El problema no es el indulto

Juan Aliste Vega pidió un indulto humanitario al Presidente Kast para morir junto a su familia. Seis días después murió, sin respuesta. Su caso, el de un exlautarista condenado por el homicidio del cabo Luis Moyano, alcanzó en ese tiempo a dividir a un partido, provocar la renuncia de una diputada y reabrir la pregunta por los indultos presidenciales. Sin embargo, no alcanzó a resolverse, y menos aún permitió abrir una discusión honesta sobre las condiciones en las cuales consideramos legítimo cambiar el régimen penitenciario de un condenado por su estado de salud.

En esos seis días quedó a la vista que en Chile la situación de las personas privadas de libertad con salud deteriorada se discute desde la conveniencia política y no desde la humanidad. Algunos dirigentes respaldaron el indulto, pero a condición de que el mismo criterio se aplicará a exuniformados condenados por violaciones de derechos humanos. La diputada Macarena Santelices renunció a su partido porque el caso se usaría como moneda de cambio para facilitar otros indultos. Desde la otra vereda, se habló de impunidad, de un posible perdonazo masivo. En todos los casos, la postura dependía de quién era el condenado y no de su condición como persona.

Sin duda, el vicio no es nuevo. El gobierno anterior indultó a quienes consideraba luchadores sociales, haciendo un mal uso de una facultad presidencial que luego tuvo que salir a justificar. Hoy la presión viene desde otro lado, pero siguiendo una misma lógica: la humanidad hacia el condenado se mide según la afinidad política que se le atribuye. Esa lógica ha ensuciado un debate que exige otra altura, porque cuando la dignidad depende de la simpatía política deja de ser un principio y se transforma en un privilegio. Cómo sociedad estamos llamados a ponernos de acuerdo desde la dignidad humana y no desde el beneficio político.

Para que ese acuerdo sea posible, hay que alejar de esta discusión a quienes buscan indultar a una persona por lo que representa. Haber vestido uniforme no convierte a nadie en víctima de la justicia, como tampoco ser considerado luchador social borra los delitos por los que un tribunal los condenó. Quien plantea el beneficio desde esa identidad no está pidiendo humanidad, está pidiendo una excepción para los suyos. Y mientras la discusión siga en esos términos, cada caso será leído como una concesión al adversario y no como una decisión sobre la salud y la dignidad de una persona.

Querer que una persona muera en dignidad, ¿es fascista? ¿es comunista? No. Es una pregunta sobre qué entendemos por una condena, por la privación de libertad y por la dignidad de una persona, que no se pierde con la condena, sino que, al contrario, es lo que le da sentido a la pena. No se trata de los míos, los tuyos o los nuestros, sino del compromiso que una sociedad asume con quien esta privado de libertad.

Para salir del barro de esta discusión utilizada políticamente lo primero que debemos resolver es el uso indistinto de conceptos errados. Un indulto perdona, reduce o conmuta la pena. Una amnistía extingue la responsabilidad penal. Pero aquí lo que está en juego es algo distinto. Se trata de determinar si una persona cuyo estado de salud le impide cumplir su condena en un recinto penitenciario puede continuar cumpliéndola en su domicilio. La condena no desaparece, la pena no se reduce y el delito no se olvida. Lo único que cambia es el lugar y las condiciones de su cumplimiento.

Por eso el Presidente Kast tiene la oportunidad de salir de este juego sin renunciar a su facultad de indultar, impulsando un marco que no dependa de su voluntad ni de la de ningún Presidente. El lugar para ese marco es el Congreso, donde ya existe un proyecto sobre cumplimiento alternativo de penas, cuestionado con razón por ser demasiado amplio. El desafío no es aprobarlo o enterrarlo, sino generar una discusión desde los principios sociales más básicos para obtener un resultado de consenso.

Un buen marco legal debería limitarse a casos extremos y verificables, como una enfermedad terminal o una dependencia severa, acreditados por un proceso independiente. La decisión debería quedar en manos de una comisión de régimen penitenciario, que evalúe caso a caso, en un procedimiento transparente que escuche a todas las partes involucradas. Y cuanto más grave sea el delito, mayores deberían ser las exigencias para acceder a este cambio de régimen, de modo que un criterio humanitario nunca se transforme en impunidad. Tan importante como definir cuándo procede es definir cuándo no.

Sin un cambio legal, cada caso seguirá recayendo en una sola persona y en la presión política del momento, y solicitudes legítimas, seguirán sin respuesta. El próximo enfermo terminal, sea quien sea y haya hecho lo que haya hecho, merece al menos que no se mire su historia política. De eso se trata reconocer al privado de libertad como persona, y no como un ser despojado de toda dignidad humana.