El enemigo es la improvisación

Desde el aire, los ríos de barro parecían haber redibujado la geografía sobre el norte de Chile. Bajaron desde la cordillera, ocuparon quebradas, cortaron caminos, aislaron localidades y entraron a las ciudades, arrastrando viviendas, infraestructura y parte de la vida construida durante años. En pocas horas, el agua no solo desbordó sus cauces, también desbordó las capacidades ordinarias del Estado.

Cuando el territorio cambió, aparecieron las Fuerzas Armadas

Ante el caos, autoridades y ciudadanos miraban a su alrededor, sin certeza de hacia dónde moverse ni quién debía conducir. Todos pedían lo mismo: que las Fuerzas Armadas tomaran el mando.

Llegaron con helicópteros, maquinaria, vehículos y personal entrenado para operar en condiciones críticas. Recuperaron conectividad, ingresaron a sectores aislados, apoyaron evacuaciones y trasladaron hasta Ovalle un hospital modular del Ejército. No llegaron para protagonizar una guerra ni para enfrentar a un ejército extranjero. Llegaron para proteger a chilenos amenazados dentro de su propio territorio.

La escena confirma que, cada vez que una emergencia supera las capacidades habituales del Estado, los chilenos volvemos a confiar en nuestras Fuerzas Armadas. Las imágenes hablan por sí mismas, los cuerpos armados poseen estrategia, estructura, mando, disciplina, logística, planificación, conocimiento territorial y capacidad para desplegarse allí donde las condiciones se vuelven extremas. Pueden organizar medios humanos y materiales bajo presión, mantener comunicaciones, levantar soluciones transitorias y actuar cuando el tiempo deja de ser una variable administrativa y se transforma en la diferencia entre llegar o no llegar, entre rescatar o lamentar. Barro en las botas.

El artículo 1° de la Constitución establece que es deber del Estado «resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional». Resulta coherente, entonces, que ante una catástrofe sean las instituciones civiles del Estado las responsables de coordinar y organizar la respuesta. Actualmente, esa función corresponde al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, institución que en 2023 reemplazó a la antigua Onemi. Ambas instituciones también debían ser capaces de anticipar posibles contingencias.

Existe imágenes en la memoria que Chile no ha logrado borrar. Después del terremoto y maremoto de 2010 quedaron grabadas las escenas de autoridades desorientadas, miradas perdidas y decisiones que no llegaban, mientras el tiempo avanzaba y la tragedia aumentaba. La falta de conducción durante aquellas primeras horas, entre tazas de café y chicles mascados con una ansiedad imposible de disimular, tuvieron consecuencias devastadoras. También entonces quedó demostrado que las primeras horas son decisivas y que la incertidumbre sobre quién conduce puede profundizar las consecuencias de una catástrofe. Ese inquietante recuerdo ayuda a explicar por qué hoy, frente a cualquier emergencia de alta complejidad territorial o de seguridad, las voces vuelven a levantarse pidiendo la presencia de las Fuerzas Armadas.

Los instrumentos de planificación, las políticas públicas, las normativas y las leyes como la 20.424, que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional y constituye la base legal de la conducción política y civil de la Defensa en Chile, se relacionan con la Seguridad y Catástrofe. Todos estos instrumentos, están sometidas a dos pulsiones diferentes. Por un lado, el mundo civil tiene presiones de grupos ambientalistas, partidos políticos y otras fuerzas sociales que desde sus espacios conceptuales retardan las estructuras para tener un estado más ágil y modernos. Por otro lado, los gremios productivos, los expertos en gestión territorial, las policías y las Fuerzas Armadas siguen avanzando al ritmo que obliga el contexto internacional. Son dos equipos que reman en distinta dirección y a diferente velocidad.

Lo anterior, se puede ver claramente en la falta de actualización a la velocidad que se requiere también en la relación entre los estamentos civiles y las Fuerzas Armadas. La conducción civil no consiste únicamente en autorizar un despliegue después de que la crisis ha ocurrido. Significa anticipar escenarios, definir protocolos, coordinar instituciones y establecer con claridad qué capacidades se necesitan, quién toma las decisiones, bajo qué límites se actúa y cómo se recupera la normalidad. Se requiere inteligencia, modelación y gestión territorial. El liderazgo requerido durante una catástrofe se construye antes de que comience a llover o que la violencia inunde las calles.

Si las amenazas cambiaron, también debe cambiar la manera en que la democracia se relaciona con sus Fuerzas Armadas

Los nuevos desafíos que Chile y el mundo enfrentan requieren reordenar la manera en que las sociedades se reestructuren para cumplir con el requerimiento de resguardar la vida de las personas. Si las amenazas cambiaron, deben cambiar la manera de observar y actuar. El Estado chileno hace mucho tiempo está al debe con la modernización de su estructura y sin duda, por cultura, más aún en la definición de cómo relacionarse con las Fuerzas Armadas.

La conducción y liderazgo político para conducir la Defensa del país, es una función permanente del Estado, según lo explica con detalle Miguel Navarro Meza en su último libro, lanzado la semana pasada mientras Chile y sus FF.AA. enfrentaban las catástrofes ambientales del Norte. No puede reducirse a la administración de las Fuerzas Armadas ni activarse solamente cuando aparece la posibilidad de una guerra. Requiere conducción política, conocimiento técnico, planificación y una autoridad civil con liderazgo capaz de comprender los instrumentos de los que dispone el país.

Las experiencias de la Macrozona Sur, donde los Estados de Emergencias han tenido que enfrentar en los mismos territorios, temas de violencia, terrorismo, crimen organizado y catástrofes como inundaciones o incendios rurales, sirven para entender los nuevos desafíos a los que se enfrenta el país y las respuestas de la Fuerzas Armadas. Si bien son amenazas de distinta naturaleza y no pueden confundirse entre sí. Una catástrofe natural no es un enemigo y el terrorismo no puede ser tratado como una emergencia climática. Tampoco corresponde desdibujar la responsabilidad de las policías, los organismos civiles ni el sistema de protección frente a desastres. Pero todas estas amenazas comparten una condición inquietante, todas pueden superar las capacidades sectoriales, fragmentadas y ordinarias con las que el Estado intenta enfrentarlas.

Durante décadas, Chile pensó la Defensa desde sus fronteras. La amenaza provenía del exterior. Tenía la forma de otro Estado, de una fuerza extranjera capaz de afectar nuestra soberanía o integridad territorial. Bajo esa concepción se organizaron las instituciones, se distribuyeron responsabilidades y se construyó también la relación política y democrática con las Fuerzas Armadas.

Hoy las amenazas son complejas, difusas, de dimensiones distintas, y no necesariamente visten uniforme ni avanzan desde el otro lado de la frontera. Algunas descienden desde la cordillera convertidas en ríos de barro. Otras atraviesan nuestros bosques como incendios que destruyen poblados completos. También se organizan dentro de nuestras ciudades y territorios bajo la forma del terrorismo y el crimen organizado, erosionando la seguridad, la libertad y la presencia efectiva del Estado.

La democracia no se debilita cuando establece cómo utilizar sus Fuerzas Armadas frente a amenazas complejas. Se debilita cuando desconoce sus capacidades, renuncia a conducirlas o espera que la emergencia desborde al país para decidir qué hacer.

Chile debe actualizar su arquitectura de seguridad y Defensa. Necesita integrar planificación territorial, gestión de riesgos, inteligencia, infraestructura crítica, seguridad pública y capacidades militares, respetando las funciones constitucionales de cada institución. No basta con disponer de helicópteros, hospitales modulares, maquinaria o personal entrenado. Es necesario saber anticipadamente cuándo se requieren, cómo se movilizan y quién los conduce. Modelar la planificación anticipadamente, integrando los conocimientos de civiles y militares, no delegando ante la obsolescencia de las metodologías que el Estado posee, o, mejor dicho, no posee. Esto se ha visto en los incendios en el sur dónde el apoyo del mundo privado es más eficiente que la del Estado. Ahora lo vemos en las emergencias en el norte, donde las Fuerzas Militares están más preparadas que los organismos públicos civiles.

Si las amenazas cambiaron, también debe cambiar la manera en que la democracia se relaciona con sus Fuerzas Armadas. No para militarizar la sociedad ni para sustituir a las instituciones civiles. Tampoco para entregarles responsabilidades políticas que no les corresponden. Se trata precisamente de lo contrario. Una democracia madura debe ser capaz de conducir todos los medios del Estado, fijar límites institucionales claros y emplear oportunamente las capacidades disponibles para proteger a su población.

Los ríos de barro que atravesaron el norte volverán a secarse. Se reconstruirán caminos, se limpiarán viviendas y las ciudades intentarán recuperar su ritmo. Pero la imagen que dejaron no debiera desaparecer con ellos.

Porque la amenaza podrá llegar como lluvia, fuego, terrorismo, crimen organizado o una fuerza extranjera. Cambiará su origen, su forma y su intensidad. Lo que no puede seguir cambiando frente a cada emergencia es la falta de capacidad del Estado y su mundo civil para responder.

Chile no puede continuar descubriendo sus medios en medio de la catástrofe. Debe conocerlos, organizarlos y conducirlos antes de que el territorio vuelva a desbordarse.

El enemigo más persistente sigue siendo la improvisación.