Lo de esta semana en Ecuador es de extrema preocupación para un país como Chile. Los ecuatorianos el 2021 fueron uno de los que más aumentaron los índices de violencia de acuerdo con Insight Crime; el 2022 surgieron, dentro del sistema penitenciario de ese país, bandas de crimen organizado que a través de disputas territoriales aumentaron la inseguridad; ahora, un candidato a la presidencia que basaba su campaña en la lucha contra la corrupción fue asesinado.
Esto debería ser una alerta importante en materia de seguridad, sobre todo en el contexto de la discusión parlamentaria del fast track legislativo. Según Insight Crime, Chile fue uno de los países que más aumentó los homicidios el 2022; ese mismo año el grupo de crimen organizado Tren de Aragua se distribuyó desde Arica a Puerto Montt; este 2023 gendarmería informó que al 30 de junio la población penal extranjera representaba un 13, 31%, siendo Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta las regiones que más presos extranjeros tienen en sus cárceles; las bandas que operan desde dentro del sistema penitenciario siguen aumentando en número y, la narcocultura se instala con fuerza en los barrios del país.
Ecuador podrá ubicarse geográficamente lejos, pero su realidad está más cerca de lo que pensamos. De mantener un status quo donde se siga discutiendo el crimen organizado desde una mirada doméstica, el caso de Ecuador podría repetirse más temprano que tarde, de ahí la importancia de tener un debate profundo sobre qué hacer frente a esta amenaza.
No hay duda de que los esfuerzos institucionales por desarticular las células del Tren de Aragua y por combatir el narcotráfico son una contribución relevante, sin embargo, ésta debe darse en un contexto donde se integre el escenario nacional con el regional, pues lo que pasa en nuestro país tiene que ver con la llegada rápida de ese contexto latinoamericano a las calles chilenas.
En ese sentido, junto con modernizar la institucionalidad para generar respuestas más eficientes contra el crimen, es fundamental conversar sobre corrupción. Pero conversar en serio, pues, sin ella este tipo de criminalidad no puede permear al Estado ni utilizarlo para sus negocios ilícitos.
Hoy podremos estar hablando de corrupción por el caso fundaciones, pero el problema es más profundo que eso. Situaciones como esta, o las que se han vivido en algunos municipios son señales tremendamente importantes para los criminales. Muestran a un Estado vulnerable, fácil de comprar y del cual aprovecharse. Algo muy atractivo para estos grupos quienes una vez dentro, no tienen ningún reparo ético ni moral para eliminar a quienes busquen perseguirlos.
Hoy, el combate contra la corrupción debería ser el tema transversal en el debate sobre seguridad. Si no se va a discutir sobre la creación de una arquitectura de seguridad bajo la cual se desarrollen y coordinen las estrategias y agencias, al menos hablemos de cómo evitar la corrupción y mejorar los pesos y contrapesos que permiten el correcto funcionamiento del Estado. Es ésta la que ha abierto las puertas al crimen organizado en América Latina. No seamos uno más, seamos la excepción.