Las discusiones del presupuesto de la nación siempre son tensas, y suelen mezclarse doctrinas que tienen valor y trascendencia, con decisiones que responden a intereses inmediatos, que llevan a apoyar o a oponerse a determinados gastos o reducciones presupuestarias. En los planteamientos también influyen otras circunstancias, como el lugar que un líder o partido ocupan en el mapa político: no es lo mismo ser gobierno que oposición, privilegiar los ideales o ser pragmático, tener sentido de urgencia o mayor paciencia para enfrentar los problemas sociales. 

Hay principios que deberían ser parte de las bases fundamentales del gasto público, que sin embargo parecen muchas veces olvidados o son rápidamente desechados por los actores políticos. Entre ellos podríamos mencionar la austeridad, que implica una actitud de vida o de gobierno que procura obrar con sencillez, sin gastos excesivos, lujos o despilfarros, incluso sin gastar en cosas que no son estrictamente necesarias. La otra cara de esta virtud es que el dinero –que siempre es escaso y enfrenta múltiples necesidades– se puede usar para aquello que es más necesario o para quienes más lo requieren. Otro criterio de buena administración es que no se debe gastar más de lo que se tiene. La tendencia en los últimos años ha sido exactamente la contraria: los presupuestos crecen, se calculan con ingresos que no existen, en cambio el crecimiento del gasto es permanente. El resultado es muy simple: el Estado gasta más de lo que tiene y el crecimiento de la deuda no se detiene.

En agosto de este año, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó un valioso estudio titulado “Radiografía del gasto fiscal en Chile 1990-2025”, redactado por Sebastián Izquierdo, Jorge Rodríguez y Joaquín Álvarez. Vale la pena mencionar algunas de sus conclusiones. Entre ellas, desataca una tendencia negativa: los tres últimos años muestran un “déficit estructural” que es superior al 3% en promedio; se observa una mayor rigidez del gasto, que muestra una caída de la inversión y un aumento importante en subsidios y donaciones; hay una mayor proporción del gasto comprometido por leyes permanentes; solo en torno a la mitad del gasto se somete al “monitoreo de programas de la Dipres”. Lo anterior lleva una consecuencia que no siempre se aprecia como corresponde: “La implicancia central es que, ante el desafío de la estrechez fiscal, el espacio para racionalizar gastos depende menos de recortes en el margen que de revisar los grandes compromisos permanentes”. El documento considera otras variables que vale la pena leer y tener en la cabeza.

Hay diversas formas de incrementar los recursos del Estado, lo que es necesario, considerando la realidad social de Chile y los desafíos del presente. Uno de los principales problemas del país en los últimos años es su incapacidad de lograr un crecimiento adecuado de su economía, como sí lo había logrado desde 1984 en adelante, con décadas de progreso. También se podrían incorporar más recursos a través de la privatización parcial o total de empresas estatales, tema de la mayor relevancia para potenciar su desarrollo y generar más dinero para el Estado. El crecimiento económico sigue siendo crucial: en otras palabras, crecer al 5% podría significar 4 mil millones de dólares anuales extra para el Estado, mientras el pobre 2% aproximado de los últimos años apenas se acerca a los mil seiscientos millones de dólares. Eso ha ocurrido por varios años y, por lo mismo. es una pérdida tremenda para el país.

En el pasado, José Antonio Kast tuvo algunos planteamientos que permitían ahorrar o generar recursos para el Estado por diferentes vías. Entre ellas estuvo incorporar capitales privados a empresas estatales, reducir el gasto en la administración pública, a través de la reducción de personal político y una mayor austeridad en los sueldos. Esto implicaba disminuir la “grasa estatal” y reducir los ministerios, por ejemplo. En 2019 Kast manifestó “a la ciudadanía que la mayor parte de la torta se la come el Estado”, según sostuvo en una entrevista en radio Agricultura. En conversación con Daniel Matamala el líder republicano planteó “la venta de un porcentaje de Codelco para mejorar las pensiones”. En distintos momentos, señaló en el pasado la necesidad de cerrar o privatizar TVN. Hoy la posición del gobernante ha cambiado, al menos parcialmente y lo más probable es que dichas ideas no lleguen a terreno, aunque es de esperar al menos que no impliquen gastos para el Estado.

En las últimas semanas han existido muchas especulaciones en torno a los cambios que traerá el presupuesto que presentará el gobierno, si será expansivo o se contraerá, cómo afectará eventualmente los programas sociales o si irá orientado a enfrentar el problema actual en materia de desempleo. Las señales son diversas y las discusiones muchas veces nacen de la especulación más que de la información concreta. Ya han sido convocadas protestas contra los “recortes” y se ha anunciado la fusión de programas sociales, el gobierno y algunos de sus ministros han anunciado la prioridad del empleo, con alta inversión de recursos y destinado dar vuelta la emergencia laboral. Así lo explicó el biministro de Economía y de Minería Daniel Más: “La primera fase del programa está cerrándose en octubre. Ahora pasamos a una segunda fase, donde activaremos a los ministerios de Vivienda y Obras Públicas. En Vivienda está el programa de reparación de hogares en todo Chile y que genera mucho empleo. También está el inicio de 30.000 viviendas de una estrategia mayor, que generaría 70.000 puestos de trabajo. Obras Públicas está anticipando programas por varios cientos de millones de dólares, que se va a lanzar la próxima semana, produciendo una cantidad de trabajos relevante. La tercera fase es la activación de 230 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) ya aprobadas, que generarán 150.000 puestos de trabajo adicionales desde marzo de 2027”. El resultado debería implicar la creación de 100 mil nuevos puestos de trabajo.

Hacia allá deben dirigirse los esfuerzos de Chile. No basta con hablar de presupuesto: es necesario encontrar el sentido de la planificación presupuestaria, revisar las prioridades y no malgastar. Cada peso que se invierte mal, se gasta en exceso, no se ahorra o se pierde, perjudica la vida de los que tienen menos. Es necesario exactamente lo contrario: hacer lo que sea posible para que la gente viva mejor.