El gobierno del Presidente José Antonio Kast está haciendo un importante esfuerzo por poner al día las cuentas de la Defensa Nacional, cuentas que fueron mayormente desatendidas por la administración anterior, dejando el tema de sostener y generar una capacidad disuasiva creíble en manos del gobierno que los reemplazaría. Nada relevante en lo estratégico fue aprobado o gestionado por ellos. Lo que tenemos ahora viene de administraciones previas al gobierno de Boric. Literalmente tiraron la pelota al córner… Sad but true.
Dicho lo anterior, y es algo de lo que está consciente el ministerio que dirige Fernando Barros Tocornal, la mantención de las capacidades estratégicas chilenas, esas que nos dan superioridad militar en la región, que nos deberían permitir continuar teniendo la paz y tranquilidad de la que hemos gozado por más de 20 años, va a costar del orden de US$20 billones en un plazo de 12 o 13 años, algo que la estructura actual de la ley de financiamiento de capacidades estratégicas es incapaz de atender bajo su actual diseño, ya que con el aporte basal actualmente definido no llegamos ni a la vuelta de la esquina en materia de tener capacidades significativamente estratégicas. Sólo nos da un tercio de lo que necesitamos. Por favor tomar nota.
Para el 2027 el presupuesto considera un aporte del Estado de US$588 millones para el fondo de financiamiento de capacidades estratégicas, eso es US$100 millones más que lo que se debe colocar de acuerdo con la ley, buscando de a poco ir cerrando la brecha y falta de atención en años anteriores, lo que viene a complementar el esfuerzo que ya se ha estado realizando durante el 2026 en esta materia. Lo que se ha dejado pendiente nuevamente es el aporte del Estado al Fondo de Contingencia Estratégico, un fondo que debe tener US$1.000 millones y que actualmente tiene algo que no supera los US$10 mil. La lógica que aplica el Estado es que de ser necesario y ante una emergencia, ese fondo recibirá lo que debe tener o más. Ello, conforme tengamos de dónde girar en la Tesorería o líneas de crédito para estos fines. Es un riesgo calculado que estamos corriendo.
Aún gozamos de importantes ventajas sobre nuestros vecinos, ventajas que estamos preocupados de mantener con el objeto de tener un adecuado nivel de disuasión. Ellos, todos los cuales tienen objetivos políticos positivos, están buscando recuperar capacidades que perdieron producto de la desinversión que realizaron en años recientes. El Perú y la Argentina son muy activos en esta materia. El tema es que ya no nos podemos dejar estar y llegó el minuto de invertir, ya que, de lo contrario, vamos a perder la ventaja y con ello la seguridad que nos da el tener capacidades estratégicas superiores. La paz en el Cono Sur de Sudamérica sólo existe cuando Chile tiene más capacidades o capacidades suficientes como para disuadir cualquier aventura conjunta que tenga como objeto el territorio, los mares, el aeroespacio o la soberanía de Chile. Tomar nota.
Una de las cosas que hace el proyecto de ley de Presupuesto para el 2027 con el aumento del 7,6% es que permite esencialmente no tener que recurrir a los fondos de capacidades estratégicas para financiar la operación, entrenamiento y mantenimiento, cosa que se había estado realizando producto de que el presupuesto ordinario no era capaz de asegurar que las instituciones pudieran realizar tanto lo mínimo operativo que debían hacer como lo adicional que se les ha estado pidiendo en materia de seguridad pública. Con este ajuste, también se ponen a disposición fondos para que el Ejército pague lo que traía de arrastre, cosa que el Presupuesto del 2026 no permitía. En el fondo, el proyecto de ley del 2027 elimina los desórdenes del pasado. Bien por Defensa y Hacienda. Esperamos que el 2028 sea el año en que arranquen las inversiones, lo que implica tener durante el 2027 los planes de reequipamiento, algunos de los cuales ya fueron anunciados por el ministro de Defensa en una de sus visitas a Punta Arenas.
Lo que la ley de Presupuesto no hace es permitir al Ejército un aumento de dotación. Aparte de la planta, sólo considera 1.600 soldados de tropa profesional y 5.857 conscriptos. Para futuro quedará volver a los números de soldados profesionales del orden de 7.000 que se requieren para el resguardo de fronteras y otras labores intensivas en personas. Mientras ello no suceda, la concurrencia del Ejército a labores de seguridad pública no será posible. Si tenemos que elegir a qué dedicar los pocos soldados que tenemos, está claro que es a la labor principal: la protección de la soberanía y el territorio. La seguridad pública deberá seguir siendo esencialmente un tema policial y no uno militar. Si el mundo político quiere insistir en que las Fuerzas Armadas sean parte de la fuerza pública se tienen que colocar con los fondos correspondientes.
Ya comenzaron los que no quieren ver un aumento en el presupuesto de Defensa Nacional, lo hacen porque sus propios presupuestos están a la baja, ya sea porque al ser evaluados se determinó que son un malgasto o no se justifican. Olvidan que la Defensa ha estado desatendida por años, que cada vez se le pide más con menos, pero todo tiene un límite. No pueden esperar que estemos en condiciones de defender Magallanes y la Zona Austral a costo cero a la vez que se protege el interés nacional donde sea que está ubicado. Chile destina dos tercios de su presupuesto al gasto social, gasto que sólo tiene justificación si somos capaces de ofrecer a los chilenos ser soberanos y vivir en libertad. El aumento de este año en la Defensa es lo mínimo que se necesita para mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas. Aún estamos lejos de los estándares internacionales del 2 o 3% del PIB, el 7,6% no cambia esa ratio significativamente.
Se asume que una de las prioridades de la Defensa Nacional es tener los niveles de amunicionamiento que las instituciones requieren, como también realizar los mantenimientos del material del Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea y de lo que esté bajo el control de lo conjunto. La disuasión, para ser efectiva, ahora necesita de capacidades estratégicas equipadas, entrenadas, operativas y disponibles. Es lo que en la Marina se conoce como estar en condiciones de flotar, navegar y combatir.
Esperamos que la Defensa Nacional bajo la conducción del ministro Barros pueda defender su presupuesto de los ataques que va a recibir, y que cuente con el apoyo de las comisiones de Defensa de ambas cámaras. Creemos que es un presupuesto razonable, que va en la dirección correcta. Ya podremos conocer antes de cerrar el año, la política de defensa y la política militar. Ello permitirá tener una mejor idea del cómo el gobierno ve las cosas en materia de defensa. Dicho eso, la prueba final de este gobierno es el plan de requipamiento y de mantención de capacidades estratégicas con su respectivo financiamiento, algo que debería estar disponible durante el 2027.
Tema relevante para considerar en el momento de decidir y priorizar en la discusión del Presupuesto…creo si que las «cuentas desatendidas», son de más larga data, no solo de la última administración. Gran tema: soberanía v/s ideología
Muy claro y didáctico, gracias
De acuerdo que la desatención puede haber sido más larga en el presupuesto operativo, pero en las administraciones anteriores sí hubo preocupación por las inversiones estratégicas
Excelente columna de Richard, que debiera ser leída con especial atención por todos los políticos y particularmente por quienes se oponen a brindarle a nuestras FFAA la atención y el presupuesto que requieren. Si no logramos mantener nuestras capacidades de disuasión, después no lloremos. Ya el gobierno anterior generó problemas no solo presupuestarios sino también diplomáticos, con un importante proveedor de material para las FFAA como es Israel, y no podemos, como país, seguir sin darle la importancia que tiene nuestra seguridad nacional.
Estimado Richard:
Una vez más, felicitaciones por tu columna. Comparto plenamente tu preocupación por el financiamiento de la Defensa Nacional y, especialmente, por la necesidad de preservar las capacidades militares que permitan sostener una disuasión creíble. Tus reflexiones constituyen un aporte permanente al debate estratégico que Chile necesita.
Quisiera, sin embargo, introducir un matiz respecto de una idea que te he escuchado plantear en distintas oportunidades: que Chile tiene objetivos políticos negativos, mientras nuestros potenciales adversarios podrían tener objetivos políticos positivos.
Entiendo y comparto el sentido de esa distinción, pero creo necesario precisar su alcance. En tiempos de paz, Chile mantiene objetivos políticos esencialmente defensivos: preservar su soberanía, integridad territorial y el respeto a los tratados, sin aspiraciones expansionistas. Sin embargo, esos objetivos políticos permanentes no deben confundirse con los objetivos políticos que el Estado podría establecer ante una agresión, ni con los objetivos militares destinados a alcanzarlos.
Frente a un conflicto, la conducción política podría establecer objetivos destinados no solo a recuperar la integridad territorial, sino también a obtener condiciones de seguridad y una situación final favorable. Para alcanzarlos, la conducción militar podría requerir operaciones ofensivas en profundidad, incluyendo la ocupación temporal de territorios adversarios. Esto no transforma a Chile en un Estado expansionista: distingue entre la finalidad política de la defensa y los instrumentos militares necesarios para materializarla.
Lo fundamental es que estas alternativas deben estar previstas, estudiadas y actualizadas durante la paz. No corresponde esperar el inicio de una guerra para comenzar a diseñar las respuestas estratégicas.
Aquí adquiere especial importancia un principio esencial de la conducción militar: la libertad de acción. No basta con disponer de capacidades para responder. Es necesario crear las condiciones para conquistar, preservar y explotar esa libertad de acción, evitando que sea el adversario quien determine dónde, cuándo y cómo se desarrollará el conflicto.
La disuasión no consiste solamente en demostrar que somos capaces de defender lo nuestro, sino también en convencer a cualquier potencial agresor de que el costo de atacarnos será considerablemente superior al beneficio que espera obtener.
Y precisamente por eso comparto tu preocupación presupuestaria.
Aplaudo y destaco los proyectos estratégicos de la Armada y de la Fuerza Aérea que conocemos públicamente. Son señales positivas de modernización y desarrollo de capacidades. Sin embargo, me preocupa conocer con igual claridad cuáles son los grandes proyectos estratégicos del Ejército de Chile.
El presupuesto 2026 ofrece un antecedente interesante: al descontar los gastos de personal de las tres instituciones, la Armada presenta mayores recursos presupuestarios restantes que el Ejército. Esto no significa necesariamente que disponga de mayor inversión estratégica, pero sí justifica profundizar en cómo estamos distribuyendo los recursos para operación, sostenimiento y modernización.
Más allá de su valiosa condición de mano amiga que llega antes, durante y después de las catástrofes, no podemos olvidar que la misión principal del Ejército es la defensa de la patria.
Necesitamos seguir fortaleciendo una fuerza terrestre con capacidades modernas, entrenada y adecuadamente equipada, reconociendo que Chile ya cuenta con importantes medios y capacidades en este ámbito. El poder aéreo y naval es indispensable, pero no sustituye la capacidad terrestre de conquistar, recuperar y mantener el control del territorio cuando los objetivos militares así lo exigen. La experiencia reciente en el estrecho de Ormuz ofrece un ejemplo elocuente de esta diferencia: ese estrecho fue defendido fundamentalmente desde tierra. No hubo portaaviones ni fragatas de guerra enfrentando directamente a los portaaviones y fragatas estadounidenses, ni aviones de combate librando una batalla aeronaval convencional contra ellos. Fue desde posiciones terrestres que se causó daño o se amenazó a esa flota, demostrando que también es posible proteger un estrecho mediante capacidades desplegadas en tierra. La presencia de una poderosa fuerza naval, por imponente que sea, no equivale por sí misma al control efectivo del territorio ni garantiza que pueda operar libremente en aguas restringidas.
Esta consideración resulta especialmente pertinente al pensar en el estrecho de Magallanes. Así como en 1978 la Armada movilizó tropas para ocupar las islas Picton, Nueva y Lennox, entre otras, y el Ejército desplazó sus fuerzas hacia la zona austral, también debemos comprender que la defensa de un estrecho puede exigir capacidades terrestres, además de misiones navales y aéreas. Esto no significa desconocer el papel indispensable de la Armada y de la Fuerza Aérea, sino reconocer que desde tierra también se puede proteger un estrecho, negar su uso al adversario y ejercer control sobre sus accesos y áreas críticas.
Todo esto debe entenderse en el contexto del Teatro de Operaciones Conjunto Austral, correspondiente a una zona de nuestro territorio que, por sus características geográficas y estratégicas, requiere la participación coordinada de las tres instituciones de las Fuerzas Armadas. Una situación semejante puede presentarse en el Teatro de Operaciones Conjunto Norte, que también posee características especiales y exige una conducción conjunta. No ocurre lo mismo con el resto del territorio nacional, cuyas particularidades no justifican multiplicar artificialmente este tipo de teatros.
Por eso, sería un error interpretar que Chile puede dividirse, sin una justificación estratégica clara, en cuatro, cinco o seis teatros de operaciones conjuntos. La creación de un teatro de operaciones debe responder a la naturaleza del conflicto, al espacio geográfico, a los objetivos militares y a las capacidades que allí deban emplearse, no a una simple división administrativa del territorio. Tampoco parece razonable suponer que todos los teatros deban tener la misma estructura de conducción: no resulta lógico que un oficial naval o de la Fuerza Aérea dirija un teatro en el que la fuerza principal sea terrestre, ni que un oficial del Ejército conduzca un teatro predominantemente naval. La conducción debe corresponder a la naturaleza de la operación y a la fuerza que tenga el esfuerzo principal, sin perjuicio de la necesaria coordinación conjunta entre las tres instituciones.
Pero hay una responsabilidad que no podemos soslayar. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, deben proponer la organización de los teatros de operaciones, las capacidades necesarias y los medios requeridos para cumplir las misiones que se les asignen. Sin embargo, corresponde al poder político, al Gobierno y, en definitiva, al Estado, adoptar las decisiones y proporcionar los recursos que hagan posible su cumplimiento.
Porque no basta con establecer teatros de operaciones, definir objetivos militares o asignar misiones. Es indispensable asegurar que las fuerzas destinadas a cumplirlas cuenten con el equipamiento, entrenamiento, sostenimiento y disponibilidad operacional necesarios.
Las instituciones militares tienen la responsabilidad de planificar, administrar adecuadamente los recursos y preparar sus fuerzas. Pero si el Estado conoce las capacidades que se requieren y no adopta oportunamente las decisiones políticas y presupuestarias para proporcionarlas, no sería justo que, llegado el momento de enfrentar un conflicto, se responsabilizara exclusivamente a las Fuerzas Armadas por las consecuencias de esas carencias.
La responsabilidad de defender la patria no puede recaer únicamente sobre quienes visten uniforme. También corresponde, y de manera fundamental, a quienes toman las decisiones políticas que hacen posible esa defensa.
Por eso, más que discutir qué institución recibe mayores recursos, debemos preguntarnos si Chile está desarrollando equilibradamente las capacidades de sus tres Fuerzas Armadas y si estamos evitando que las crecientes responsabilidades del Ejército en seguridad interior terminen afectando su preparación para la guerra.
En definitiva, Richard, creo que la discusión presupuestaria debe orientarse a asegurar que Chile mantenga una capacidad de disuasión creíble, sustentada en fuerzas equilibradas, preparadas y con libertad de acción ante cualquier escenario.
Una política exterior pacífica no puede confundirse con una estrategia militar pasiva.
Disculpa, Richard, si me he extendido, pero estos temas apasionan y los considero tremendamente importantes. En un mundo cada vez más incierto, donde los conflictos armados y las tensiones geopolíticas nos recuerdan que la paz no está garantizada, la defensa nacional debería ocupar un lugar prioritario entre las preocupaciones de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de nuestro país.
Un abrazo,
Christian Slater E.
Conductor del programa Voces de Mando.
El Periodista TV.
Muchas gracias coronel por tus comentarios. Muy buenos puntos.