El justificado escándalo que se ha producido por el cobro excesivo en las cuentas de electricidad a miles de consumidores en el país nos recuerda que el abuso que comprensiblemente tiene molesto a los chilenos muchas veces es responsabilidad del Estado, que incumple sus tareas y obligaciones. Como muestra el caso de estos cobros excesivos en las tarifas de electricidad reguladas por el Estado, en vez de proteger a las personas y resguardar sus derechos, éste fácilmente se puede convertir en un ente abusador. Lo que es todavía peor, el abuso estatal queda impune. En tanto la tarea de fiscalizar al Estado esté en manos de otras entidades estatales, resulta mucho más difícil castigar al mismo ente abusador que hacer justicia en situaciones cuando los privados son los que abusan. Como guinda de la torta, muchos de los políticos responsables de que sucedan estos abusos, y sus cómplices, siguen pretendiendo ser defensores de la gente y hacen campaña pidiendo más poderes y atribuciones para ese Estado abusador.
En años recientes, el descontento popular con las élites ha dominado la política nacional. La gente está molesta con los poderosos y tiene rabia. El abuso se ha convertido en una fuerza movilizadora. El estallido social de 2019 se explica fundamentalmente por la molestia de una población cuyas expectativas han sido sistemáticamente incumplidas. La gente salió a reclamar contra el abuso. Aunque la frase era imprecisa y poco feliz, eso de “no son 30 pesos, son 30 años” refleja un malestar que se alimenta de situaciones de abuso. Hábilmente, la clase política culpó a la Constitución de 1980 por la molestia de la gente. Así, el proceso constituyente se convirtió en una píldora mágica que vendría a poner fin al abuso y el descontento. Pero ese proceso fue un nuevo engaño que terminó alimentando todavía más el malestar popular. Después de seis años y de dos procesos constituyentes fracasados, la gente sigue molesta y descontenta.
En la arena electoral, desde 2009 que los chilenos vienen manifestando su descontento en las elecciones al apoyar a candidatos de oposición. En cuatro elecciones presidenciales consecutivas, una mayoría ha votado por la alternancia en el poder. Todo parece indicar que, en tres semanas, una mayoría de los votantes optará en la votación de primera vuelta del 16 de noviembre por una candidatura de oposición. Los votantes expresan su rechazo al abuso castigando a los que han ejercido el poder en los últimos cuatro años. Pero en el fondo, la gente cree que toda la clase política pertenece a esa élite abusadora.
Muchos de los que profusamente hablan del abuso, selectivamente prefieren enfocarse en los actores privados que protagonizan casos de colusión, y que aprovechan la letra chica en los contratos para debilitar los derechos de los consumidores. Pero los privados no son los únicos culpables. Muchas veces, el abuso lo comete el Estado al incumplir su deber en la fijación de precios en sectores regulados o en el mal servicio que brinda a las personas. Las filas de espera físicas o virtuales, la demora en la realización de trámites y la permisología son ejemplos del abuso al que nos somete cotidianamente el Estado.
Igual que esos intelectuales que se apuran en identificar a la extrema derecha, pero se niegan a hablar de la extrema izquierda, muchos críticos que denuncian el abuso parecen convencidos de que solo los privados abusan y que el Estado es el super héroe que nos viene a rescatar. Al desconocer que el Estado también es abusador, esos supuestos críticos del abuso se convierten en cómplices del abuso estatal cometido o permitido por aquellos a quienes elegimos para que defiendan nuestros intereses.
En esta campaña electoral, hemos visto cómo muchos candidatos del oficialismo de izquierda buscan presentarse como defensores de los abusados pese a que ellos han sido cómplices del abuso estatal ejercido o permitido por el gobierno saliente. Al hacer campaña pidiendo más atribuciones para el gobierno, esos candidatos solo buscan más poder para, como lo definiera magistralmente Octavio Paz, ese ogro filantrópico que es el Estado, que dice querer hacer el bien, pero termina oprimiendo a la población.
Comprensiblemente, la gente está molesta y hastiada con el abuso al que es constantemente sometida. Si bien muchas veces los abusadores son actores privados, el Estado es también cómplice de ese abuso al incumplir sus deberes y tareas de hacer valer la ley y proteger a los consumidores. Otras veces, el abusador es el propio Estado.
Por eso, más que dotar de más poderes y atribuciones a un Estado abusador (el Estado es un violador, decía uno de los cánticos más populares durante el estallido social), debemos buscar formas de proteger a las personas contra todos los tipos de abusos, en especial aquellos que perpetra el Estado de forma contumaz y sistemática.
