Este miércoles termina el mandato presidencial de Gabriel Boric. Diagnósticos, análisis y críticas se publicarán abundantemente. Gran parte de las evaluaciones de estos cuatro años se concentrará en los escándalos propios del Gobierno y en su deficiente manejo en materias como seguridad y economía. Sin embargo, también resulta necesario revisar los actos —legislativos y administrativos— adoptados respecto de ciertos bienes fundamentales, a menudo reducidos bajo la expresión de “temas valóricos”.
Sin duda, el borrador constitucional emanado de la Convención fue el resumen más acabado de las aspiraciones progresistas e ideológicas que buscaban transformar radicalmente estos ámbitos. Sería largo enumerar todas sus disposiciones, pero basta recordar algunas de las más graves: la constitucionalización del aborto libre, la consagración de la educación sexual integral obligatoria, la eutanasia, la justicia con perspectiva de género y un amplio conjunto de normas orientadas por la misma lógica. Que dicho texto haya recibido el respaldo del actual Gobierno fue apenas el anticipo de una agenda que venía claramente definida y que intentaría avanzar por todas las vías disponibles.
En materia de protección del no nacido, los principales intentos se manifestaron en la presentación e impulso de un proyecto de ley que permitía el aborto libre hasta las 14 semanas; en la modificación del reglamento de objeción de conciencia, incorporando nuevas exigencias y discriminaciones arbitrarias —especialmente laborales— contra objetores personales e institucionales; y, más recientemente, en un silencioso intento de “amarre” mediante la modificación de la Norma Técnica para la realización de abortos, introduciendo distinciones que permitirían practicar abortos más allá de lo previsto por la ley.
En el ámbito de la eutanasia, el Gobierno logró que el proyecto actualmente en el Senado avanzara desde la Comisión de Salud a la Sala. Sin embargo, fracasó en su intento de convertirlo en ley e incluso de lograr su aprobación en dicha instancia. Al adelantar sus indicaciones y el informe financiero correspondiente, quedó en evidencia su interés en ampliar aún más la causal propuesta, agravando un proyecto ya de por sí problemático.
Donde el avance fue más significativo fue en materia de ideología de género aplicada a menores de edad, con efectos especialmente preocupantes para niños y adolescentes. Desde capacitaciones con perspectiva de género en organismos públicos —como JUNJI— hasta la regulación de procesos de hormonación transafirmativa para menores desde los 9 o 10 años, todo ello acompañado de una preocupante falta de transparencia y fiscalización respecto de lo que ocurre en municipalidades y hospitales del país. En este contexto, el fracaso del programa PAIG —al quedar sin presupuesto para 2026, luego de dos años de alertas y denuncias— constituye probablemente el golpe más duro para una administración que se ha resistido a reconocer que se trataba de una política pública mal diseñada, carente de evidencia suficiente y potencialmente dañina para niños y sus familias. En el ámbito educativo, además, se impulsaron las llamadas Jornadas de Educación No Sexista, la Circular 812 y diversos documentos “orientadores” sobre ideología de género, iniciativas que han generado tensiones con la libertad de enseñanza y con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
En materia de familia, el Gobierno insistió en una lógica inspirada en el feminismo político, que tiende a presentar las relaciones entre hombres y mujeres en clave de confrontación. Su intento de ingeniería social, particularmente a través de la Ley del Sistema Nacional de Cuidados, no logró desplegar plenamente sus efectos. Sin embargo, sí introdujo mecanismos que amplían de manera significativa la intervención estatal en decisiones que pertenecen primariamente al ámbito familiar. Más que fortalecer a la familia —como corresponde a una política pública prudente— se optó por una lógica de estatismo interventor.
Finalmente, el debilitamiento del Estado de Derecho también se manifiesta en una creciente tendencia a juzgar con “perspectiva de género”, enfoque que ha sido particularmente promovido por el Gobierno saliente. Cuando esta lógica se impone, la imparcialidad judicial se resiente y los jueces corren el riesgo de transformarse en actores ideológicos antes que en aplicadores del derecho. La actual crisis del Poder Judicial inevitablemente deberá enfrentar esta cuestión: si continuará juzgando en clave identitaria o si reafirmará su deber de resolver conforme a derecho.
Queda, por tanto, mucho trabajo por delante. La nueva administración tendrá la oportunidad de impulsar soluciones distintas: fortalecer los programas de cuidados paliativos, desarrollar políticas de acompañamiento a mujeres con embarazos vulnerables, ofrecer tratamientos seguros y basados en evidencia para niños y adolescentes, promover programas de habilidades parentales y reafirmar una justicia verdaderamente respetuosa del derecho.
El proyecto que pretende legalizar el aborto directo, sin causales, consentido por la madre —¿el padre no tiene nada que decir?— dentro de las primeras catorce semanas de gestación nos retrotrae a la barbarie.
Un aborto en tan avanzada etapa de gestación es, en la práctica, un infanticidio; pues el feto ya tiene su cuerpo completamente formado y su cabeza, tronco y extremidades perfectamente definidos. El Papa Francisco declaró que el aborto “es un homicidio; quien hace un aborto, asesina. Cualquier libro dice que a las tres semanas es científicamente una vida humana”.
Si seguimos por este camino pronto llegaremos a aprobar el “aborto por nacimiento parcial” apoyado por Hillary Clinton y otros connotados “defensores de los derechos humanos”; procedimiento cruel e inhumano en el que se manipula al feto para vaciar su encéfalo por succión después de practicar una incisión en la base del cráneo.
Adolfo Paúl Latorre