Vivimos en un momento donde todos los límites se han corrido. La droga penetró las Fuerzas Armadas, Carabineros ha sido permeado por grupos criminales y en las cárceles los gendarmes conviven a diario con el delito y el entorno muchas veces termina cambiándolos.
Se han corrido todos los límites, porque mientras siguen apareciendo algunos sorprendidos por lo que está pasando, poco se está conversando sobre la seguridad de las personas, y no sólo de los ciudadanos, sino que también de esos funcionarios que están en la primera línea del combate contra el crimen organizado.
El caso del avión FACH que iba a ser utilizado para trasladar ketamina, la droga encontrada en la brigada en Tarapacá o los suboficiales del Ejército que integraban una banda que traficaba psicotrópicos no son más que la punta del iceberg y, la prueba de que no se está mirando el problema de la seguridad como debiese.
Resulta ingenuo pensar que existen instituciones del Estado en donde no entrará el crimen organizado. Éste permeará a cualquiera, siempre y cuando sirva al negocio y, ¿qué herramienta más útil que un avión de la Fuerza Aérea con vuelos regulares y una institución del alcance nacional?
Lo que está faltando en el análisis no es si se comprende o no el problema, lo que falta en el análisis es salir del discurso y pasar a la acción. Desde todos los sectores se propone poner a las personas al centro y que los chilenos vuelvan a vivir en paz. Pero, ¿qué pasa con esos chilenos que se encargan de que eso suceda?
Activar el relato implica cuidarlos a todos y, sobre todo a esos funcionarios que enfrentan al crimen a diario. La razón de ello, que perciban que su institución se preocupa. Esto, por una sola cosa, generar las relaciones de confianza inquebrantables entre el funcionario y la institución para que, cuando se vea tentado, decir que no, no salga tan caro porque, hay detrás de él una estructura que se encargará de cuidarlo.
Seguir enumerando cifras no contribuirá a solucionar el problema si es que no se ponen sobre la mesa los temas complejos y, el que debiese encabezar la lista, sin duda, es la corrupción. Asumir que existe, identificar los riesgos y generar medidas de mitigación son los pasos más importantes.
Hoy se ha buscado guiar al debate a la discusión sobre qué tipo de justicia debe tener competencia en el caso de la FACH. Esto, es seguir tapando el sol con el dedo.
Más que preguntarnos sobre el tipo de justicia, debiésemos plantear la interrogante sobre por qué se genera esa pregunta. Nuevamente observamos a las autoridades hablando de la forma y no del fondo. El día que se converse sobre qué se está haciendo mal para que cada vez más instituciones se vean afectadas por el crimen organizado, estaremos teniendo el diálogo correcto.
Eso, necesariamente llevará a hablar sobre la seguridad de las personas y lo que no está haciendo el gobierno para fortalecer el compromiso con Chile. Competir con la corrupción es difícil, pero, se torna un poco más fácil cuando el Estado resguarda a sus funcionarios y se transforma en una red de seguridad que no los abandonará.
La verdad es que no entiendo el punto planteado. Pareciera que fuera al revés, doy protección al funcionario recto, durisimas sanciones al corrupto y se debe fortalecer la contrainteligencia, terminar con los complejos y cinismo impresentables