El silencio de todos los gobiernos

El Presidente de la República ha anunciado un ambicioso plan de reconstrucción y desarrollo económico. Más de cuarenta medidas organizadas en torno a la competitividad tributaria, el empleo formal, la facilitación regulatoria y la certeza jurídica. El diagnóstico es severo y en buena parte correcto: años de estancamiento, déficits acumulados, inversión contraída, crecimiento mediocre. La voluntad de revertirlo, legítima. Las herramientas propuestas, discutibles en sus detalles, pero no en su orientación general. Esta columna no viene a cuestionar ninguna de esas medidas.

Conviene, sin embargo, recordar una obviedad: que el crecimiento económico, siendo un bien real y necesario, no es el bien supremo de la vida política. Que hay algo anterior a él, más prioritario y más urgente, que se llama justicia. Y que una nación puede volverse más rica y más injusta al mismo tiempo, con lo cual no habrá prosperado sino empeorado en lo que más importa. No basta que los bienes aumenten si su distribución es injusta, porque la injusticia en la distribución corroe el vínculo social desde adentro. Una ciudad opulenta e injusta no es una ciudad floreciente: es una ciudad en proceso de disolución, aunque sus indicadores macroeconómicos luzcan impecables.

Dicho esto, corresponde señalar un silencio sistemático de todos los gobiernos sobre una injusticia que opera en el corazón mismo del sistema financiero chileno y que ninguna agenda de crecimiento toca o se atreve a tocar: la usura y el anatocismo.

La usura, en el sentido que le dio la tradición doctrinal de la Iglesia -coherente desde los Padres hasta la escolástica- no es simplemente el interés excesivo. Es el interés como tal, cobrado por el mero préstamo de dinero, en virtud del sólo transcurso del tiempo, sin título justo -el daño real- que lo justifique.

El anatocismo es la otra gran injusticia silenciada. Consiste en capitalizar los intereses vencidos y no pagados, de modo que devenguen a su vez nuevos intereses: el interés sobre el interés. Su perversidad moral es doble. Primero, porque si el interés mismo es de legitimidad discutida, el interés sobre el interés es injusticia compuesta. Segundo, porque el anatocismo tiene una dinámica matemática implacable: la deuda crece de modo exponencial mientras los medios del deudor crecen, en el mejor caso, de modo lineal. El resultado inevitable es que el deudor que cae en dificultades queda atrapado en una espiral de la que no puede salir por sus propios medios, por la estructura misma de la operación.

Podría objetarse que estas son cuestiones teológicas o medievales, sin pertinencia en una economía moderna. La objeción es superficial. El problema moral que señala la tradición no desaparece por llamarlo de otro modo.

El sistema financiero opera bajo licencias del Estado, con garantías públicas, con el Banco Central como prestamista de última instancia. Esa protección colectiva debería generar, como mínimo, obligaciones de accesibilidad y justicia. Pero los actores que se benefician del sistema tienen incentivos para que las preguntas sobre su legitimidad no se formulen. El resultado es el silencio.

No se trata de proponer la abolición del sistema financiero ni de ignorar que el crédito cumple funciones reales en la economía. Se trata de algo más modesto y más exigente: reconocer que hay injusticias estructurales en ese sistema que ninguna agenda de crecimiento puede legitimar, y que la política tiene la obligación de al menos nombrarlas, aunque no sea posible eliminarlas de inmediato. Reconocer que la usura existe. Que el anatocismo es injusto. Y comprometerse a avanzar, gradualmente y con prudencia, hacia un sistema de crédito que sirva al bien común en lugar de explotarlo.