Si el Estado no logra cerrar este capítulo, el mensaje no será sólo jurídico, sino político: que ciertos crímenes pueden resistir la acción de la justicia simplemente esperando lo suficiente.
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