Aunque la derecha comprensiblemente quiera distanciarse de Luis Hermosilla y del escándalo del caso audio, sería mucho mejor que ese sector entienda que este escándalo es como el canario en la mina que, al morir, advierte a los que están dentro que deben salir expeditamente del lugar para salvar sus vidas. Este caso vuelve a recordarle a los chilenos que los poderosos abusan de su poder y que, cuando cometen faltas, el peso de la ley no les cae con la misma fuerza que al resto de los chilenos. A menos que la derecha haga suya la demanda por una cancha pareja y exija igualdad de trato para los poderosos y para la gente de a pie, el caso audios terminará por descarrilar lo que hasta hace unas semanas parecía ser una victoria inevitable en las próximas elecciones para la derecha dada la impopularidad del gobierno de izquierda.
Es ilusorio negar la molestia que causa en la opinión pública el caso de tráfico de influencias, presumibles sobornos, abuso de la posición de poder y desigual trato ante la ley que se asocia con las grabaciones que se hicieron de la conversación del destacado abogado Luis Hermosilla con sus presuntos cómplices. En años recientes, los escándalos de corrupción en las Fuerzas Armadas y Carabineros, los casos de colusión empresarial en diversos rubros, las revelaciones sobre financiamiento irregular de la política y los casos de presunta corrupción de funcionarios públicos y autoridades electas han alimentado la molestia de la gente con las instituciones de la democracia.
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Después del estallido social de 2019 -cuya principal causa fue la percepción de abuso que tenía la gente- la solución ofrecida por la élite política, que apuntó a remplazar la Constitución de 1980, terminó desviando la atención de la molestia con el trato desigual y los privilegios para unos pocos que alimentaban el descontento popular. Cuando la élite nacional terminó culpando a la Constitución de Pinochet por todos los males que afligen al país, el verdadero problema del abuso, de la cancha dispareja y de los privilegios para unos pocos pasó a un segundo plano.
Eventualmente, la gente, comprensiblemente, rechazó el mamarracho de Constitución que redactó la convención democráticamente electa. Pero el que la gente haya votado dos veces por mantener la Constitución de Pinochet no quiere decir que las personas acepten el abuso, las granjerías y los privilegios que poseen algunos y le son negados a la gran mayoría.
El caso de Luis Hermosilla alimenta las sospechas de la gente que la élite se protege a sí misma y que comparte todos los colores políticos. Hermosilla era asesor y socio de Andrés Chadwick, el primo y ministro de Interior de Sebastián Piñera. El influyente abogado que se jactaba de haber sido miembro del Partido Comunista también fue abogado de Miguel Crispi, el amigo y ahora jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, que hasta hace poco lo tenía contratado como su abogado para defenderse en un caso de corrupción. Crispi, que es miembro de una conocida familia que forma parte de la élite política concertacionista, es también amigo personal del hijo de Hermosilla. Para cualquier persona que no pertenece a ese exclusivo club de la élite empresarial y política, este caso viene a confirmar las sospechas que el éxito, y el acceso a las oportunidades y a la justicia en Chile se explica mucho más por la familia en la que naciste que por tus propios méritos.
Por más que se articulen malos argumentos para minimizar el escándalo -“Chile es un país chico donde todos se conocen”, “esto siempre ha sido así”, o “en todas las casas se cuecen habas”- la percepción popular es que los poderosos abusan de sus privilegios y no reciben el mismo castigo que reciben los que pertenecen por nacimiento a la élite.
La gente está molesta. El descontento con las élites que se expresó en el estallido social de 2019 se ve agravado por el hecho que la gente siente que, cinco años después, estamos donde mismo. La icónica frase de la entonces primera dama Cecilia Morel (“Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”) terminó siendo una amenaza para la élite que nunca llegó a materializarse.
Pero el descontento popular no se disipa tan fácilmente. Después del fracaso del mal diseñado proceso constituyente, la gente puede ya no creer que la solución al problema de la desigualdad de trato y abuso de la élite se soluciona votando por la vociferante izquierda que resulta que, al final, también es parte de esa misma élite que la gente ve como corrupta. Pero eso no quiere decir que se evaporan las ganas de castigar a la élite.
Por eso, aunque la derecha se soba las manos pensando que la ineptitud del gobierno actual va a llevar a una victoria electoral inapelable de la derecha, la realidad pudiera terminar representando un trago amargo para toda la élite política.
El caso Hermosilla nos recuerda, cinco años después del estallido social, que la molestia de la gente con la élite sigue latente. A menos que la élite demuestre que está dispuesta a castigar a los suyos con la misma mano dura que aplica para el resto de la población, nadie se debiera sorprender si el electorado castiga a toda la élite, y no sólo al gobierno, en las urnas o en las calles.
Me acordé de un moño que usaba mi abuelita…..