La historia ha terminado -al menos en esta etapa- en la forma que comenzó: con miradas bastante estrechas, en que se culpa a los demás por los errores propios y se hacen análisis más bien cortos sobre lo que ha vivido Chile en los últimos cuatro años. Por cierto, hay algunas excepciones, pero en estos temas hay poca creatividad y demasiada autocomplacencia. El plebiscito del 17 de diciembre marcó el fin del proceso constituyente iniciado tras la revolución de octubre de 2019, que algunos asumieron como un proyecto histórico, muchos con alguna ilusión y otros como una muestra evidente de un fracaso político.
Me parece que todavía es muy temprano para hacer un balance global del proceso nacido bajo fuego el 18 de octubre de 2019, aunque se han hecho esfuerzos particulares para comprender algunos aspectos específicos. Es preciso seguir estudiando, pensando, escribiendo y analizando lo que ha vivido Chile en este tiempo, más todavía cuando el 2024 ya se cumplirán 5 años desde los acontecimientos que precipitaron el proceso constituyente. Debemos imaginar lo que significa tratar de analizar con seriedad la última etapa de este cuatrienio, que concluyó con el plebiscito de salida de la propuesta del Consejo, sobre lo cual algunos parecen tener mucha claridad de las causas del nuevo fracaso, casi siempre imputables a sus adversarios o a sus alternativas políticas.
Primero, vamos a los hechos. Muchos han señalado que el octubrismo terminó gracias al “Acuerdo Por la Paz y la Nueva Constitución”, del 15 de noviembre. Sin embargo, ha pasado el tiempo y, en el plano de los hechos, Chile tiene dos malas noticias. La primera, es que en materia de paz social el país está peor, si bien por razones diferentes a las de entonces: la violencia callejera y destructiva, la ocupación de los espacios públicos y el ímpetu revolucionario de fines de 2019 han sido reemplazados por el auge de la delincuencia, los crímenes más violentos y la irrupción de grupos criminales. La segunda es el fracaso sucesivo de dos procesos constituyentes y, por ende, la ausencia de una “nueva Constitución” como se prometió para Chile que, se suponía, era la que permitiría superar los males que aquejaban al país.
Lo que ocurre es que, desde entonces, así como han existido propuestas, es necesario recordar que han habido también muchas contradicciones, discursos dobles y adaptaciones interesadas, tanto en las interpretaciones históricas como en los análisis políticos. Veamos algunas de ellas, cuya sola lectura ilustra muy bien cierto aprovechamiento de las circunstancias, liviandad intelectual y ajustes a conveniencia:
-Originalmente, se trataba de reemplazar la Constitución de 1980, por su “ilegitimidad de origen”, argumento que ocultaba el fondo del asunto, que era el rechazo al contenido de dicha carta. En esta última fase, los sectores de izquierda han vuelto a enfatizar que en realidad se trata de la Constitución de 2005, que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos y otras cosas por el estilo.
-El plebiscito del 4 de septiembre de 2022 era para definir si el país tendría una nueva carta fundamental o se quedaría con la vigente. Triunfó el Rechazo, por tanto no habría nueva Constitución. No obstante, las negociaciones de los partidos representados en el Congreso -de Chile Vamos y del oficialismo- llevaron a un segundo proceso constituyente, sin plebiscito de entrada.
-Cuando se discutió el mandato original del plebiscito de entrada, un sector importante de izquierda sostuvo por mucho tiempo que era un mandato permanente, lo cual debía conducir a tantos procesos constituyentes como fuera necesario hasta tener una nueva Constitución. Durante la discusión del segundo proceso se dejó ese aparente mandato, para explicar que si triunfaba la opción ‘En contra’ no habría un tercer proceso.
-El presidente Gabriel Boric manifestó convencido, incluso con alguna indignación, que cualquier Constitución sería mejor que una redactada “por cuatro generales” (sic). Sin embargo, luego se opuso a la propuesta del Consejo Constitucional y se manifiesta partidario de mantener la actual carta.
-En un principio, la nueva Constitución era una necesidad sine qua non para superar los problemas sociales: tras el plebiscito, se ha definido que puede prescindir de una nueva carta.
Se podrían mencionar muchas otras consideraciones y contradicciones en las derechas y las izquierdas. Que Republicanos decía que no era necesaria una nueva Constitución y terminó liderando el Consejo; que Chile Vamos y el Gobierno fueron modificando sus argumentaciones y se saltaron la voluntad ciudadana. Las culpas cruzadas reemplazan a la autocrítica, pero nada logra sustituir el fracaso de los ensayos constituyentes, tras cuatro años de experimentos, organización de instituciones y promesas que terminaron cayendo en el vacío.
Entretanto, como puede mostrar cualquier análisis de la realidad, la situación social de Chile es peor que en 2015 o 2018, por mencionar fechas previas a la revolución de octubre de 2019. La inversión ha decaído notablemente, hubo fuga de capitales y el crecimiento económico es lamentable; en el ámbito social destaca el aumento sistemático de los campamentos, la deserción escolar y el comercio informal; el empleo es cada vez más precario; la delincuencia cunde y es más violenta, afectando la vida cotidiana de las personas; las listas de espera se acumulan en los hospitales y otros tantos problemas que sería largo enumerar. Todo esto ocurre frente a la indolencia o falta de prioridad de los gobernantes y los órganos respectivos.
Sobre el problema original, de carácter constituyente, debemos decir que no ha desaparecido. La izquierda está viviendo lo que podríamos denominar un repliegue táctico, derivado de las circunstancias electorales de los últimos dos años y no de la convicción sobre las bondades de la Constitución vigente. El Partido Comunista ha anunciado una tregua de meses, o un par de años quizá, pero después podría renacer la idea de cambio sustancial en la carta fundamental, e incluso de instalación de una eventual Asamblea Constituyente. Todo esto quedará sujeto al avance del gobierno, de los procesos electorales de 2024 y 2025 y a quién gobierne a partir del 11 de marzo de 2026.
Finalmente, no se puede decir que Chile haya tenido solamente cuatro años perdidos, aunque hayan sido bastante mediocres y mal aprovechados, con prioridades equivocadas y manifestaciones lamentables de disolución social y debilidad institucional. Con todo, es posible decir que el país ha vivido una experiencia política, social e incluso espiritual que puede ser aprovechada hacia el futuro, si se obra con inteligencia y con carácter. La tarea no es fácil y va a requerir de liderazgo político, una real preocupación social, prioridades claras y adecuadas, así como la voluntad de salir por algún tiempo de la obsesión constituyente, para pasar con decisión hacia aquellos aspectos que permiten el real progreso de los pueblos. Repito, no será una tarea fácil.
